Ministerio de Justicia Inicia Auditoría Exhaustiva en Registros del Automotor por Irregularidades Administrativas

En un esfuerzo por abordar posibles irregularidades en la gestión de los Registros del Automotor a nivel nacional, el Ministerio de Justicia ha iniciado una auditoría minuciosa que se enfocará en gastos inflados, adjudicaciones sin concurso y una rendición de cuentas insuficiente. El Gobierno ha puesto bajo revisión inicial 141 registros ya intervenidos, con planes de ampliar la evaluación a más de 1500 registros en total.

La acción se lleva a cabo como parte de un proceso de revisión después de que el Gobierno de Javier Milei prometiera una mayor digitalización del sistema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En esta primera etapa, se están examinando las cuentas de los registros intervenidos, y se tomarán decisiones respecto a la continuidad de los interventores, enfatizando que aquellos que actúen de manera honesta no enfrentarán problemas.

Según información del subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, se utilizarán auditores externos para realizar las revisiones, asegurando la imparcialidad del proceso. Los auditores examinarán diversos aspectos, desde sueldos y alquileres hasta servicios básicos y gastos en artículos de librería. El objetivo es identificar cualquier irregularidad y no una caza de brujas, según declaraciones de un funcionario del Ministerio de Justicia.

La auditoría se extenderá a registros ubicados en distintas provincias, priorizando la revisión de 25 de ellos mediante fiscalizaciones digitales. Se analizarán variables como los plazos de trámites, posibles irregularidades y la calidad del servicio prestado. La observancia de stocks, es decir, la recaudación y distribución de fondos, será una variable clave en la fiscalización.

En el proceso de revisión, el Gobierno no descarta la posibilidad de presentar denuncias penales si se encuentran sobreprecios o irregularidades en los gastos declarados ante la AFIP. Además, se contempla la opción de cerrar registros que no tengan una justificación clara, fusionándolos con otros cercanos.

Una parte fundamental del proceso es la atención a designaciones por favores políticos, una práctica habitual en décadas anteriores. El Gobierno busca eliminar estas prácticas y garantizar la transparencia en los nombramientos de interventores.

El Ministerio de Justicia está consciente de la complejidad del proceso y no descarta que este pueda derivar en denuncias penales o cierres de registros que no justifiquen su existencia. La revisión también se extenderá a concursos y nombramientos recientes, con especial atención a posibles irregularidades en los exámenes y en la selección de jurados.

En paralelo, se trabaja en la digitalización del sistema, aunque se reconoce que este proceso llevará tiempo, ya que actualmente se requiere firma digital para acceder al sistema. El plan de "normalización" también incluye la revisión de la Dirección Nacional del Automotor, con un enfoque específico en los últimos 30 nombramientos.

Este esfuerzo del Ministerio de Justicia representa un paso significativo hacia la transparencia y eficiencia en la gestión de los Registros del Automotor, buscando garantizar la confiabilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en el proceso.