Prisión Preventiva para Cinco Sindicalistas Portuarios por Extorsión y Pérdida Millonaria de Langostinos en Chubut

En medio de una creciente tensión con el gobierno de Chubut y los empresarios pesqueros, cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut enfrentan prisión preventiva por cargos de extorsión, delito que acarrea penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. La medida se toma en respuesta a la pérdida de 468.000 kilos de langostinos en la provincia, atribuida a un conflicto paritario que, según el gobierno provincial, encubre un entramado de corrupción y extorsión.

El gobierno de Ignacio Torres fue el encargado de denunciar al gremio por "ecocidio y extorsión" contra empresarios pesqueros. Las denuncias se centraron en Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano, acusados de extorsionar a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza.

Desde su domicilio, donde cumplen con la prisión preventiva, los sindicalistas amenazaron con "dar guerra" en un contexto de escalada de conflictos. Mientras tanto, los fiscales que intervienen en la investigación anticipan pedir penas de 5 a 10 años de cárcel contra los implicados.

La jueza Karina Breckle, a cargo del proceso, calificó el hecho como "grave", generando temor y pavor entre las presuntas víctimas y sus familiares, y afectando la paz social, las arcas del Estado y el medio ambiente de la provincia. En la audiencia de apertura de la investigación, la jueza presentó pruebas documentadas de la red de corrupción, que incluyen mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y transferencias bancarias.

Como respuesta a la situación, la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, logró un mes de prisión domiciliaria para los cinco sindicalistas. La jueza Breckle fundamentó la decisión al limitar los fueros gremiales de los dirigentes sindicales del SUPA, declarando la inconstitucionalidad del artículo 248 de la Constitución provincial, argumentando la falta de relación entre el delito investigado y la actividad gremial de los imputados.

Empresarios denunciantes, presentes en la audiencia, destacaron la necesidad de hacer frente a acciones que afectan gravemente la industria pesquera, evaluando incluso la posibilidad de agregar el cargo de asociación ilícita debido a la existencia de una presunta mafia sindical que utilizaba el gremio para enriquecerse personalmente.

El gobernador Torres, en un esfuerzo conjunto con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, busca impulsar medidas concretas, como la instalación de scanners para el control de narcotráfico en los puertos de Chubut, la creación de un comando conjunto en Trelew con fuerzas federales y abordar las tomas en el Parque Nacional "Los Alerces". Este paso contra la corrupción en la industria pesquera resalta el compromiso del gobierno provincial y las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad y el delito.