Gendarmería Nacional Argentina: Denuncian Abuso en las Notificaciones al Personal Retirado

En un contexto de creciente preocupación por el trato al personal retirado de Gendarmería Nacional Argentina, se han señalado prácticas abusivas en la notificación de exintegrantes de la fuerza. Según denuncias recientes, el Comandante Mayor Director Luis María Ríos, a cargo de la Dirección de Recursos Humanos de Gendarmería Nacional, ha reiterado un uso excesivo y perjudicial de las notificaciones administrativas hacia el personal que ha prestado servicios en la institución, utilizando métodos que, según críticos, podrían considerarse innecesariamente lesivos.

Entre los casos reportados, se encuentran notificaciones dirigidas a exmiembros de la Gendarmería, donde se les exige cumplir con obligaciones administrativas bajo amenazas de sanciones penales o disciplinarias, sin considerar la posibilidad de utilizar mecanismos alternativos menos dañinos. Estos procedimientos incluyen la notificación a exoficiales sobre la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales, o la imposición de sanciones disciplinarias graves como la destitución, por faltas como la desobediencia o la deserción.

Estos procedimientos no solo afectan al personal involucrado, menoscabando su dignidad y limitando sus posibilidades de desarrollo, sino que también generan un impacto negativo en la sociedad, al perpetuar un ambiente de tensión y desprecio hacia aquellos que han dedicado años de servicio a la nación. Las críticas también se extienden a las autoridades superiores de la Gendarmería Nacional, incluyendo al Comandante General Antonio José del Pilar Bogado, al Subdirector Nacional, Comandante General D. Javier Francisco Reniero, al Director de Asuntos Jurídicos, Comandante Mayor D. Guillermo Víctor Vaccaro, al Director de Asuntos Internos, Comandante General D. Ludovico Jarzynski, y al Director de Bienestar y Sanidad, Comandante Mayor D. Aníbal Roberto Tejerina. Estas autoridades, por acción u omisión, han permitido que este tipo de prácticas continúen, lo que agrava aún más la situación.

Uno de los casos más recientes es el de un ex Primer Alférez, a quien se le notificó que no había cumplido con la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al acto administrativo "BAJA 2022". La notificación, enviada desde la sede de Gendarmería en Av. Antártida Argentina 1480, C.A.B.A., incluía amenazas de inhabilitación para ejercer nuevamente la función pública y la remisión del caso a la Oficina Anticorrupción. Otro caso similar involucra a un ex Cabo Primero, a quien se le exigió la presentación de declaraciones correspondientes a los actos administrativos “ANUAL 2012” y “BAJA 2023”, bajo condiciones similares de apercibimiento.

Frente a este escenario, surge la necesidad de replantear los métodos utilizados por la Gendarmería Nacional para tratar con su personal retirado, priorizando la búsqueda de alternativas menos lesivas que no solo protejan los derechos de los involucrados, sino que también promuevan un trato más justo y respetuoso hacia quienes han servido a la institución. La implementación de tales mecanismos alternativos no solo contribuiría a reparar el daño infligido, sino que también fortalecería la relación entre la institución y su personal, beneficiando a la sociedad en su conjunto.