En el marco de una serie de hechos graves que afectan a integrantes de las fuerzas de seguridad bonaerenses y retirados, se registraron durante los primeros días de enero múltiples episodios de violencia que ponen de relieve tanto los peligros inherentes a las tareas de seguridad pública como una preocupante crisis de bienestar entre los propios efectivos.
Un operativo de allanamiento contra un búnker de venta de drogas en la Villa 18 de Billinghurst terminó el lunes 5 de enero con el asesinato del oficial Santiago Oleksiuk (27), de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quien murió tras resultar alcanzado por disparos en la cabeza y el cuerpo durante un feroz tiroteo con delincuentes armados.
En el mismo hecho, otro efectivo, Nicolás Muñoz, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital en estado delicado, luego reportándose su fallecimiento. En el enfrentamiento también fue abatido uno de los agresores y detuvieron a tres sospechosos vinculados con la resistencia al procedimiento.
En Burzaco, un intento de robo a plena luz del día a una pareja de policías bonaerenses que se dirigían a su domicilio junto a su hijo derivó en un violento intercambio armado con motochorros, que dejó a la oficial Agostina Medina (28) con heridas de bala múltiples y en riesgo de perder la movilidad en sus piernas, y al sargento Ezequiel Guillén Ledesma (27) con lesiones en ambas piernas.
En otra jurisdicción, en Caseros (Tres de Febrero), el excomisario Carlos Leiva, retirado de la Policía Bonaerense y actualmente custodiando un comercio, fue gravemente baleado tras resistirse a un intento de robo, recibiendo tres impactos de bala que lo mantienen internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Florencio Varela vivió una tragedia de otra índole: la oficial Micaela Belén Ramírez (25), recientemente egresada de la fuerza, falleció tras autoinfligirse un disparo con su arma reglamentaria dentro de la dependencia policial donde estaba de servicio. Las autoridades judiciales y peritos investigan las circunstancias de lo ocurrido. Este caso se suma a otros episodios de suicidio entre personal policial en lo que va del año, activando alertas sobre la salud mental de los efectivos.
Tensiones psicosociales en las fuerzas de seguridad: factores estructurales y desbordes individuales
Los hechos señalados no solo hablan de la violencia externa a la que se exponen los agentes en cumplimiento de sus funciones o incluso fuera de ellas, sino que también ponen de manifiesto múltiples tensiones internas que afectan al personal de las fuerzas de seguridad:
- Riesgo permanente y exposición a violencia extrema: Operativos en zonas con alta incidencia de narcotráfico o delitos violentos, como la Villa 18, exponen a los efectivos a enfrentamientos armados con delincuentes fuertemente armados, con consecuencias fatales o lesiones graves para los agentes.
- Carga de trabajo y estrés acumulado: La gestión de situaciones de inseguridad, turnos prolongados, repetidos enfrentamientos y la percepción de estar en un estado de alerta permanente contribuyen a un desgaste físico y emocional significativo.
- Crisis salarial y precariedad: Diversos informes y análisis sobre la situación de las fuerzas de seguridad en Argentina señalan que los salarios de gran parte del personal son bajos respecto al costo de vida y a las exigencias del servicio, lo que genera desmotivación y estrés financiero. La falta de una negociación salarial efectiva, dadas las prohibiciones legales que impiden la sindicalización de efectivos en la mayoría de las fuerzas federales y provinciales, limita la capacidad de los trabajadores de la seguridad para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales.
- Restricciones sindicales y canalización de reclamos: Las fuerzas de seguridad en Argentina, en su mayoría, no están habilitadas para sindicalizarse. Esta prohibición hace que los reclamos por mejores salarios, condiciones de trabajo o políticas de bienestar no cuenten con mecanismos institucionales de representación laboral comparables a los de otros sectores, generando frustración entre los efectivos.
- Insuficiencia de mecanismos de apoyo psicosocial: La falta de sistemas efectivos de atención a la salud mental dentro de las fuerzas —junto con estigmas institucionales que dificultan que los agentes busquen ayuda— puede agravar problemas psicológicos derivados del estrés crónico y de la exposición a situaciones traumáticas. Casos como el de la oficial Ramírez ilustran la necesidad de fortalecer redes de apoyo, programas de asistencia profesional y dispositivos que permitan la detección temprana de vulnerabilidades emocionales.
La secuencia de hechos violentos y la muerte por suicidio de una joven oficial ponen de manifiesto la compleja interacción entre violencia delictiva, condiciones laborales adversas y déficit en los sistemas de apoyo interno a las fuerzas de seguridad.
Más allá del dolor individual que generan cada uno de estos hechos, expertos y sectores del propio ámbito de la seguridad advierten que sin políticas integrales que aborden tanto la seguridad ciudadana como la salud mental, la negociación salarial y la representación laboral de los efectivos, estas tensiones seguirán manifestándose de forma aguda.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, son el ministro Javier Alonso (qué solo se dedica a postear publicaciones en tik tok), responsable de conducir las políticas de seguridad provincial. Lo acompañan diversas subsecretarías entre las que se destacan la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal a cargo de Sebastián Fernández Ciatti, la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional dirigida por Ignacio Hernán Pacho, y la Subsecretaría de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial bajo Agustina Baudino. Además, el organismo cuenta con áreas especializadas como la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad (Néstor Nazábal), la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa (Cristin Rodríguez) y la Subsecretaría de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad (Mauricio Idiart Facetta), entre otras dependencias técnicas, de análisis y de control interno.
La construcción de mecanismos efectivos de contención, diálogo institucional y mejora de condiciones de trabajo —incluida la posibilidad de organizar canales de reclamo y negociación— aparece, tanto para especialistas como para comunidades afectadas, como una agenda pendiente y urgente.
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