Creciente inseguridad jurídica: Falta de investigación de denuncias contra Jueces en el Consejo de la Magistratura

El sistema de justicia enfrenta un desafío crucial: la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y eficacia del poder judicial se ve erosionada por la falta de transparencia y la inseguridad jurídica. En el centro de esta preocupación se encuentra el Consejo de la Magistratura, entidad encargada de evaluar, sancionar y remover a los magistrados nacionales y federales por mal desempeño.

Una de las funciones fundamentales del Consejo es la investigación de jueces y juezas cuando son denunciados, lo que plantea una pregunta esencial: ¿quién supervisa a aquellos encargados de impartir justicia? Actualmente, cerca de 270 denuncias están pendientes de resolución en este organismo, con una duración promedio de más de tres años desde su presentación, lo que refleja una preocupante falta de avance.

El Consejo de la Magistratura cuenta con dos comisiones encargadas de abordar estas denuncias según su gravedad: la Comisión de Disciplina, para casos que ameritan sanciones, y la Comisión de Acusación, para expedientes más complejos. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias han experimentado un movimiento limitado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del proceso de supervisión.

Los datos oficiales revelan que en la Comisión de Disciplina se encuentran radicadas 252 denuncias, con 40 de ellas dirigidas a funcionarios judiciales de Comodoro Py, epicentro de investigaciones sobre corrupción a nivel nacional. Entre los denunciados se encuentran figuras destacadas, como el candidato propuesto por Javier Milei para la Corte Suprema, así como jueces vinculados a casos de alto perfil como el de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Es importante destacar que la inacción ante estas denuncias puede socavar la confianza en el sistema judicial, ya que se desconoce si los jueces denunciados merecen algún tipo de sanción. Además, el plazo de tres años establecido por la ley del Consejo de la Magistratura para resolver estas denuncias ha llevado al vencimiento de más de 40 expedientes durante el año 2023, lo que subraya la necesidad de agilizar los procesos de investigación.

La Comisión de Acusación, por su parte, cuenta con 18 casos en trámite, con un grado de avance relativamente mayor. Sin embargo, aún persisten desafíos en términos de eficiencia y transparencia en el manejo de estas denuncias.

Para mejorar la celeridad y eficacia de estos procesos, se han propuesto diversas medidas, como la modificación del Reglamento de Acusación y Disciplina, así como la digitalización de todo el proceso desde el momento de la denuncia. Asimismo, se sugiere establecer plazos para diferentes etapas del proceso y realizar un seguimiento periódico de los casos próximos a vencer, con el fin de evitar el archivo de denuncias sin tratamiento adecuado.

Desde el Ministerio de Justicia se ha enfatizado la importancia de garantizar que las denuncias contra los jueces reciban el tratamiento que corresponde, evitando que se archiven por plazos cumplidos sin una evaluación adecuada. En este sentido, el Consejo de la Magistratura asegura que todas las denuncias reciben algún tipo de atención y que se adoptan medidas según corresponda, aunque reconocen la necesidad de mejorar la eficiencia del proceso. En total, 289 casos han sido desestimados y resueltos hasta la fecha, según información oficial.