Grave atentado contra el derecho al voto: el Tribunal Electoral de Misiones excluyó a 16.000 uniformados para favorecer al oficialismo

En una controvertida y alarmante decisión, el Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, presidido por Cristian Benítez e integrado por los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse, ha perpetrado un acto de profunda ilegalidad institucional al excluir del padrón electoral a más de 16.000 ciudadanos uniformados, negándoles de manera arbitraria y discriminatoria su derecho constitucional a votar en los comicios provinciales del próximo 8 de junio.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo, representa una grave regresión en materia de derechos civiles y garantías democráticas. A través de un suplemento de 285 páginas, se detallaron los nombres de los agentes de la Policía provincial, el Servicio Penitenciario, las fuerzas de seguridad federales y las Fuerzas Armadas que han sido privados del derecho al sufragio, amparándose en una norma provincial cuya validez constitucional ya había sido desestimada en fallos anteriores.

Una exclusión masiva y selectiva

La medida afecta al 1,6% del padrón electoral misionero, compuesto por 1.002.188 votantes. Sin embargo, el impacto real se magnifica si se considera que la participación promedio en la provincia ronda el 70%, lo que convierte a los uniformados en un grupo electoral significativo, capaz de incidir en el resultado.

La decisión contradice la jurisprudencia provincial. En 2006, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones había declarado la nulidad absoluta del artículo 48 inciso 10 de la Constitución provincial —utilizado ahora como fundamento legal— en una acción presentada por la Fiscalía de Estado. Esa doctrina, que reconocía el carácter inconstitucional de la exclusión por condición laboral o militar, fue ignorada sin justificación por el actual Tribunal Electoral.

Violación de la Constitución Nacional y los pactos internacionales

Los fundamentos esgrimidos por Benítez, Poujade y Busse violan de manera flagrante la Constitución Nacional, que en su artículo 37 consagra el sufragio universal, libre y obligatorio, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ambos con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.

Tales tratados establecen que toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a votar en elecciones periódicas, auténticas, libres y con sufragio universal. La exclusión por pertenencia a una fuerza de seguridad constituye una discriminación inaceptable y atenta contra los principios democráticos más básicos.

Favorecimiento político y manipulación institucional

Los antecedentes inmediatos —que muestran que en elecciones anteriores los uniformados sí habían sido habilitados a votar— revelan la arbitrariedad y oportunismo político detrás de esta medida. Diversos sectores denuncian que el objetivo es claro: favorecer electoralmente al oficialismo provincial y al gobernador Gustavo Valdés, limitando la participación de un segmento del electorado que podría inclinarse mayoritariamente por la oposición.

Frente a esta situación, fuerzas políticas como La Libertad Avanza, el Frente Unidos por el Futuro y el Partido Libertario han interpuesto recursos de apelación ante la Justicia Electoral. La abogada Valeria Soczyuk, representante de LLA, ha llevado el reclamo hasta el plano federal, solicitando que se restituya el derecho al voto a los uniformados y anticipando que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una advertencia para la democracia

La decisión del Tribunal Electoral de Misiones no solo constituye un caso paradigmático de abuso de poder, sino que representa un precedente sumamente peligroso para la vigencia del Estado de derecho en Argentina. La exclusión deliberada de miles de ciudadanos del proceso electoral, por razones funcionales y sin sustento constitucional válido, configura una forma de fraude institucional y de intervención ilegítima en la voluntad popular.

En tiempos donde la legitimidad democrática exige transparencia, participación e igualdad ante la ley, acciones como esta erosionan los pilares fundamentales del sistema republicano. Es deber de la sociedad, de los partidos políticos y del Poder Judicial en su conjunto revertir esta grave afrenta y restaurar el pleno ejercicio de los derechos políticos para todos los ciudadanos sin excepción.

Tedeum del 25 de Mayo: el desplante del presidente Javier Milei a Victoria Villarruel y Jorge Macri evidencia tensiones internas en la coalición oficialista

En el marco de los actos oficiales por la conmemoración del 215° aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente de la Nación, Javier Milei, protagonizó un hecho que generó un fuerte impacto político: al ingresar esta mañana a la Catedral Metropolitana para asistir al tradicional Tedeum, evitó deliberadamente saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejando a ambos visiblemente incómodos ante la mirada de funcionarios y cámaras.

El episodio se produjo frente a los presentes y quedó registrado por la prensa. Milei, al llegar al templo, se fundió en un abrazo con el diputado José Luis Espert, pero pasó de largo frente a Villarruel, con quien mantiene una relación distante desde hace más de un año. A su vez, Jorge Macri extendió la mano para saludar al mandatario, quien lo ignoró por completo, generando un momento de visible tensión. Ambos dirigentes, desconcertados, debieron continuar la marcha hacia sus ubicaciones protocolares.

El gesto del presidente no fue interpretado como un simple olvido. Por el contrario, analistas y dirigentes del propio oficialismo lo vinculan con una seguidilla de señales políticas que confirman la voluntad de Milei de marcar distancia con figuras clave de su espacio, incluso aquellas que fueron determinantes para su llegada al poder.

En el caso de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cabe recordar que fue ella quien facilitó, mediante la cesión de los sellos del Partido Demócrata, la constitución legal de La Libertad Avanza como fuerza electoral en 2023. Sin embargo, con el paso del tiempo, su peso dentro del Gobierno fue diluyéndose a raíz de desacuerdos con el núcleo más cercano al presidente. Villarruel quedó relegada de las decisiones de gestión y no ha mantenido diálogo fluido con Milei desde hace meses.

Jorge Macri, en tanto, atraviesa un momento clave como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde los resultados de las elecciones legislativas del pasado 18 de mayo encendieron las alarmas en el oficialismo. Con una participación que apenas alcanzó el 53,35 % del padrón —uno de los niveles más bajos en la historia reciente de la Ciudad—, el candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, obtuvo el 30,13 % de los votos, seguido de cerca por el postulante kirchnerista Leandro Santoro, que alcanzó el 27,35 %.

Este resultado plantea un escenario incierto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se baraja una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Sin embargo, el destrato de Milei hacia Jorge Macri siembra dudas sobre la viabilidad de esa convergencia política. Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño consideran que este tipo de gestos no solo dificultan los acuerdos estratégicos, sino que también debilitan el frente común frente al avance del peronismo en distritos clave.

A esta serie de tensiones se suma el distanciamiento del presidente con Ramiro Marra, uno de los fundadores de La Libertad Avanza y figura clave durante la campaña. Su desplazamiento progresivo de los espacios de decisión alimenta las versiones sobre una creciente concentración de poder en el entorno más íntimo del mandatario, así como un estilo de conducción que varios califican como “personalista” y “altanero”.

Diversos sectores del oficialismo temen que esta forma de ejercer el poder, marcada por gestos de desprecio hacia aliados fundamentales, termine por socavar las posibilidades de consolidación política del gobierno. “La soberbia no construye, destruye”, deslizó esta mañana un dirigente libertario que prefirió no ser citado.

En un contexto de creciente incertidumbre social y económica, la necesidad de mostrar cohesión política y capacidad de diálogo se vuelve cada vez más imperiosa. El gesto de Milei, lejos de aportar en esa dirección, reavivó viejas tensiones y encendió nuevas alertas sobre el rumbo del oficialismo.

Uso arbitrario de vehículos decomisados por jueces genera gastos millonarios y socava la confianza en la Justicia

Una política sin criterios objetivos y con escasa transparencia destina automóviles de lujo secuestrados al narcotráfico al uso personal de magistrados federales, generando costos elevados para el Estado y cuestionamientos éticos sobre el uso de recursos públicos.

En un contexto de severo ajuste económico, recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud, educación y asistencia social, el uso de vehículos de alta gama decomisados en causas penales por parte de jueces federales reabre el debate sobre los privilegios en el Poder Judicial y su impacto en la credibilidad de las instituciones. La asignación de estos automóviles —entre ellos camionetas Chevrolet Trailblazer, Ford Territory, Toyota Hilux o Jeep Compass— se realiza bajo el amparo de una acordada de la Corte Suprema que justifica su uso “por razones de mejor servicio de justicia”. Sin embargo, no existen mecanismos claros de control, criterios objetivos ni rendición pública que respalden estas decisiones.

Informes recientes de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura revelaron que al menos 400 vehículos incautados han sido repartidos entre distintos tribunales, con una especial concentración en Comodoro Py. La mayoría de estos automóviles fueron decomisados a bandas de crimen organizado, pero en lugar de ser asignados a fuerzas de seguridad, organismos públicos de asistencia social o vendidos para financiar políticas públicas, terminaron en manos de magistrados. En varios casos, los vehículos acumulan deudas por infracciones millonarias, utilizadas incluso en feriados, madrugadas y fines de semana, en horarios alejados de la jornada judicial.

Uno de los casos más notables es el del camarista Diego Barroetaveña, quien recibió en mayo de 2024 una camioneta Jeep Compass decomisada al narcotraficante Esteban Tulli. En apenas ocho meses, el vehículo acumuló 111 multas por un total de casi 11 millones de pesos, algunas de ellas registradas durante la Navidad y otros días no laborables. Estos montos, lejos de ser solventados por los magistrados, son absorbidos por el presupuesto del Consejo de la Magistratura, es decir, por los contribuyentes.

A esto se suman gastos por combustible, mantenimiento y seguros contra todo riesgo sin franquicia, que implican una erogación anual de más de 600 millones de pesos, según datos oficiales. Pese a los cuestionamientos por la falta de transparencia en la contratación —al tratarse de una licitación con un único oferente— el proceso fue aprobado por la mayoría del Consejo.

El diputado nacional y consejero Rodolfo Tailhade cuestionó duramente la discrecionalidad en la asignación de estos recursos. “La Corte asigna autos a su arbitrio. No hay criterios, no hay explicaciones. ¿Para qué necesita un tribunal una camioneta de lujo valuada en más de 70 millones de pesos? Ya no se trasladan expedientes en papel”, ironizó. Su planteo también incluyó el pedido de un relevamiento integral sobre el uso real de estos vehículos y quiénes son sus destinatarios.

La situación adquiere mayor gravedad al observar que este uso arbitrario ocurre en un escenario donde otras agencias del Estado —incluidas fiscalías, defensorías públicas y fuerzas de seguridad— enfrentan limitaciones materiales para el cumplimiento de sus funciones básicas. La inequidad en la distribución de estos bienes plantea dudas sobre la equidad y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos públicos.

Más allá del perjuicio económico, la falta de criterios objetivos y mecanismos de control refuerza la percepción de impunidad y privilegios dentro del Poder Judicial. En tiempos donde el conjunto de la ciudadanía enfrenta un ajuste severo, el mantenimiento de beneficios corporativos sin justificación funcional concreta atenta contra la legitimidad del sistema judicial, debilitando la confianza pública en su imparcialidad y compromiso con el bien común.

La necesidad de revisar integralmente este sistema se vuelve imperiosa. La recuperación de bienes provenientes del delito debe tener una finalidad pública clara, transparente y eficiente, priorizando el fortalecimiento de los organismos más expuestos y vulnerables frente al crimen organizado. Lo contrario representa no solo un derroche de recursos, sino un golpe al principio de justicia que el propio sistema debe defender.

Una mujer policía, en Constitución, expuso el miserable sueldo que paga Patricia Bullrich a los policías federeales

En un fuerte intercambio ante el aumento del pasaje de colectivo en AMBA, un movilero de TN le dio el micrófono a una mujer que estaba en la parada del colectivo en Constitución, menuda fue la sorpresa ante lo manifestado por esta persona, quién manifestó ser integrante de la Policía Federal Argentina, y exponiendo el miserable sueldo que cobran los integrantes de la fuerza.

 

A continuación la transcripción completa:

Movilero: "Tener cargadita la SUBA- la SUBE, venga, acérquese, que tal buen día"
Mujer: "Qué tal?"
Movilero: "No hace falta bombardear, sino podemos interactuar normalmente"
Mujer: "no, no, no, está bien    "
Movilero: "La pregunta es que piensa del aumento en el transporte público, en este caso en el colectivo- con respeto"
Mujer: "Re harta, re podrida de este país, soy policía federal y me recago de hambre, así. Aumentale el sueldo a la policía Milei, Bullrich, aumentale el sueldo a la policía, es una vergüenza, dos pesos ganamos, dos pesos ganamos, tenemos que hacer adicionales, hacer de todo, malabares hasta vendo ropa para poder llegar a fin de mes. Es una vergüenza Milei, una vergüenza el país del orto que tenés."
Conductora (en off): "¿cuanto es un sueldo del policía?"

Hace varios meses el sueldo de las fuerzas federales se encuentra en una escala salarial por debajo (aproximadamente un 30%) de la mayoría de los convenios de trabajo. Esto genera una diferencia considerable y mayores dificultades para poder mantener unas finanzas razonables.

El personal policial se encuentra sobrepasado, y deben realizar tareas extras por fuera de las fuerzas, ya que los propios servicios "adicionales" también cuentan con valores muy atrasados.

Desde el Ministerio de Seguridad (cuyas autoridades son Patricia Bullrich y Carlos Alberto Manfroni) no han dado absolutamente ninguna respuesta ante múltiples reclamos de familiares de las fuerzas, incluso Bullrich ha tenido manifestaciones directas en las cuales ha mentido respecto a los planes propuestos (plan PROCREAR ya disuelto). 

Quién firma los actos administrativos respecto de los aumentos de las fuerzas federales es el Secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, quién en conjunto con la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" (depende del jefe de gabinete de Ministro Guillermo Francos, cómo el Ministro de Economía Luis "toto" Caputo). Dicha comisión está conformada por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo.

Según revela Rodis Recalt en revista noticias, incluso el Hospital Churruca no logra conseguir médicos, y cada vez hay más renuncias en la Policía Federal. Crisis con aspectos similares sucede en IOSFA.

En la actualidad en las fuerzas federales se ha reducido enormemente el personal, debido a personas que han decidido "darse de baja" por los pésimos salarios. Destruyendo capacidad operativa de las fuerzas y reduciendo la capacidad efectiva del Estado Argentino de combatir los delitos. Fruto directo de la política de "la motosierra" promocionada por Javier Milei y Federico Sturzenegger. La desvalorización de los integrantes de las fuerzas de defensa y seguridad. Pues al personal de la APN que estaba contratado de forma precaria, los han desvinculado "no renovado el contrato", mientras que al personal de las fuerzas con la finalidad de reducir la planta le generan un atraso salarial muy considerable instando a que "pidan la baja", aprovechando la falta de derechos laborales mínimos de los funcionarios que defienden el país ante agresiones externas e internas. Un claro ejemplo de malversación, pero sobre todo de mala administración, a menos claro, que el objetivo sea degradar a quiénes se dedican a la defensa y a la seguridad.

Cabe destacar que las fuerzas policiales y de seguridad en Argentina no cuentan con mecanismos formales para realizar un reclamo salarial, pues los pocos mecanismos existentes producen acciones contraproducentes al personal tal lo que se ve manifestado en múltiples expedientes judiciales (cambios de lugares de trabajo, peores condiciones laborales, sanciones sin control efectivo, etc). 

Mientras todo esto sucede, el Ministerio de Seguridad adquiere mediante procesos de compra directa a un único proveedor licencias de software por cifras millonarias en dólares estadounidenses.

Grave crisis en las obras sociales del personal de defensa y seguridad: alerta en IOSFA y en el Hospital Churruca

Falta de prestaciones, déficit millonario y ausencia de libre opción sanitaria golpean a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La situación sanitaria del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atraviesa una de sus etapas más críticas desde la recuperación democrática. A la profunda crisis financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), se suma el deterioro progresivo del Complejo Hospitalario Churruca Visca, bajo la órbita de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina. Ambos casos reflejan una preocupante vulnerabilidad estructural en el acceso a la salud del personal que protege al Estado, sin posibilidad real de ejercer la libre opción de obra social.

IOSFA: déficit estructural y colapso de prestaciones

Con 550.000 afiliados, el IOSFA se encuentra entre las cinco obras sociales más grandes del país. Sin embargo, informes internos y advertencias de entidades militares señalan un cuadro alarmante: un déficit acumulado superior a los 160.000 millones de pesos y un rojo mensual que ronda los 15.000 millones. Las consecuencias son concretas: demoras en los reintegros, interrupción de prestaciones médicas y falta de insumos críticos para cirugías.

El propio presidente del IOSFA, Roberto Fiochi, reconoció la magnitud de la deuda y atribuyó la crisis a un desfasaje estructural entre los bajos aportes —basados en salarios deprimidos del personal militar— y los crecientes costos del sistema de salud tras el “sinceramiento” de precios en 2024. Aunque el Gobierno nacional no ha aportado fondos extraordinarios al organismo, se evalúa la necesidad de inyecciones financieras del Tesoro para evitar un colapso completo.

Organizaciones como el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes han manifestado su preocupación por lo que califican como una “situación crítica y desesperante”, reclamando auditorías externas, mayor transparencia y el retorno de autoridades surgidas del ámbito militar. Además, se denunció la interrupción de un plan de equiparación salarial que debilitó aún más los ingresos y, por tanto, la capacidad de sostenimiento del sistema.

Crisis en la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal

En paralelo, el Complejo Hospitalario Churruca Visca, epicentro del sistema de salud de la Policía Federal Argentina, enfrenta sus propios desafíos. Falta de equipamiento, recursos humanos reducidos y demoras en tratamientos son algunos de los síntomas de una estructura hospitalaria exigida por una creciente demanda y por recursos limitados. Si bien se trata de un establecimiento altamente especializado, fuentes del sector reconocen que su funcionamiento también se ha visto afectado por decisiones administrativas y la falta de inversión. El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, no ha logrado dar respuesta a esta problemática.

Libre opción negada

Frente a este panorama, numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad han intentado ejercer su derecho a la libre elección de obra social, un derecho consagrado para el resto de los trabajadores formales en la Argentina. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud ha sostenido que estos sectores no se encuentran alcanzados por los marcos normativos que habilitan dicha opción, en tanto no existe un acuerdo específico que lo permita.

Esta interpretación normativa ha sido cuestionada por diversas asociaciones del ámbito castrense y de seguridad, que reclaman igualdad de condiciones respecto del resto de los ciudadanos. La imposibilidad de abandonar un sistema en crisis coloca a miles de efectivos —en actividad y retirados— y a sus familias en una situación de indefensión sanitaria.

Una situación de fondo que exige soluciones estructurales

La confluencia de crisis en el IOSFA y en el sistema de salud de la Policía Federal expone un problema de fondo: la salud del personal que integra las fuerzas del Estado está siendo administrada sin recursos adecuados, sin posibilidad de elección y con escasa previsión a largo plazo. La falta de mecanismos ágiles de financiamiento, la ausencia de controles eficientes, y la politización de las designaciones en cargos clave profundizan el deterioro.

Diversas voces dentro del ámbito militar y de seguridad coinciden en que la solución no puede limitarse a medidas de contención, sino que debe incluir reformas estructurales, entre ellas: la actualización de aportes según parámetros sostenibles, la incorporación de sistemas de control profesionalizados, la despolitización de los órganos de gobierno de las obras sociales y, en particular, el reconocimiento del derecho a la libre opción.

En un contexto económico adverso, el personal de defensa y seguridad —muchas veces en situaciones de riesgo— enfrenta también la incertidumbre de no poder contar con un sistema de salud eficiente y confiable. El Estado, como garante último de sus condiciones de bienestar, enfrenta aquí una deuda que trasciende lo presupuestario: es una deuda institucional con quienes han jurado protegerlo.

Formosa: el prolongado dominio de Gildo Insfrán y las graves denuncias que lo acorralan

En el contexto de una audiencia pública organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la legisladora Sabrina Ajmechet, salieron a la luz denuncias de extrema gravedad sobre la situación en la provincia de Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán. Las exposiciones, basadas en testimonios directos de ciudadanos y profesionales, pusieron en evidencia un entramado de abusos sistemáticos, represión, persecución política y deterioro institucional, que se han consolidado a lo largo de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido.

Durante la audiencia, la diputada Karina Banfi señaló la gravedad de los hechos que iban a relatarse y llamó la atención sobre la ausencia del bloque de Unión por la Patria, lo que interpretó como una forma de negación o indiferencia frente a las violaciones a los derechos humanos denunciadas.

Uno de los testimonios centrales fue el del abogado Armando Aquino Britos, quien afirmó con contundencia que “la violación a los derechos humanos comienza con la violación de los derechos políticos”. En su intervención, apuntó directamente a la reelección indefinida de Gildo Insfrán, a la que calificó como una anomalía institucional incompatible con los principios republicanos. Dicha reelección, habilitada por reformas constitucionales provinciales, ha dado lugar a una concentración de poder que impide el normal funcionamiento del sistema democrático en la provincia.

A su vez, la vecina Teresa Pereyra brindó un testimonio desgarrador desde los barrios 110 y 111 de la capital formoseña. Denunció condiciones de hacinamiento extremo en viviendas entregadas bajo la figura de comodato —“prestadas por Gildo”, según sus palabras—, así como casos de abusos a menores, enfermedades provocadas por agua contaminada, y una falta total de acceso a la salud. “Mi hermano está postrado y no puede ser atendido porque no llega una ambulancia. Esta casa no es mía, me la presta el gobernador”, sostuvo con firmeza. Su relato refleja una modalidad clientelar y de control social donde los derechos básicos son otorgados como favores, y no garantizados como corresponde por ley.

El caso más estremecedor fue el relatado por Gladis Villa, madre de Federico Romero, un oficial de narcóticos presuntamente asesinado en circunstancias irregulares. La versión oficial sostiene que Romero se ahogó, pero según su madre, su cuerpo presentaba heridas visibles y su ropa estaba ensangrentada. “Lo torturaron, lo lastimaron y luego lo arrojaron al agua para simular un ahogamiento”, denunció. Romero habría sido testigo de un crimen vinculado a un familiar de un funcionario cercano a Insfrán. Villa también afirmó que existen otros casos de policías asesinados que son encubiertos como suicidios, y que la causa de su hijo está paralizada.

También participó Gabriel Hernández, abogado, periodista y dirigente político, quien relató su propia experiencia como víctima de la persecución estatal por permitir que otros denuncien públicamente lo que ocurre en la provincia. “Fui preso por dejar que otros hablen. En Formosa no hay justicia independiente, la provincia está aislada”, declaró. Su testimonio refuerza la idea de que existe un sistema represivo que actúa contra quienes desafían el discurso oficial o cuestionan el poder del gobernador.

Las declaraciones reunidas durante la audiencia no son casos aislados ni meras percepciones subjetivas: conforman un patrón sistemático de vulneraciones a los derechos fundamentales que da cuenta de una profunda degradación institucional. En este contexto, Formosa se ha transformado, según numerosos referentes, en un feudo político, donde la alternancia en el poder está anulada de facto y la democracia representativa se ve seriamente desnaturalizada.

Pese a la gravedad de los hechos expuestos, desde sectores del oficialismo nacional y provincial se ha optado por minimizar la situación, manteniendo un silencio que muchos califican como cómplice. La persistencia de este modelo de concentración de poder y de vulneración de derechos exige no solo el compromiso activo de los organismos de control y del Estado nacional, sino también una respuesta contundente del conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación.

La democracia, para ser plena, requiere alternancia, transparencia, libertad de expresión y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos humanos. La situación de Formosa interpela directamente a esas condiciones mínimas, y demanda atención urgente.

Policía Federal retirado asesinado durante intento de robo en Ituzaingó

Juan José Nardelli, sargento primero retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) de 55 años, fue asesinado este viernes durante un intento de robo cuando esperaba a su esposa a la salida de un spa en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía sobre la avenida Presidente Perón al 7800, cuando Nardelli, quien permanecía en el interior de su camioneta Volkswagen Amarok azul, fue abordado por tres delincuentes armados que descendieron de un Citroën C4 Cactus con intención de robarle el vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el ex agente intentó resistirse al asalto utilizando su arma reglamentaria, una pistola Glock calibre 9 milímetros, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. Durante el tiroteo, Nardelli recibió un impacto de bala en el pecho que resultó fatal.

Su esposa, que se encontraba dentro del establecimiento, escuchó las detonaciones y al salir encontró a su marido gravemente herido. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Güemes de Haedo, donde ingresó sin signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, falleció minutos después.

Fuga y consecuencias para los atacantes

Tras el hecho, los delincuentes huyeron del lugar abandonando el Citroën C4 Cactus a unos 50 metros de la escena. Según la investigación, este vehículo tenía pedido de secuestro en el partido de Tres de Febrero y había sido utilizado previamente en otro hecho delictivo.

Los atacantes continuaron su escape en una camioneta Ford Ranger, que posteriormente fue hallada incendiada en el barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache".

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos asaltantes, identificado como Marcos Uriel Catalán, de 18 años, resultó herido de bala en el rostro. Sus cómplices lo trasladaron en un Peugeot 308 blanco hasta el Hospital Carrillo de Ciudadela, donde lo dejaron en la guardia antes de huir. Catalán falleció mientras recibía atención médica.

Las autoridades lograron detener a uno de los implicados, un adolescente de 14 años que conducía el vehículo en el que trasladaron al herido.

Trayectoria de la víctima

Juan José Nardelli se había retirado voluntariamente de la PFA en septiembre de 2016, tras ingresar a la fuerza el 26 de julio de 1989. Su último cargo fue en la División Balística con el rango de Sargento Primero. Al momento de su muerte, era padre de cuatro hijos y abuelo de dos niñas.

La Asociación Civil Grupo de Viudas y Familiares de Policías Federales Caídos en Cumplimiento del Deber emitió un comunicado lamentando la pérdida: "Con gran dolor lamentamos la pérdida del Sargento 1° (R) Juan José Nardelli, perteneciente a la Policía Federal Argentina. Acompañamos en este difícil momento a familiares, amigos y camaradas."

La investigación del caso está a cargo de la Comisaría 3ª de Ituzaingó y la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Ituzaingó, y la causa fue caratulada como "Homicidio en ocasión de robo".