Inseguridad jurídica, desconfianza en el Poder Judicial: La Inacción del Consejo de la Magistratura y sus Consecuencias

La desconfianza hacia los jueces sospechados se fundamenta en una serie de estadísticas reveladoras. Desde 1999, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha recibido un total de 3.584 denuncias, sin embargo, únicamente 36 jueces fueron sometidos a investigación. De estos, cinco resultaron absueltos y once renunciaron antes de enfrentar un proceso de destitución.

El problema de fondo radica en la reticencia de los jueces, especialmente los federales penales encargados de investigar casos de corrupción, a acumular denuncias en el Consejo de la Magistratura. Cada proceso abierto que se prolonga en el tiempo deja a los magistrados bajo sospecha, lo que subraya la urgencia de agilizar las investigaciones para aclarar su situación.

Bajo la premisa de celeridad, el gobierno de Javier Milei ha instado a imprimir ritmo tanto en la designación de jueces como en las investigaciones que involucran a magistrados de diversos fueros. Los expedientes derivados de denuncias pueden pasar a la Comisión de Disciplina o a la Acusación, según la gravedad del delito imputado.

Sin embargo, existe una preocupante tendencia hacia la inacción. Según el reglamento interno del Consejo de la Magistratura, si una investigación no registra actividad durante tres años, la causa se archiva. Este fenómeno se ha visto reflejado en el hecho de que más de 40 causas caducaron por falta de tratamiento el año pasado.

La falta de acción en casos de denuncias injustificadas o la prolongación indefinida de expedientes disciplinarios pueden generar un doble problema. Por un lado, casos graves pueden quedar sin investigar, permitiendo a los jueces "salvarse" simplemente debido al paso del tiempo. Por otro lado, los magistrados pueden ser objeto de denuncias infundadas que, al no recibir tratamiento, los mantienen en una situación de incertidumbre durante un largo período.

Este escenario de inacción no es nuevo. Antecedentes de hace tres años ya revelaban una tendencia similar. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), solo el 22% de los casos analizados a fines de 2020 habían recibido alguna medida probatoria por parte del Consejo de la Magistratura.

En conclusión, la falta de acción y la prolongación indefinida de los procesos en el Consejo de la Magistratura han contribuido a erosionar la confianza de la ciudadanía en el poder judicial. Es necesario revisar y modificar el reglamento interno para garantizar una mayor agilidad en las investigaciones y evitar que los jueces queden bajo sospecha indefinidamente.