Revelaciones sobre el manejo del Fondo Fiduciario por parte de Juan Grabois: Gastos millonarios en viáticos y comisiones durante el último año

Durante el cuarto gobierno kirchnerista, la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) experimentó un aumento significativo en su personal, pasando de 60 a más de 600 empleados, la mayoría vinculados al líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois. La SISU fue responsable de administrar el Fondo Fiduciario de la Secretaría, conocido como FISU, el cual se convirtió en un instrumento financiero de gran envergadura utilizado por Grabois y su organización piquetera.

Según fuentes internas consultadas por Clarín, el fondo fiduciario en cuestión habría gastado la asombrosa cifra de 130 millones de pesos argentinos en viáticos y pasajes durante el año pasado. Estos gastos incluirían supuestos "auditores" que, en realidad, eran militantes de las organizaciones afines a Grabois. La magnitud de este manejo de fondos ha sido calificado como "pornográfico" por un alto funcionario de la SISU, quien destaca la comparación con situaciones similares en la historia política argentina, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en Santa Cruz.

Durante el periodo de 2019 a 2023, la SISU operó bajo la influencia y autorización directa de Grabois, quien utilizó la secretaría para "urbanizar" los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y, al mismo tiempo, financiar sus agrupaciones piqueteras.

Se destaca que la Jefa nominal de la SISU era Fernanda Miño, una ultracristinista y ex concejal de San Isidro, pero se sugiere que el verdadero cerebro detrás del esquema era Fernanda Monticelli, contadora y abogada vinculada a las cooperativas de Grabois. Monticelli presuntamente se encargaba de maquillar facturas con sobrevaluaciones y asegurar la apariencia de legalidad en el uso de los fondos.

El FISU, creado por Mauricio Macri para llevar a cabo obras en los barrios carenciados, terminó siendo manejado por Grabois tras su traslado a Desarrollo Social. A pesar de cierta resistencia por parte de María Eugenia Bielsa, entonces ministra de Hábitat, Grabois logró mantener el control financiero y operativo total al obtener la gestión del fondo fiduciario.

En el periodo mencionado, la plantilla de la SISU creció exponencialmente, alcanzando los 613 empleados en 2023, mayormente vinculados a las organizaciones de Grabois y al Movimiento Evita. Se destaca que estos empleados, supuestamente técnicos encargados de auditar obras, eran en su mayoría militantes sin estudios, lo que generó críticas sobre la transparencia del proceso.

En el balance preliminar de 2023, se revela que se pagaron alrededor de 62 millones de pesos en viáticos a estos técnicos militantes, cifra que asciende a 130 millones al incluir los costos de los pasajes aéreos, con tarifas aparentemente más altas que las disponibles al público general en Aerolíneas Argentinas, según señalan las fuentes internas de la actual gestión de la Secretaría. Estos hallazgos ponen en entredicho la gestión de los recursos públicos y plantean interrogantes sobre la efectividad y transparencia en el uso de los fondos destinados a la integración socio urbana.