Una funcionaria judicial denunció por acoso sexual al presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, doctor Ernesto García Maañon. La presentación fue realizada ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La denunciante relató una serie de episodios que, de confirmarse en sede penal, podrían configurar conductas como abuso sexual, acoso laboral y amenazas con arma de fuego.
La funcionaria, que ocupa el cargo de secretaria letrada desde 2016, relató hechos que se habrían extendido durante meses. Su declaración incluye mensajes con contenido sexual, acercamientos físicos no consentidos, presiones emocionales y una situación particularmente alarmante en la que el juez, según su testimonio, blandió un arma de fuego a escasa distancia de su rostro.
En su denuncia, que incluye la transcripción de mensajes de voz y capturas de conversaciones por WhatsApp, G. B. S. detalló cómo el vínculo laboral derivó en una sucesión de situaciones abusivas, que afectaron profundamente su salud mental. Actualmente, se encuentra con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad.
El juez García Maañon, de 76 años, no ha hecho declaraciones públicas sobre el hecho. La situación agrega un nuevo episodio crítico a la imagen institucional del Departamento Judicial de San Isidro, ya golpeado tras el reciente escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona.
Un síntoma de una enfermedad estructural: la gestión de personal en la Justicia
Este caso no solo expone una situación individual de presunto abuso de poder, sino que pone de relieve una problemática estructural recurrente en los organismos del Estado: la deficiente gestión de los recursos humanos, la falta de controles efectivos y la persistencia de prácticas como el nepotismo y los nombramientos discrecionales.
En gran parte del aparato público, el ingreso y promoción de personal continúa realizándose sin concursos transparentes ni procedimientos basados en el mérito. Las designaciones suelen estar marcadas por vínculos personales, favores políticos o acuerdos internos, lo que favorece relaciones de dependencia, silencio forzado y falta de protección real ante abusos jerárquicos.
Los concursos muchas veces son meras formalidades: simulaciones diseñadas para legitimar decisiones ya tomadas, sin evaluar objetivamente las capacidades de los postulantes ni garantizar igualdad de oportunidades. Esta lógica institucional de sumisión al poder del cargo antes que al deber del servicio público, habilita entornos donde el temor reverencial, como menciona la denunciante, no es una figura retórica sino una realidad cotidiana.
La denuncia de G. B. S. –con detalles que apuntan a una relación de poder desequilibrada, carente de mecanismos de contención, prevención y respuesta– revela cómo la estructura judicial, lejos de proteger a quienes trabajan en ella, puede convertirse en un espacio hostil e impune cuando no existen mecanismos eficaces de fiscalización interna.
La solicitud de la funcionaria de ser reubicada, el pedido de garantías de imparcialidad en la investigación, y el requerimiento de ser informada sobre cualquier trámite penal asociado, reflejan no solo una búsqueda de justicia, sino también el miedo fundado a represalias institucionales.
Impunidad y cultura organizacional: cuando el poder judicial se vuelve parte del problema
Este tipo de episodios no pueden seguir siendo analizados como casos aislados. Responden a patrones estructurales en los que el abuso de poder se combina con un diseño institucional que no prioriza la protección de las personas frente a las jerarquías. La ausencia de órganos internos con verdadera autonomía, la opacidad en los procesos de nombramiento y el blindaje cultural que suele proteger a quienes ostentan altos cargos generan entornos donde las denuncias, cuando finalmente se hacen públicas, llegan tarde y con grandes costos personales para quienes se atreven a hablar.
La reacción institucional ante esta denuncia será, en ese sentido, un test clave. No solo se trata de investigar los hechos imputados al magistrado García Maañon, sino de revisar a fondo las prácticas de gestión de personal, el funcionamiento de los mecanismos de control disciplinario y el modelo de justicia que se desea construir. Uno que garantice no solo la imparcialidad ante los imputados, sino también la seguridad y dignidad de quienes trabajan al servicio de ella.
Si no se abordan estas fallas estructurales con decisión y voluntad política, la impunidad no será una excepción, sino una norma.
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