El desprendimiento de una torre de vigilancia en el Complejo Penitenciario Federal N° 2 evidencia el estado de precariedad edilicia y los riesgos de seguridad que enfrentan los agentes federales dependientes del Ministerio de Seguridad.
Una serie de imágenes registradas en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad Nro. 2 de Marcos Paz han generado alarma sobre el estado de las instalaciones penitenciarias en el país. Las fotografías confirman el derrumbe parcial de una de las torres de vigilancia elevadas, una estructura crítica para el control y la seguridad perimetral de la unidad.
Crónica de un colapso anunciado
La situación fue dada a conocer públicamente a través de la red social X por el abogado y periodista especializado en judiciales, Gabriel Iezzi, junto al usuario Pablo Sebastián Giles. Las imágenes expuestas muestran una de las garitas de vigilancia con su base estructural desfondada y paneles de revestimiento colgando, dejando el puesto de guardia totalmente inoperativo y en riesgo de derrumbe total.
En la base de la torre, los escombros acumulados —que incluyen restos de la plataforma, aislantes y hasta un equipo de refrigeración destrozado— confirman que el desprendimiento se produjo por falta de mantenimiento y fatiga de materiales.
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La presencia de un baño químico en el exterior refuerza la hipótesis de una degradación funcional prolongada, donde los agentes federales deben cumplir sus tareas en condiciones mínimas de salubridad y seguridad física.
El factor de la precariedad federal
Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de profunda precariedad que atraviesan las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La falta de inversión en infraestructura de máxima seguridad plantea dos frentes de crisis:
Vulnerabilidad Operativa: Una torre fuera de servicio debilita el anillo de seguridad de un complejo que alberga a delincuentes de alta peligrosidad, incluidos líderes del narcotráfico y el crimen organizado.
Riesgo Laboral: El personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ve obligado a desempeñar funciones en estructuras que no garantizan la integridad física básica, exponiéndose a accidentes por fallas edilicias que son, en última instancia, previsibles.
Falta de respuestas oficiales
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado oficial detallando el plan de contingencia o las razones por las cuales una estructura en un centro de "Máxima Seguridad" ha llegado a tal nivel de abandono.
La ministra de seguridad Alejandra Monteoliva no ha dado respuesta sobre esta grave denuncia, tampoco Julián Marcelo Curi que es el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, situación que pone en peligro directo al personal de las fuerzas federales. Tampoco ha emitido un comunicado oficial el Director del Servicio Penitenciario Federal Inspector General Lic. Fernando Martínez.
La denuncia pública de Iezzi y Giles pone de manifiesto la desconexión entre el discurso de rigor en la política criminal y la realidad material de las cárceles, donde la obsolescencia de los recursos tecnológicos y estructurales parece ser la norma y no la excepción.
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