En un Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales para asegurar la legitimidad y la confianza en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, recientemente ha surgido un caso que arroja luz sobre la opacidad y la falta de accesibilidad en los actos administrativos, especialmente en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad. El Decreto 169/2024, emitido el 20 de febrero de 2024, desestima un recurso de apelación presentado por el ex Oficial Ayudante X (*) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este decreto, aparentemente rutinario, revela una serie de prácticas preocupantes que comprometen la integridad del proceso administrativo y la confianza en las instituciones.
Falta de Acceso Público
Uno de los aspectos más inquietantes del Decreto 169/2024 es la falta de accesibilidad a la información esencial para evaluar la validez de los considerandos de la resolución. El documento señala que el recurso de apelación "no logra conmover la decisión adoptada", pero lamentablemente, el ciudadano común no puede verificar esta afirmación. La resolución no está disponible de forma pública, y tampoco se permite el acceso al expediente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ). Este hermetismo genera dudas legítimas sobre la imparcialidad y la legalidad del proceso, ya que se impide a los ciudadanos evaluar la integridad de la información en la que se basa la decisión.
Argumentos Genéricos y Repetitivos
El Decreto 169/2024 utiliza una serie de argumentos genéricos y repetitivos para desestimar el recurso de apelación, lo que plantea serias preguntas sobre la calidad y la seriedad del análisis realizado. Frases como "no resulta obligatorio el análisis de la totalidad de los planteos esbozados" y "inexistencia de elementos con aptitud suficiente para enervar la decisión en crisis" parecen ser respuestas estándar, utilizadas sin un análisis detenido del caso en cuestión. Esta práctica no solo sugiere una falta de consideración seria de los argumentos presentados, sino que también erosiona la confianza en la imparcialidad y la justicia de los procesos administrativos.
Falta de Parcialidad en la Publicidad de los Actos de Gobierno
El objetivo de la publicación en el Boletín Oficial es garantizar la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno. Sin embargo, al no permitir el acceso público a la totalidad de la información relevante, el Decreto 169/2024 no cumple con este propósito. La falta de parcialidad en la divulgación de los actos administrativos socava la confianza pública en la legalidad y la legitimidad de las decisiones gubernamentales.
Posible Acto Intimidatorio
La contradicción entre la supuesta falta de accesibilidad para preservar el nombre y honor del individuo y la exposición pública de su exoneración en la resolución plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de estas decisiones. ¿Es acaso un acto intimidatorio para disuadir futuros reclamos o acciones legales? Esta ambigüedad refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos y la garantía de la integridad y la imparcialidad en cada caso.
Cabe destacar que recientemente Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con la firma de Ludovico Jarzynski y el aval indirecto de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich (al no emitir un dictamen contrario y la exposición varios días en el Boletín Oficial) publicaron datos sensibles del personal de dicha fuerza.
Falta de claridad sobre de autoridades
Si bien el decreto es firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich, no se encuentra en el documento información precisa -ni existe forma pública de acceder- de los funcionarios que han avalado en sus diversas instancias -o no- la presente resolución.
Se puede considerar que uno de los involucrados es Edmundo Alberto Durval SEGOVIA por haber sido recientemente designado cómo Director General de Asuntos Jurídicos por Resolución 131/2023, pero no existe mayor información al respecto, y el mapa del estado se encentra actualmente "en construcción".
Por esta razón no se puede determinar quién es la persona responsable de Asuntos Jurídicos de Presidencia de la Nación.
La opacidad de la toma de decisiones mediante la firmas de las máximas autoridades, no logra que los ciudadanos podamos evaluar el correcto o no accionar de los funcionarios públicos.
Conclusión
El Decreto 169/2024 destaca la importancia de abordar las deficiencias en los procedimientos administrativos, especialmente en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad y Servicios Públicos. La falta de acceso público a la información, la utilización de argumentos genéricos y la falta de parcialidad en la divulgación de los actos administrativos son cuestiones que deben abordarse para fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar un Estado de Derecho sólido y transparente. Este caso subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los procesos administrativos para asegurar que la justicia y la legalidad prevalezcan en todas las instancias.
(*) Se omiten datos de personal exonerado en acto administrativo, por no haber sentencia firma en vía judicial, y considerando que la exposición solo genera un perjuicio innecesario y abusivo.
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