Seguridad hídrica y portuaria en Argentina: Desafíos ante las nuevas concesiones a empresas globales.

 El manejo de los recursos naturales y la infraestructura estratégica en la Patagonia argentina ha generado una creciente atención pública debido a la participación de actores internacionales en sectores clave. Actualmente, la empresa estatal israelí Mekorot lidera una consultoría para el Plan Maestro del Agua en Río Negro, la cual se espera finalice en mayo de 2024. Este proyecto busca optimizar el uso del recurso hídrico en un contexto de escasez, aunque sectores sociales mantienen su atención sobre el impacto a largo plazo en el acceso al agua.

En paralelo, la presencia de capitales de Medio Oriente se ha consolidado con la adquisición de activos energéticos. El grupo Neqotium, liderado por el empresario qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri, tomó el control de tres centrales hidroeléctricas en la cordillera rionegrina (Cadei, Appyc y la central de Lago Escondido). Al-Hajri, con antecedentes en inversiones globales diversificadas, ahora opera infraestructura crítica que suministra energía a la región, lo que plantea interrogantes sobre la gobernanza de servicios básicos.

Por otro lado, la soberanía logística en el extremo sur ha experimentado cambios significativos. Tras la intervención oficial, el Gobierno Nacional ha delegado la operación del Puerto de Ushuaia a una estructura administrativa específica. Este nodo es vital para el comercio antártico y el turismo; la transparencia en su gestión y el cumplimiento de estándares internacionales de operación portuaria son requisitos fundamentales para evitar el deterioro de la infraestructura estatal.

La preocupación central de especialistas y comunidades radica en si la explotación de estos recursos será perjudicial o sostenible. El principal riesgo identificado es la posible priorización del uso industrial o privado por sobre el consumo humano y la preservación de los ecosistemas locales. No obstante, defensores de estos convenios argumentan que la tecnología extranjera y el capital son indispensables para modernizar una infraestructura que sufre décadas de desinversión.

Históricamente, el cumplimiento de los pliegos y requisitos ambientales en la Patagonia ha sido irregular. En casos de concesiones previas, se han reportado demoras en obras de mantenimiento y dificultades en la fiscalización estatal. Para que estos nuevos proyectos sean exitosos, los organismos de control deben exigir de manera estricta estudios de impacto ambiental actualizados y garantizar que la rentabilidad empresarial no comprometa el patrimonio natural.

En cuanto a los antecedentes, las empresas involucradas poseen perfiles técnicos robustos. Mekorot es reconocida mundialmente por su eficiencia hídrica en zonas áridas, mientras que el grupo qatarí posee una sólida base de capital. Sin embargo, su actuación en Argentina se da bajo un marco de desconfianza social alimentado por teorías que, aunque a veces carecen de sustento fáctico, reflejan una sensibilidad histórica respecto a la propiedad de la tierra y los recursos en el sur.

Es fundamental aclarar que circulan narrativas respecto a intereses extranjeros que a menudo carecen de evidencia verificada. Investigaciones de sitios como Chequeado han desmentido teorías que vinculan a empresas israelíes con incendios forestales intencionales en la Patagonia. Separar los hechos comprobables de las noticias falsas es crucial para un debate serio sobre la soberanía de los recursos naturales en la región.

El requisito indispensable para que estas intervenciones no resulten perjudiciales es la creación de marcos regulatorios modernos. Esto incluye la transparencia en la adjudicación de contratos, el monitoreo continuo de los caudales hídricos y la rendición de cuentas pública. Sin una presencia estatal fuerte que actúe como árbitro, la delegación de recursos estratégicos a privados, nacionales o extranjeros, conlleva un riesgo de subordinación de los intereses regionales.

En conclusión, la Patagonia se encuentra en una fase de transición donde la gestión técnica (Mekorot), la inversión energética (Qatar) y el control logístico (Puerto de Ushuaia) están bajo una lupa constante. El éxito de este modelo dependerá exclusivamente de si se cumplen las promesas de eficiencia sin vulnerar el derecho de las poblaciones locales al acceso equitativo de sus propios recursos naturales.