Informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos revela irregularidades en su funcionamiento

Una reciente auditoría llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desvelado diversas irregularidades en su estructura y operaciones. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la ocupación de una de sus dependencias por parte de empleados que establecieron una oficina irregular para llevar a cabo actividades financieras con clientes privados.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha expresado su preocupación por la falta de control durante la gestión anterior y ha emprendido una serie de medidas para abordar las irregularidades detectadas. Se encontró una oficina que funcionaba como financiera, donde incluso se rompieron en dos ocasiones en un mes los dispositivos de control de asistencia de los empleados públicos.

La auditoría también reveló que el Ministerio cuenta con una plantilla de seis mil empleados, de los cuales mil no asisten a sus lugares de trabajo debido a licencias solicitadas. Cúneo Libarona plantea interrogantes sobre la idoneidad y la eficiencia de estos empleados, implementando medidas como el registro de asistencia mediante huella digital, aunque esta iniciativa enfrentó resistencia y vandalismo.

Otro aspecto destacado es el gasto millonario en alquileres de más de doscientas sedes en todo el país, conocidas como Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Se ha constatado que algunas de estas oficinas no cumplen con su propósito original y pagan sumas elevadas en alquiler, además de estar ocupadas por "punteros políticos" del peronismo.

La sobrecontratación de personal también es motivo de preocupación, especialmente en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), donde se detectó un exceso de empleados en comparación con el fuero ordinario de la Capital Federal. Ante esto, se está llevando a cabo una revisión detallada de las funciones y tareas de cada empleado, con la posibilidad de iniciar sumarios internos.

En cuanto a los viáticos, se suspendieron los pagos a empleados que presentaban gastos mensuales excesivos, llegando incluso a cifras de millones de pesos. Se cuestiona si estos pagos se utilizaban como "sobresueldos", lo cual será objeto de investigaciones posteriores.

El ministro Cúneo Libarona ha destacado la gravedad de estas irregularidades, calificándolas como un "robo" al dinero público. Se han realizado ajustes en el presupuesto, como la suspensión del pago de horas extras en la mayoría de las dependencias, y se espera que haya más recortes una vez se complete el informe final de la auditoría, conocido como "El libro Blanco".