La brecha se profundiza: La crisis salarial en las Fuerzas Armadas y el desfasaje con la realidad económica

La reciente publicación de la Resolución Conjunta 1/2026, refrendada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, ha oficializado la nueva escala de haberes para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. Si bien la medida administrativa, con fecha del 23 de enero, busca actualizar los ingresos tras una evaluación escalafonaria, los montos fijados con vigencia retroactiva a diciembre de 2025 exponen una severa degradación del poder adquisitivo del sector, consolidando una crisis salarial que ubica a la inmensa mayoría de los efectivos drásticamente por debajo de los indicadores económicos de referencia en la Argentina.

El dato más contundente surge al contrastar las nuevas grillas con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que a noviembre de 2025 se situó en $ 1.611.851,61. La distancia entre este indicador y los haberes militares es alarmante. Un Voluntario de 2da. o Marinero de 2da., que constituye la base de la pirámide de la tropa, percibirá un haber mensual de apenas $ 622.720. Esto representa aproximadamente el 38% del salario promedio de la economía formal, una brecha que empuja a gran parte del personal subalterno a situaciones de extrema vulnerabilidad económica.

La situación se torna aún más crítica al analizar los haberes de la Policía de Establecimientos Navales. La nueva escala determina que un Agente de Segunda percibirá un total de $ 343.686 a partir de diciembre. Este monto equivale a tan solo el 21% del RIPTE, una cifra que difícilmente cubre la canasta básica familiar y que coloca a los agentes de seguridad muy cerca de la línea de indigencia. Incluso en los mandos medios de este escalafón, como un Oficial Ayudante, el salario apenas alcanza los $ 433.557, evidenciando un deterioro profundo en la retribución de quienes custodian objetivos estratégicos.

El análisis de la estructura jerárquica revela que el colapso de los ingresos no es exclusivo de los grados inferiores, sino que afecta la carrera en su totalidad. Un Suboficial Mayor, el grado máximo al que puede aspirar un suboficial tras décadas de servicio y especialización, alcanzará un haber de $ 1.433.055. Es decir, ni siquiera la máxima jerarquía de los suboficiales logra empatar el promedio de ingresos de los trabajadores estables del país. Esta realidad genera una distorsión que desincentiva la permanencia en la fuerza y provoca la fuga de personal calificado hacia el sector privado.

En este proceso de licuación salarial, la responsabilidad institucional recae de manera directa sobre la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, siendo Enrique Pinedo el responsable del área que coordina esta comisión. Este organismo, encargado de validar técnicamente las recomposiciones, ha dado su aval a una estructura de ingresos que ignora la especificidad, la dedicación exclusiva y el riesgo inherente a la profesión militar. Su intervención en el expediente confirma una decisión estatal de mantener los haberes de la Defensa y la Seguridad como variable de ajuste fiscal, desoyendo las necesidades básicas de los uniformados.

Las autoridades políticas que suscriben el documento y asumen la responsabilidad de esta política son el Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y el Teniente General Carlos Alberto Presti, quien firma por la cartera de Defensa. Asimismo, la elaboración técnica de los anexos cuenta con la intervención de Néstor Luque, Director General de Presupuesto del Ministerio de Defensa. La participación conjunta de estas autoridades evidencia que la política salarial implementada responde a una coordinación entre las áreas fiscales y de defensa, donde la prioridad del equilibrio presupuestario se ha impuesto sobre el bienestar del recurso humano.

Los riesgos de que el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad perciba ingresos de subsistencia son múltiples y de gravedad estratégica. En primer lugar, se fomenta el pluriempleo de manera descontrolada, obligando al personal a buscar trabajos secundarios para poder subsistir. Esto reduce drásticamente su capacidad de adiestramiento, su descanso y su disponibilidad operativa. Un militar exhausto por cumplir jornadas laborales externas no puede responder con la eficiencia requerida ante una emergencia nacional o un conflicto armado.

En segundo lugar, la precariedad salarial en funciones de seguridad y defensa abre la puerta a vulnerabilidades institucionales severas. Cuando los encargados de custodiar el patrimonio nacional, las fronteras o los arsenales cobran sueldos que rozan la indigencia —como es el caso de los agentes que perciben poco más de $ 340.000—, aumenta exponencialmente el riesgo de que organizaciones criminales intenten cooptar a los eslabones más débiles de la cadena de mando, poniendo en jaque la seguridad interior y la defensa nacional.

Otro impacto directo y devastador de esta política es la desfinanciación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Dado que los aportes a la obra social son un porcentaje directo del haber mensual, sueldos deprimidos significan una recaudación insuficiente para sostener las prestaciones médicas de alta complejidad. Esto se traduce en una caída en la calidad de la atención sanitaria para el personal y sus familias, quienes ven restringido su acceso a la salud en un contexto de alta inflación en medicamentos y servicios médicos.

De igual manera, el sistema de retiros y pensiones sufre un golpe directo. Los haberes de retiro están atados a la movilidad de los sueldos del personal en actividad; por lo tanto, esta escala salarial condena a los retirados y pensionados a percibir ingresos insuficientes tras toda una vida de servicio a la Nación. La actualización decretada, lejos de ser una mejora, confirma que los pasivos continuarán perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación real, afectando su calidad de vida en la tercera edad.

Finalmente, esta Resolución Conjunta expone la tensión política no resuelta entre las carteras de Economía y Defensa. Mientras Economía busca consolidar el superávit fiscal mediante la contención del gasto público, el Ministerio de Defensa, al aceptar estas tablas salariales, cede en su responsabilidad indelegable de velar por la moral y el sostenimiento de las tropas. La decisión de fijar estos montos a partir de diciembre de 2025, sin un plan de recomposición que acerque los salarios al RIPTE, augura un año 2026 de alta conflictividad latente y baja operatividad para el instrumento militar argentino.