El Ejecutivo homologa subas por debajo de la inflación y agrava la crisis del empleo público

En una nueva muestra de la rigidez de su esquema económico, el Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes, mediante el Boletín Oficial, la homologación del acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida establece un incremento salarial del 2% y un bono de suma fija de $50.000 correspondientes al mes de diciembre.

La decisión administrativa, refrendada por las carteras de Economía y Desregulación, expone una contradicción fundamental entre los discursos de eficiencia y la realidad del bolsillo del trabajador. Mientras el INDEC reportó una inflación del 2,8% para el mes de diciembre, el aumento otorgado queda casi un punto porcentual por debajo de la suba de precios generalizada.

Este desfasaje técnico no es un error de cálculo, sino el núcleo de la política que defienden figuras como el vocero Manuel Adorni. Bajo la narrativa de la "estabilización", la gestión actual parece haber convertido la licuación de los salarios públicos en una herramienta sistemática para alcanzar el superávit fiscal, ignorando el deterioro humano detrás de las cifras.

En la mesa de negociación participaron representantes clave del esquema de ajuste: el Contador Fernando Benito Stabile (Jefatura de Gabinete), la Licenciada Rosana Reggi (Modernización) y el Ingeniero Rodrigo Cabado (Economía). Por el lado sindical, la medida contó con el aval de UPCN, mientras que el sector representado por ATE mantuvo su histórica postura de rechazo ante la falta de compensación real.

La gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano queda nuevamente bajo la lupa. La falta de sensibilidad social para equiparar los haberes con el costo de vida mínimo sugiere que la "transformación del Estado" se está ejecutando sobre el sacrificio exclusivo de los niveles operativos y técnicos de la administración.

Un bono de $50.000, entregado por única vez, actúa más como un paliativo cosmético que como una solución estructural. En un contexto de aumentos constantes en tarifas de servicios y transporte, este monto fijo se diluye antes de impactar en el consumo básico de las familias estatales.

El contraste es evidente: mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como un éxito propio, el índice del 2,8% frente al 2% de aumento revela que el trabajador estatal es, en los hechos, más pobre que el mes anterior. La brecha entre el costo de vida y los ingresos se consolida como una marca registrada de la era Milei.

La estrategia comunicacional liderada por Adorni insiste en que no hay alternativa al ajuste. Sin embargo, la persistencia en paritarias que no cubren siquiera la inflación mensual plantea un interrogante sobre la sostenibilidad social de un modelo que exige sacrificios que los altos funcionarios no parecen compartir.

La homologación publicada hoy en el Boletín Oficial (Decreto 37/2026) es el documento legal de una erosión planificada. La política de "motosierra" ha dejado de podar estructuras burocráticas para comenzar a cercenar la capacidad de subsistencia de quienes garantizan el funcionamiento del aparato estatal.

Finalmente, el panorama para el primer trimestre de 2026 se presenta sombrío. Sin una corrección de rumbo que priorice la recuperación del salario real, el Gobierno de Javier Milei corre el riesgo de vaciar de profesionalismo las áreas del Estado, empujando a sus cuadros técnicos hacia la informalidad o el sector privado.