Caso Juan Daniel Amelong y la negatoria de su libertad: arbitrariedad judicial, denuncian sentencias discrecionales que generan inseguridad jurídica

En un contexto de creciente preocupación por la independencia y objetividad de la justicia, una reciente decisión judicial ha reavivado el debate sobre la discrecionalidad con la que algunos jueces dictan sentencias en Argentina. Se cuestiona la falta de criterios objetivos y la recurrencia a argumentos exógenos que contradicen requisitos legales claros y definidos, aumentando la percepción de inseguridad jurídica.

Reiteradas veces nos piden los nombres de los jueces que fallan contra los presos políticos. Aquí las firmas de los jueces que le negaron la libertad condicional a Juan Daniel Amelong, hijo de una víctima del terrorismo, al que le inician nuevas causas cada vez que cumple la pena pic.twitter.com/iwyY2XTw76

— Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) December 25, 2024

El caso más reciente involucra a Juan Daniel Amelong, hijo de una víctima del terrorismo, quien permanece en prisión a pesar de haber cumplido con los requisitos objetivos para acceder a la libertad condicional. Según se denuncia, cada vez que se aproxima el cumplimiento de su condena, se le inician nuevas causas penales, prolongando su detención de manera indefinida.

La decisión de negarle la libertad condicional fue firmada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Carlos Alberto Mahiques y Carlos Javier Carbajo, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, con el acompañamiento del secretario de Cámara, Pablo Ariel Iannariello.

Los jueces federales tienen que hacer su maldad de Navidad. En el día de ayer le notificaron a un preso que le denegaban la domiciliaria y la libertad condicional, que le corresponde por tiempo cumplido.
FELIZ NAVIDAD!!!

— Justicia y Concordia 💙🇦🇷💙 (@Justicia_y_C) December 25, 2024

Particularmente, el juez Carlos Javier Carbajo argumentó que, a pesar de que Amelong cumple con los requisitos objetivos establecidos por el instituto de libertad condicional, la medida fue rechazada debido a la existencia de otras causas penales en su contra. Esta interpretación ha sido duramente criticada por sectores que acusan a los magistrados de actuar arbitrariamente, alejándose de los principios de imparcialidad y apego a la ley.

Organismos y defensores de derechos ciudadanos han señalado que este tipo de decisiones refuerzan un sistema judicial que, lejos de ser predecible y garantista, se muestra arbitrario y proclive a criterios discrecionales. Las denuncias sobre sentencias que no respetan estándares objetivos socavan la confianza en el sistema de justicia y generan una preocupante sensación de vulnerabilidad jurídica.

Diversas ONGs y periodistas han defendido a que se mantenga en prisión, aún incumpliendo esto con el instituto de libertad condicional, entre los cuales se encuentra "Abuelas de Palza de Mayo" y  José Maggi es periodista de Rosario12 (Página 12).

El caso de Amelong pone en el centro del debate la actuación de los jueces y la necesidad de reforzar mecanismos de control que garanticen decisiones basadas en la ley y no en criterios subjetivos o intereses externos. En este sentido, se ha hecho un llamado a revisar el rol y las responsabilidades de los jueces Petrone, Mahiques, Carbajo e incluso del secretario Iannariello, en un fallo que muchos consideran paradigmático de la falta de transparencia y equidad en el sistema judicial.

Javier Milei desmonta el keynesianismo y defiende el ajuste libertario como base de su gobierno

Síntesis de la Entrevista a Javier Milei por Alejandro Fantino

Introducción y contexto:

• La conversación entre Alejandro Fantino y Javier Milei se desarrolla el 23 de diciembre, en un ambiente relajado y cercano, con un enfoque en economía, teorías económicas y reflexiones sobre política.
• Milei reafirma su pensamiento sobre la economía desde su primera aparición pública en 2016, enfatizando su visión libertaria.

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Parte 1: Crítica a Keynes y su teoría

• Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936): Milei describe esta obra como "una basura general," argumentando que es un panfleto político diseñado para beneficiar a políticos mesiánicos y corruptos.
• Milei rechaza la afirmación de que las políticas keynesianas sacaron al mundo de la Gran Depresión (1929-1933), citando a Milton Friedman y Anna Schwartz en su obra A Monetary History of the United States, que destaca errores de la Reserva Federal como causantes de la prolongación de la crisis.
• Crítica de Keynes: Según Milei, la teoría keynesiana promueve una falsa narrativa de que las intervenciones estatales son esenciales para resolver problemas económicos. La describe como "una obra del mal" orientada a justificar el poder político.

Autores mencionados:

• John Maynard Keynes: Criticado por su enfoque político y su visión del estado como solución económica.
• Milton Friedman y Anna Schwartz: Destacados por su análisis de la Gran Depresión desde una perspectiva monetarista.

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Parte 2: Teorías económicas alternativas

• Milei explica conceptos clave previos a Keynes basados en la tradición de Knut Wicksell:
  • Tasa de interés real: Un mecanismo de coordinación intertemporal basado en los precios relativos de bienes presentes y futuros.
  • Modelos de ahorro e inversión: Relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. La teoría wickselliana influenció a varias escuelas, como la sueca y la austríaca.
• Crítica al concepto keynesiano de que la tasa de interés está relacionada exclusivamente con el dinero. Milei enfatiza que la tasa de interés existe por el tiempo, no por el dinero.

Autores y teorías mencionadas:

• Knut Wicksell: Destacado por su enfoque intertemporal y su teoría del capital.
• Escuela austriaca (Ludwig von Mises y Friedrich Hayek): Se enfrentaron a Keynes con teorías centradas en el orden espontáneo del mercado y los ciclos económicos.

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Parte 3: Aplicaciones y resultados de políticas libertarias

• Milei argumenta que su gobierno implementó "el mayor ajuste fiscal de la historia," reduciendo el gasto público en un 30% del PBI y eliminando impuestos distorsivos. Presenta esto como coherente con su visión de un estado mínimo.
• Ejemplo del ajuste fiscal:
  • Eliminación del déficit fiscal y contención de la inflación mediante la restricción de la emisión monetaria.
  • Según Milei, esto evitó una hiperinflación y estabilizó la economía.

Comparación con el keynesianismo:

• Milei señala que las políticas keynesianas, al manipular artificialmente el mercado, generan distorsiones que desencadenan crisis recurrentes.
• Ejemplo práctico: Subsidios a precios energéticos que impulsan un consumo excesivo y no sostenible.

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Parte 4: Filosofía política y económica

• Milei relaciona el keynesianismo con el colectivismo, argumentando que conduce inevitablemente a sistemas más intervencionistas y menos libres, como el socialismo.
• Cita a Friedrich Hayek y su obra Camino de servidumbre, para advertir que cada intervención estatal lleva a una demanda de más intervenciones, hasta llegar a un punto de no retorno.

Frases clave:

• "El mercado no falla; lo que falla es la intervención del estado."
• "El problema no es el capitalismo, sino las distorsiones generadas por políticas keynesianas."

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Conclusión: Milei utiliza la entrevista para exponer las bases ideológicas y económicas de su gobierno. Critica las teorías keynesianas y propone una economía basada en libertad de mercado, enfatizando que sus políticas son un experimento inédito en la Argentina y el mundo. La conversación incluye un recorrido por la historia del pensamiento económico, autores relevantes y reflexiones sobre la influencia de la política en las teorías económicas.

El Puente del Tiempo Económico: Cómo las Tasas de Interés Moldean el Futuro

El principio de intertemporalidad de Knut Wicksell es una idea fundamental en economía que explica cómo las decisiones económicas actuales afectan al futuro, y cómo las expectativas sobre el futuro influyen en las decisiones del presente. Se basa en el análisis de cómo interactúan las tasas de interés, la inversión y el ahorro a lo largo del tiempo.

Idea principal

Wicksell planteó que existe una relación clave entre dos tasas de interés:

1. Tasa de interés natural: La tasa de retorno de las inversiones productivas en la economía real, es decir, la rentabilidad esperada de los proyectos productivos.
2. Tasa de interés del mercado: La tasa fijada por los bancos o el sistema financiero, que regula los préstamos y ahorros.

El principio sostiene que:

• Si la tasa de interés del mercado es menor que la tasa natural, habrá un estímulo para la inversión. Esto puede generar crecimiento económico en el corto plazo, pero también riesgo de inflación o burbujas económicas si se mantiene por mucho tiempo.
• Si la tasa de interés del mercado es mayor que la tasa natural, habrá un desincentivo para la inversión y un mayor incentivo para el ahorro, lo que puede llevar a una contracción económica o deflación.

Intertemporalidad

El concepto de intertemporalidad se refiere a cómo estas decisiones afectan diferentes momentos en el tiempo:

• Presente: Una tasa de interés baja fomenta el consumo y la inversión, lo que impulsa la actividad económica.
• Futuro: Estas decisiones pueden tener consecuencias positivas (crecimiento) o negativas (desequilibrios como inflación o deuda).

Wicksell mostró que la economía no es estática, sino que se desarrolla en un flujo constante de interacciones entre el presente y el futuro.

Ejemplo sencillo

Imagina que una empresa quiere construir una fábrica. Si los bancos ofrecen préstamos con intereses muy bajos (tasa de interés de mercado), la empresa estará más dispuesta a endeudarse y construir la fábrica porque espera que la ganancia futura (tasa natural) será mayor que lo que tendrá que pagar por el préstamo. Sin embargo, si muchas empresas hacen lo mismo, podría haber escasez de recursos y aumentos de precios (inflación).

Por otro lado, si los intereses son muy altos, las empresas no tomarán préstamos, se frenará la inversión, y la economía crecerá más lentamente.

Resumen didáctico

El principio de intertemporalidad de Wicksell es como un "puente" entre el presente y el futuro de la economía, donde las tasas de interés actúan como un regulador que puede acelerar o frenar la actividad económica dependiendo de cómo se ajusten. Entender este principio ayuda a prever los efectos de las políticas monetarias y financieras a lo largo del tiempo.

Fuga de presos en Liniers: una metáfora de la precariedad en seguridad

En la noche del lunes, 17 presos se fugaron de la Alcaidía Comunal 9, ubicada en la calle Gana 430, en Liniers. Los detenidos lograron escapar a través de un boquete de apenas 30 centímetros de diámetro realizado en una pared de ladrillo hueco. Este episodio no solo deja en evidencia fallas estructurales, sino también la alarmante falta de recursos destinados al sistema de seguridad por parte de los responsables políticos.

La fuga comenzó en un patio interno del recinto, donde los internos tuvieron acceso a las frágiles paredes. Según trascendió, estas estaban parcialmente ocultas por sábanas y colchones, lo que habría dificultado el monitoreo de las cámaras de seguridad. 

El uso de ladrillo hueco en una estructura que debería ser resistente resulta simbólico: es como el episodio de Los Simpson en el que Cecil, hermano de Bob Patiño, construye una represa con materiales de pésima calidad, terminando en un desastre previsible.

El Ministro de Seguridad de CABA es Waldo Wolff, el Secretario de Seguridad es Ezequiel Agustín Daglio. El Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Pablo Luis Kisch, mientras que el Subjefe de la Policía de la Ciudad es Jorge Guillermo Azzolina. 

Cuatro efectivos para 58 presos

La situación es aún más crítica si se analiza el contexto operativo. En la alcaidía había 58 internos custodiados por apenas cuatro efectivos policiales. Resulta difícil imaginar cómo un equipo tan reducido podría garantizar la seguridad en condiciones mínimas, especialmente cuando la infraestructura y los recursos son inadecuados. ¿Cómo se pretende que estos trabajadores hagan frente a tal desafío?

El hecho también resalta un problema estructural en la política de seguridad. Mientras desde los altos mandos se exigen resultados, el personal en terreno enfrenta una realidad de recursos insuficientes y decisiones administrativas que priorizan el ahorro sobre la seguridad.

Reacciones y consecuencias

Hasta el momento, uno de los presos ha sido recapturado y continúa un operativo cerrojo para dar con los demás fugitivos, que incluyen once argentinos y seis ciudadanos chilenos. Además, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad ha iniciado sumarios internos para determinar responsabilidades. Sin embargo, esto no resuelve la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que hechos similares se repitan en el futuro?

Esta fuga no es solo un fracaso puntual, sino una señal de alarma que refleja la precariedad del sistema. Si se pretende exigir al personal policial resultados en condiciones tan adversas, sin mejorar los recursos asignados, episodios como este seguirán siendo parte de una preocupante normalidad.

¿Sabías que los precios mandan y los costos obedecen? Descubre el revolucionario principio de Menger

El principio de imputación de Carl Menger, uno de los pilares de la teoría subjetiva del valor, es una idea simple pero poderosa que desafía la lógica tradicional sobre cómo se determinan los costos y precios en la economía.

A continuación la explicación por parte de Javier Milei en el programa de Alejandro Fantino en Neura.

🚨 MILEI HACE FALLECER A LOS QUE FUERON DERROTADOS POR UN CULO EN LAS URNAS 🛠️

"Los precios son los que determinan los costos, vos dado lo que esperás ganar, es lo que pagás de costo. Se llama principio de imputación de Menger, yo creo en la teoría subjetiva del valor" @JMilei… pic.twitter.com/BIVXJLDgBH

— Agarra la Pala (@agarra_pala) December 24, 2024

¿De qué trata?

Tradicionalmente, se pensaba que los costos de producción (como la mano de obra, los materiales, etc.) determinaban el precio de los bienes. Por ejemplo, si fabricar un par de zapatos costaba $50, el precio debía ser algo más alto, digamos $70, para obtener ganancias.

Menger lo ve al revés:
El precio de un bien no depende de los costos de producción. En cambio, los costos se imputan o asignan a los factores de producción en función del valor que los consumidores le dan al bien final.

Explicación clara con un ejemplo:

Imagina que tienes un árbol que puede ser convertido en madera para fabricar sillas. Según el principio de Menger, el valor de la madera depende del precio al que los consumidores están dispuestos a pagar por las sillas.

• Si una silla se vende a $100 porque la gente valora sentarse cómodamente, entonces la madera (como factor de producción) tendrá un costo imputado que justifique esa valoración.
• Si nadie quiere sillas o las valora muy poco, la madera perderá su valor, incluso si producirla fue costoso.

En resumen:
El precio de los bienes determina el valor de los recursos usados para producirlos, no al revés.

Relación con la teoría subjetiva del valor:

Esta idea refuerza la visión de que el valor de un bien no es algo intrínseco (como el trabajo que lleva producirlo), sino que depende de cómo las personas lo valoran subjetivamente. Es decir, lo que realmente importa es cuánto está dispuesto a pagar el consumidor, y esa percepción define tanto los precios como los costos.

Un ejemplo cotidiano:

Piensa en el precio del oro. Su extracción y refinamiento tienen costos elevados, pero esos costos no justifican su valor. Más bien, el oro es caro porque la gente lo valora por razones culturales, estéticas o económicas. Ese valor alto "imputa" un costo elevado a los procesos para obtenerlo.

Con este principio, Menger revolucionó la economía al enfocarse en el papel del consumidor y su subjetividad en el mercado.

Escándalo por el aumento de tasas en Tornquist: abucheos, tensiones y un debate sobre el rol del Estado

El municipio bonaerense de Tornquist fue escenario de intensos conflictos en torno a la aprobación del nuevo Código Tributario 2025, que incluye aumentos de hasta un 150% en las tasas municipales. El oficialismo, encabezado por el intendente Sergio Bordoni (UxP), logró convalidar la medida en una sesión marcada por tensiones, protestas y la intervención policial. Sin embargo, la decisión desató un fuerte repudio por parte de sectores productivos, como el agro, y de vecinos que consideran desproporcionados los incrementos, dada la calidad de los servicios prestados.

La importancia de la libertad económica y la reducción del gasto público

Este episodio pone en evidencia una problemática recurrente en la administración pública: la falta de control sobre el gasto estatal y su impacto en las libertades individuales y la prosperidad de los ciudadanos. Los aumentos impositivos, como los de Tornquist, limitan la capacidad de las personas para disponer de su propio dinero, afectando tanto a productores como a trabajadores locales.

El concejal Luis Castro (Juntos por el Cambio) cuestionó la lógica detrás del ajuste. Según explicó, el Ejecutivo municipal justificó los aumentos como un intento de recuperar lo perdido en 2023, cuando la inflación superó el 200% y las tasas solo aumentaron un 60%. Sin embargo, Castro sostuvo que no es razonable trasladar este ajuste directamente a los contribuyentes, especialmente cuando la calidad de los servicios, como el mantenimiento de los caminos rurales, deja mucho que desear.

Alfredo Belardinelli, productor agropecuario y referente de la Asociación Rural de Tornquist, coincidió en que la medida es desproporcionada y carece de relación con la realidad económica. Además, denunció la falta de contraprestación de los servicios, señalando que los caminos rurales de la zona se encuentran en estado crítico, afectando tanto a los productores como a los turistas que visitan el Cerro Tres Picos, un importante destino local.

El desafío de un Estado eficiente

El caso de Tornquist refleja la necesidad de adoptar políticas que reduzcan el tamaño del Estado y promuevan una gestión eficiente y austera. Un aparato estatal sobredimensionado tiende a generar un gasto excesivo que, en lugar de solucionar problemas estructurales, se financia con mayores impuestos, afectando la productividad y el desarrollo local.

Controlar el gasto público no solo aliviaría la carga fiscal sobre los ciudadanos, sino que también fomentaría la inversión y el crecimiento económico. Un Estado más pequeño, con funciones claras y bien definidas, permitiría canalizar recursos hacia áreas prioritarias, como la infraestructura, en lugar de perpetuar una burocracia ineficiente.

Hacia un equilibrio entre Estado y contribuyente

La reducción de impuestos y la contención del gasto no solo mejoran la prosperidad, sino que fortalecen la libertad individual. Casos como el de Tornquist deben llevarnos a reflexionar sobre la importancia de un Estado que sirva como facilitador del desarrollo y no como un obstáculo.

La controversia en Tornquist no es solo un debate local, sino un llamado a replantear el equilibrio entre el aporte de los contribuyentes y la responsabilidad de los gobiernos en administrar esos recursos con eficiencia y justicia.

Subastarán el campo uruguayo "El Entrevero", vinculado a Lázaro Báez, por 3,5 millones de dólares

En el marco de la investigación por lavado de activos conocida como la “Ruta del dinero K”, el próximo 8 de enero será subastado “El Entrevero”, un campo de 145 hectáreas ubicado en el exclusivo departamento de Maldonado, Uruguay. La operación estará a cargo del martillero Alfredo Ramos y tendrá una base de 3,5 millones de dólares. El remate fue autorizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) de Uruguay tras el decomiso de la propiedad por orden del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° turno de Montevideo.

Un predio clave en una trama internacional de lavado de dinero

“El Entrevero” estuvo vinculado a una compleja red de blanqueo de fondos ilegales atribuida al empresario Lázaro Báez, un allegado cercano al kirchnerismo. Según las investigaciones, los fondos para la compra del predio en 2011, por un valor de 14 millones de dólares, provinieron de maniobras de lavado de activos que involucraron la utilización de empresas offshore y transferencias internacionales de dinero. La adquisición fue realizada por Daniel Rodolfo Pérez Gadín, contador de Báez, a través de una sociedad anónima.

El caso de la “Ruta del dinero K” cobró relevancia mediática en 2013, tras un informe emitido por el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, que expuso las maniobras financieras ilegales de Báez. Estas incluyeron el desvío de divisas y el traslado de grandes sumas de dinero al exterior. Báez, propietario de Austral Construcciones y beneficiado con millonarios contratos de obra pública en Argentina, especialmente en la provincia de Santa Cruz, fue detenido en abril de 2016 y condenado a 12 años de prisión en septiembre de 2020 por lavado de aproximadamente 55 millones de dólares.

El predio y su historia

El campo “El Entrevero” se encuentra en José Ignacio, uno de los destinos turísticos más exclusivos de Uruguay. Su superficie de 145 hectáreas está dividida entre terrenos suburbanos y rurales, distribuidos a ambos lados de la Ruta 10. La entrada principal está localizada en el kilómetro 171 de esta ruta, a unos 8 kilómetros al oeste de José Ignacio.

En octubre de 2018, ya se había rematado una parte de este predio: 7 hectáreas ubicadas entre la Ruta 10 y la costa, por casi 2 millones de dólares. En esta nueva etapa, se subastará el terreno restante, compuesto por dos padrones: uno con una casa abandonada cercana a las dunas (padrón 26.632) y otro, mayormente rural, al norte de la ruta (padrón 26.630).

Detalles de la subasta

Los interesados en participar en la subasta podrán visitar el campo del 26 de diciembre al 7 de enero. Para ello, deberán consignar una garantía de 20.000 dólares. La venta representa un paso más en el proceso de recuperación de activos vinculados a delitos financieros, contribuyendo a resarcir los daños económicos causados por la trama de corrupción liderada por Báez y sus allegados.

Un caso emblemático de corrupción regional

La subasta de “El Entrevero” es un hito en la investigación transnacional por lavado de dinero que involucra a figuras clave del ámbito político y empresarial de Argentina. Este caso no solo puso en evidencia los mecanismos de corrupción y fuga de capitales, sino que también destaca la cooperación entre los sistemas judiciales de Argentina y Uruguay para enfrentar el crimen organizado.

“El Entrevero” no es solo una propiedad, sino un símbolo de las consecuencias del desvío de fondos públicos y del blanqueo de dinero en la región. Su venta es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la justicia en la lucha contra la corrupción.

Federico Sturzenegger denuncia prácticas monopólicas en puertos argentinos: "Nos costaban USD 50.000 por barco"

En una reciente intervención, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, expuso con crudeza un sistema que calificó de "pequeño club reservado", el cual encarecía innecesariamente la entrada de buques al puerto de Buenos Aires. Según detalló, estas prácticas representaban un costo de USD 50.000 por barco, un gasto que, en última instancia, recaía sobre los consumidores argentinos.

El rol de los prácticos en los puertos: necesidad o abuso

Sturzenegger explicó que, en muchos puertos del mundo, se requiere la intervención de un "práctico", una persona especializada que guía a los capitanes en la entrada y salida de embarcaciones, especialmente en áreas con riesgos como rocas o características geográficas complejas. Sin embargo, argumentó que en el caso del Río de la Plata, las condiciones no justifican los elevados costos asociados a este servicio.

Sturzenegger cortó un currito que nos costaba USD 50.000 por buque que entraba al Río de la Plata. pic.twitter.com/DRWBF2zuLR

— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) December 14, 2024

"Cuando vos entrás a los puertos de Argentina, no hay rocas con las que puedas chocar. Lo peor que puede pasar es que el río es bajo. Entonces, ¿tiene sentido que alguien cobre USD 50.000 por barco?", cuestionó el ministro.

Sturzenegger hizo referencia al caso del accidente del Exxon Valdez en Alaska, un desastre ecológico ocurrido en 1989, para contextualizar la lógica detrás de los prácticos en otros puertos del mundo. Sin embargo, contrastó ese escenario con la realidad del Río de la Plata, donde el riesgo es significativamente menor.

Un "pequeño club reservado"

El ministro denunció que el acceso a la profesión de práctico en Argentina está controlado por un sistema cerrado y excluyente. Según su testimonio, al enviar a colaboradores a explorar la posibilidad de inscribirse en la academia de prácticos, estos fueron recibidos con hostilidad: "Prácticamente los matan a trompadas", afirmó.

Sturzenegger describió este sistema como un negocio protegido, en el que un reducido grupo de personas se beneficia a expensas de los consumidores: "Es un pequeño club donde todo se maneja muy calladito, pero nos termina costando a todos".

Impacto de la desregulación

En su rol como Ministro de Desregulación, Sturzenegger ha impulsado medidas para eliminar este tipo de "curritos", como él mismo los calificó, que afectan tanto a la competitividad del comercio exterior como al bolsillo de los argentinos. "Estamos trabajando para desarmar estos negocios preparados, que no tienen ninguna justificación lógica ni económica", aseguró.

Con esta medida, el Gobierno busca no solo reducir costos operativos en los puertos, sino también fomentar una mayor transparencia y competencia en sectores tradicionalmente monopolizados. La intervención promete beneficiar tanto a las empresas importadoras y exportadoras como a los consumidores finales, quienes muchas veces pagan el precio de estas ineficiencias.

Este anuncio se enmarca dentro de un plan más amplio de reformas que buscan transformar las estructuras que, según el ministro, han frenado el desarrollo económico del país durante décadas.

La persistencia de viejas estructuras en la Administración General de Puertos (AGP)

 Un organismo clave con cuestionamientos recurrentes

A pesar del avance de la reforma estatal impulsada por el presidente Javier Milei, sectores como la Administración General de Puertos (AGP) continúan bajo la influencia de estructuras heredadas de gestiones previas, caracterizadas por presuntos desmanejos y pérdidas financieras considerables. La AGP, que administra el 70% de las importaciones y exportaciones del país, pasó de ser una empresa superavitaria en 2021 a registrar un déficit significativo en 2023, generando preocupaciones por su gestión y contrataciones.

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De superávit a pérdidas millonarias

En 2021, la AGP cerró con un superávit de 28 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 reportó un déficit de 10 millones de dólares, cifra que se agravó en 2023, alcanzando los 45 millones de dólares. Estas pérdidas se atribuyen a la gestión de autoridades designadas durante el mandato de Sergio Massa en el Ministerio de Transporte, quienes aún mantienen un rol preponderante en el organismo.

- Versión XL, informe completo de Guadalupe Vázquez... pic.twitter.com/X9nPFRHPRR

— Doctor House (@Bobmacoy) December 14, 2024

El exinterventor José Carlos Beni, designado en 2020 por Alberto Fernández, es uno de los nombres clave en esta transición. Aunque dejó su cargo como interventor en enero de 2024, sigue vinculado a la AGP como asesor, con un salario bruto de $6.491.532. Fuentes internas señalan que, debido a la inexperiencia del actual interventor Gastón Benvenuto, Beni mantiene una gran influencia en la toma de decisiones.

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Contrataciones cuestionadas y proveedores recurrentes

Uno de los aspectos más controversiales de la gestión de la AGP son las contrataciones bajo la modalidad de "compulsa abreviada", creada para agilizar compras menores. En 2021, el límite para esta modalidad era de $300.000, pero actualmente asciende a $48 millones. Este incremento ha facilitado adquisiciones con poca supervisión, como la compra de tres simuladores 3D por casi 300.000 dólares en 2022.

🚨💣 #AHORA El informe que generó ira en el gobierno: Altas fuentes aseguran que el presidente Javier Milei tomará medidas por lo que mostré que ocurre en la AGP.

Podés ver mi investigación exclusiva para @lavesconviale @todonoticias acá 👇🏼https://t.co/ABwsAycokQ

— Guadalupe Vazquez 🌱 (@guadavazquez) December 14, 2024

Asimismo, se destaca la recurrencia de los mismos proveedores en las licitaciones, incluyendo empresas como Unlimited Solutions SRL, Smarty Group SRL y Tecnología Vial Aplicada SA, cuyos directorios comparten nombres. Estas empresas han obtenido contratos en áreas diversas como eventos, chalecos salvavidas y neumáticos, generando sospechas sobre favoritismos.

Un caso reciente involucra a Global Gate SRL, que en 2024 ganó una compulsa abreviada por licencias Fortinet UTP por un valor de 7.000 dólares. La vinculación entre directivos de esta empresa y funcionarios de la AGP, como Verónica Piñero, plantea dudas sobre la transparencia en las contrataciones.

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Los protagonistas de la “casta portuaria”

El organismo sigue dominado por figuras políticas y sindicales con influencia histórica. Entre los funcionarios que permanecen en cargos clave se encuentra Verónica Piñero, gerente general y responsable de firmar órdenes de compra con amplias facultades discrecionales. Además, Diego Salom, director de Planificación Estratégica, combina su rol jerárquico con liderazgos sindicales, mientras su hermano Leonardo Salom dirige el puerto de Dock Sud y la mutual AMEPORT. Ambos han sido relacionados con el sindicalista Hugo Moyano y Sergio Massa, y han experimentado mejoras significativas en su nivel de vida, según fuentes.

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El “museo fantasma” y otras inversiones cuestionables

El proyecto de construcción del “Centro de Experiencia Portuaria” es otro ejemplo del desmanejo presupuestario. Adjudicado en 2022 con un costo inicial de $1.168 millones, su presupuesto se quintuplicó, alcanzando $5.600 millones, pese a que la obra solo tiene un avance del 6,8%. La empresa adjudicataria, Criba SA, ha recibido pagos millonarios sin justificar avances significativos.

Otro caso llamativo es la impresión de 1.000 libros de fotografías del puerto por $34 millones en 2024. Aunque estos serían comercializados en un sitio e-commerce inexistente, la contratación fue aprobada por Verónica Piñero bajo la modalidad de compulsa abreviada.

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El impacto de las soluciones Fortinet y los proveedores en la gestión estatal

La elección reiterada de soluciones tecnológicas Fortinet en organismos públicos refleja una tendencia que merece análisis. En este contexto, el Ministerio de Seguridad de la República Argentina firmó un acuerdo con Fortinet en 2022 para fortalecer la ciberseguridad y combatir los ciberdelitos. Este acuerdo incluye la provisión de información para detectar y prevenir amenazas, así como programas de formación en ciberseguridad. Empresas proveedoras como Global Gate SRL han ganado licitaciones con montos considerables, mientras que la falta de diversificación en los proveedores genera sospechas de connivencia. Este fenómeno no es exclusivo de la AGP, ya que se observa también en otros organismos.

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Conclusión

La Administración General de Puertos, lejos de ser transformada por las políticas de reducción del gasto y desregulación, continúa operando bajo dinámicas que favorecen a un grupo reducido de actores políticos y económicos. Mientras los funcionarios y proveedores cuestionados permanecen, el organismo enfrenta un futuro incierto, con una gestión que no ha logrado revertir las pérdidas ni garantizar la transparencia en sus operaciones.

Nueva Resolución de la UIF Refuerza Controles para Personas Expuestas Políticamente

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó recientemente la Resolución 192/2024, que actualiza el marco regulatorio sobre el tratamiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta medida, enmarcada en las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene como objetivo fortalecer las medidas de prevención contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

¿Qué establece la nueva resolución?

La normativa introduce una definición más precisa y actualizada de las PEP, tanto extranjeras como nacionales, y detalla los cargos y funciones que califican bajo esta categoría. Además, refuerza las obligaciones de las instituciones financieras y actividades no financieras designadas (APNFD) para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a estas personas.

Personas Expuestas Políticamente Extranjeras

Se consideran PEP extranjeras a funcionarios de alto rango de gobiernos extranjeros, miembros de parlamentos, jueces de tribunales superiores, altos mandos militares y funcionarios de organizaciones internacionales con roles directivos, entre otros.

Personas Expuestas Políticamente Nacionales

Incluye a funcionarios del ámbito nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores, gobernadores, jueces y rectores de universidades nacionales, entre otros.

Puntos clave de la resolución

1. Enfoque basado en riesgo: Las instituciones deben implementar controles proporcionales al nivel de riesgo identificado para cada PEP, considerando factores como la función desempeñada y su influencia en el ámbito público.
2. Ampliación de definiciones: La normativa amplía las categorías de PEP y detalla funciones específicas para incluir nuevas realidades políticas y administrativas.
3. Cumplimiento de estándares internacionales: La resolución refuerza el compromiso de Argentina con las recomendaciones del GAFI, adoptando las mejores prácticas internacionales.
4. Supervisión y mejora continua: Basándose en experiencias previas y supervisiones, se identificaron áreas de mejora para fortalecer la efectividad del sistema de prevención.

¿Por qué es importante esta actualización?

Las PEP suelen tener acceso a recursos y posiciones de poder que podrían ser utilizadas para actividades ilícitas. Por ello, la resolución busca cerrar brechas regulatorias y evitar el abuso del sistema financiero por parte de estas personas, alineándose con las exigencias internacionales.

Implicancias para los sujetos obligados

Los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, escribanos, entre otros) deberán ajustar sus procedimientos para cumplir con las nuevas disposiciones. Esto incluye reforzar la debida diligencia, actualizar sus sistemas de monitoreo y capacitar a su personal en la identificación y manejo de riesgos asociados a PEP.

Aspectos claves

Definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) Extranjeras:
Incluye a funcionarios extranjeros en altos cargos políticos, judiciales, militares, empresariales estatales, y organismos internacionales.

Definición de PEP Nacionales, Provinciales y Municipales:
Se incluyen funcionarios en altos cargos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, fuerzas de seguridad, universidades, y organismos reguladores.

Otras PEP:
Comprende a autoridades de partidos políticos, sindicatos, obras sociales, y personas jurídicas que manejan fondos públicos.

PEP por Parentesco o Cercanía:
Incluye a cónyuges, familiares directos, suegros/as, y asociados jurídicos con relaciones relevantes para el análisis de riesgo.

Duración de la Condición de PEP:

Se mantiene mientras ejerzan el cargo y hasta 2 años después del cese. PEP por parentesco o cercanía mantiene la condición por el mismo período.

Declaración Jurada de PEP:
Sujetos Obligados deben requerir a clientes declaraciones juradas al iniciar relaciones contractuales o cambiar la condición de PEP, permitiendo medios electrónicos.

Obligación de Informar y Evaluar Cambios:

Clientes deben notificar a los Sujetos Obligados el cese de su condición como PEP, quien evaluará la información

 

Análisis y reflexiones finales

La Resolución 192/2024 no solo actualiza un marco normativo esencial, sino que también consolida el compromiso de Argentina en la lucha contra delitos financieros. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá del compromiso de los sujetos obligados y del monitoreo activo de la UIF.

Con esta medida, el país da un paso más hacia el fortalecimiento de su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, contribuyendo a generar confianza en el sistema financiero tanto a nivel local como internacional.

Prohibido el Proselitismo en los Bienes del Estado: Un Paso hacia la Ecuanimidad y la Ética Pública

En un importante avance hacia la transparencia y la ética en la función pública, el Decreto 1084/2024, firmado por el Presidente de la Nación, establece nuevas normativas que prohíben el uso de recursos públicos para fines proselitistas o de promoción personal. Este decreto refuerza los principios republicanos y de neutralidad en la gestión de bienes estatales, garantizando un trato igualitario a toda la ciudadanía.

¿Qué establece el Decreto?

1. Prohibición de propaganda partidaria: Queda expresamente vedada la exhibición de imágenes, símbolos o referencias personales de funcionarios en bienes públicos como edificios, monumentos, oficinas y obras de infraestructura.
2. Restricciones en denominaciones: Los bienes del Estado no podrán ser nombrados en honor a personalidades políticas antes de transcurridos diez años de su fallecimiento, evitando la asociación inmediata con intereses partidarios.
3. Denuncias ciudadanas: Se habilita un mecanismo gratuito para que cualquier ciudadano denuncie violaciones a las disposiciones a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
4. Sanciones: El incumplimiento será considerado una falta grave con posibles consecuencias administrativas, patrimoniales y penales para los responsables.

El Proselitismo y su Impacto en la Democracia

El proselitismo desde los organismos públicos constituye una práctica que “inclina la cancha” en favor de quienes ostentan el poder. Esto genera un desequilibrio en la competencia política, desvirtuando el principio de igualdad que debería regir en un sistema democrático.

Cuando los recursos del Estado, que pertenecen a todos los ciudadanos, son utilizados para la autopromoción de un funcionario o partido, se produce una apropiación indebida de bienes públicos. Esto no solo es moralmente cuestionable, sino que también fomenta la polarización y mina la confianza en las instituciones.

La Importancia de la Ecuanimidad en los Organismos Públicos

La administración pública debe actuar como un espacio neutral que garantice el respeto a todas las ideologías y ciudadanos. El uso de recursos públicos para fines partidarios no solo vulnera la ética pública, sino que genera una percepción de favoritismo y exclusión hacia quienes no comparten la misma visión política.

El decreto reafirma que los bienes y recursos del Estado están destinados al interés general y no pueden convertirse en herramientas de propaganda que distorsionen el debate democrático. La transparencia y la imparcialidad en la función pública son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar los principios republicanos.

Un Paso Hacia una Democracia Más Justa

El Decreto 1084/2024 busca poner un límite claro al abuso de poder y fomentar un gobierno transparente, ético y equitativo. Con medidas como esta, se envía un mensaje contundente: la democracia no debe ser manipulada con recursos públicos, y los bienes del Estado deben servir exclusivamente al bienestar de la sociedad.

En una democracia sana, la competencia política debe basarse en propuestas, ideas y soluciones, no en el uso ventajoso de los recursos que pertenecen a todos. La ecuanimidad en los organismos públicos es la base para garantizar una verdadera igualdad ante la ley y un sistema representativo que respete la diversidad de opiniones y pensamientos.

Denuncia revela una supuesta trama de corrupción en el sector de seguros de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional

Un documento recientemente presentado ante la Justicia Federal detalla una serie de presuntas maniobras fraudulentas que involucran a figuras destacadas del ámbito político y empresarial en Argentina. La denuncia, firmada por los abogados Yamil Darío Santoro y José Lucas Magioncalda, en representación de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, se enfoca en prácticas presuntamente ilícitas en el sector de seguros, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en el ámbito nacional.

Los principales implicados y el entramado denunciado

El escrito señala al expresidente de la Nación Alberto Fernández, al exgerente de Provincia Seguros y Nación Seguros Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa como los principales responsables de un esquema que habría operado durante más de 20 años, desviando fondos públicos mediante la utilización de intermediarios en contrataciones monopólicas de seguros.

El esquema, que habría tenido su origen en la década de 1990, se consolidó en el Grupo BAPRO bajo la dirección de Fernández como vicepresidente. Durante su gestión, el grupo absorbió la empresa Vanguardia S.A., propiedad de la familia Martínez Sosa, en una operación que resultó ruinosa y que presuntamente dejó al Banco Provincia con deudas millonarias.

El decreto 785/2004 y su presunta violación

En 2004, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó el decreto 785, que establecía que las contrataciones de seguros por parte de entes provinciales debían realizarse exclusivamente con Provincia Seguros S.A., prohibiendo explícitamente la participación de intermediarios como agentes institorios. Sin embargo, según la denuncia, esta normativa fue sistemáticamente ignorada, y agentes institorios vinculados a Martínez Sosa fueron contratados, cobrando comisiones de hasta un 15%.

Estas maniobras habrían sido replicadas a nivel nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un decreto que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., facilitando el uso de brokers o intermediarios, en contravención a los principios establecidos en el decreto provincial.

Documentación y pruebas presentadas

El documento incluye referencias a casos judiciales, como las causas laborales de los exagentes institorios Roberto Paulo Astudiano y Víctor Hugo González, que evidencian la existencia de intermediarios en municipios de la provincia. Además, la denuncia solicita medidas de prueba como allanamientos, auditorías contables y la recopilación de documentos de Provincia Seguros S.A. y de los municipios involucrados.

Consecuencias económicas y sociales

El daño económico acumulado se estima en montos millonarios, afectando gravemente al erario público. La denuncia argumenta que el sistema de intermediarios no solo contraviene las leyes vigentes, sino que también representa una forma de malversación de fondos públicos y fraude a la administración.

¿Qué sigue?

La denuncia solicita que la Justicia investigue estos hechos, dado que, según los denunciantes, el delito es de carácter continuado y no ha prescrito. Además, se resalta la necesidad de identificar a todos los responsables, incluidos quienes facilitaron o participaron en la implementación de este esquema.

La causa podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la administración pública, particularmente en sectores estratégicos como los seguros, donde la transparencia y la eficiencia son fundamentales.

Este caso expone la importancia de una gestión pública responsable y de la vigilancia ciudadana para evitar que maniobras fraudulentas perjudiquen a la sociedad. La Justicia tendrá ahora la tarea de esclarecer los hechos y, de ser cierto lo denunciado, sancionar a los responsables.

El calvario del personal de las fuerzas de seguridad en Argentina: bajos salarios, pluriempleo y un sistema de reclamos ineficaz

El personal de las fuerzas de seguridad y policiales en Argentina enfrenta una realidad alarmante que afecta su calidad de vida y, en última instancia, su capacidad para cumplir con su labor fundamental: proteger a la ciudadanía. Problemas como los bajos salarios, la necesidad de pluriempleo, la ineficacia en los mecanismos de reclamo y condiciones laborales desafiantes generan una crisis dentro de las instituciones.

Salarios insuficientes: 30% por debajo del RIPE

El principal reclamo del personal es la insuficiencia salarial. Según datos referidos en múltiples quejas, los integrantes de las fuerzas suelen percibir un ingreso que se encuentra un 30% por debajo del Registro de Indicadores del Poder Ejecutivo (RIPE). Esto los coloca en una situación de precariedad económica que les impide cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.

El aumento salarial a las fuerzas es una verguenza.

El documento firmado por @MartinSiracusa muestra que la gran mayoría del personal no puede siquiera entrar a un alquiler de un monoambiente.

Ni siquiera llega al RIPTE.

Es una vergüenza.@JMilei @PatoBullrich @LuisCaputoAR pic.twitter.com/hDakAzSF7u

— 🦁🤝🦆 Ona Duarte 🇦🇷 🇻🇪 (@duarte_ona) November 27, 2024

Con una inflación que continúa en aumento y ajustes salariales que no superan el 1% mensual en muchos casos, los salarios han quedado completamente desfasados frente al costo de vida. Los integrantes de las fuerzas han llegado al extremo de buscar formas alternativas de ingreso, como trabajar para aplicaciones de transporte o delivery, lo que genera serios conflictos en sus vidas personales y profesionales.

El pluriempleo: una necesidad que genera desgaste

Ante la imposibilidad de sostenerse económicamente con sus ingresos regulares, muchos oficiales y suboficiales recurren al pluriempleo. Sin embargo, esta alternativa no es viable a largo plazo. Las jornadas laborales que exceden las 12 horas, sumadas al esfuerzo adicional que implica trabajar en actividades paralelas como Uber o delivery, llevan a un desgaste físico y emocional extremo.

Este desgaste no solo afecta su desempeño en las fuerzas, sino también su vida personal, generando estrés, problemas familiares y una constante sensación de frustración al no poder salir del círculo vicioso de la precariedad.

Condiciones laborales: traslados, horarios y explotación

A la problemática salarial se suman las exigencias de las condiciones laborales. El personal es constantemente trasladado de un lugar a otro, a menudo sin previo aviso, lo que dificulta establecer una vida estable. Cambios de horarios intempestivos, jornadas de 24 horas y la falta de controles sobre las horas extras contribuyen a la percepción de explotación laboral.

Escala Salarial PFA mediante RESOL-2024-1270-APN-MSG ordenado de mayor a menor remuneración

Escala Salarial PFA mediante RESOL-2024-1270-APN-MSG agrupado por escalafón

 

Un suboficial puede pasar años cumpliendo con todas estas exigencias para luego descubrir que un oficial con mucho menos tiempo de servicio y experiencia percibe un salario igual o mayor. Estas desigualdades generan un profundo malestar y desmotivación en los cuadros más bajos, quienes son los que realmente sostienen la operatividad de las fuerzas.

La falta de canales efectivos para reclamar

Otro de los puntos críticos es la inexistencia de canales efectivos y eficientes para presentar reclamos. Los integrantes de las fuerzas, por la naturaleza de su labor, no pueden realizar huelgas ni manifestaciones públicas, lo que limita sus posibilidades de expresar sus demandas.

Los sistemas internos de reclamos suelen ser burocráticos y no brindan soluciones reales. En muchos casos, quienes presentan quejas son objeto de represalias o son ignorados por sus superiores. Esta desconexión entre las bases y las autoridades contribuye a agravar el descontento generalizado.

Un llamado urgente a las autoridades

El texto que sirve de referencia para este artículo refleja el sentimiento de frustración y desilusión que prevalece entre el personal. Las palabras de un suboficial con más de 30 años de servicio son un grito de auxilio que no debe ser ignorado: "Nos están matando con los alquileres; no nos alcanza ni para comer. El gobierno dice que la inflación está en 3 % mensual y nos da un aumento del 1 %. ¿Es una tomada de pelo?".

Es evidente que las autoridades deben actuar de manera urgente para atender estos reclamos. No se trata solo de ajustar salarios, sino de reformar integralmente las condiciones laborales, garantizar una distribución justa de los recursos y establecer canales efectivos para escuchar y resolver las demandas del personal.

El futuro de las fuerzas

En un contexto de creciente inseguridad, la estabilidad y el bienestar del personal de las fuerzas son esenciales para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, si no se toman medidas inmediatas, las instituciones corren el riesgo de enfrentar un colapso interno.

Las autoridades del ministerio de seguridad que fijan las escalas salariales (y luego las fuerzas liquidan de forma muy dispar) son Patricia Bullrich, Alejandra Susana Monteoliva, Carlos Alberto Manfroni, Martín Siracusa, Diego Hernán Goldman, Gustavo Luis Gavassa, María Lorena Petrovich. Cabe destacar que muchos reclamos que se han hecho al Ministerio de Seguridad terminan archivados sin resolución y exponiendo al personal que denuncia ante sus superiores, instando a acciones de violencia institucional, plenamente documentado en el sistema oficial GDE. Dentro del área de la Directora Nacional de Bienestar María Lorena Petrovich suceden muchas de estas acciones ignoradas institucionalmente.

Es fundamental que los altos mandos y las autoridades políticas comprendan que el personal no es solo un recurso, sino seres humanos con necesidades y derechos. Garantizarles un salario digno, condiciones de trabajo justas y un sistema de reclamos funcional no es solo un acto de justicia, sino una inversión en la seguridad y el futuro del país.

El texto completo:

 

"Sra. Ministra de seguridad, Sr. Director Nacional de Gendarmería, quien suscribe, suboficial principal [CENSURADO], me dirijo a ustedes a fines de hacerles saber el malestar que hay de parte de la gran mayoría de los integrantes de la fuerza, especialmente en el cuadro de suboficiales. ¿Les parece a ustedes que nos estén pagando un sueldo de hambre y salgan todos los días a hacer política por todos los canales de televisión con nosotros? ¿Les da la cara? Son unos sinvergüenzas. La mayoría de nosotros los votó para que nuestra vida mejorara y vemos que no es así. Estamos cada día peor. Nos están matando con los alquileres; no nos alcanza ni para comer. El gobierno dice que la inflación está en 3 % mensual y nos da un aumento del 1 %. ¿Es una tomada de pelo? ¿No les da vergüenza que muchos de los integrantes de las fuerzas federales anden haciendo UBER para poder comer? Debería darles vergüenza. Son unos cara duras. Cobran sueldos millonarios y a los que ponemos el pecho todos los días nos tienen matando de hambre, mientras que ustedes comen sushi y caviar en el ministerio. La verdad, en estos más de 30 años de servicio que llevo en la Institución solo he pasado manoseos. Los suboficiales, que somos los que hacemos el trabajo, tenemos que aguantar que un alférez que no sabe ni dónde está parado, con 6 años de servicio, cobre lo mismo que un sargento con 13 años de servicio. ¡Basta de manoseo! Dejen de robar con las horas extras. Pida un listado, Sra. Ministra, de quién cobra todos los meses: el 90 % son oficiales que se cargan sin trabajar porque a ellos nadie los controla. Están sentados en una silla los 365 días del año viendo qué boludeces inventar para molestar a los suboficiales, a los más jóvenes. Les pido que no se dejen manosear como nos hicieron a nosotros durante años. El Director Nacional es un mentiroso. Prometió que iba a atender nuestro reclamo de equiparar los sueldos con los oficiales y jamás lo hizo. Después no se quejen cuando vuelva a pasar un 2012. Dejen de hacer política con nosotros y paguen un sueldo decente. Ustedes cobran millones y nos matan de hambre a nosotros. Terminen con la explotación de las 24 horas de servicio; eso no tiene que existir más. Vivimos en el año 2024. Por último, le pido al personal subalterno, que son el futuro de la institución, que no se dejen manosear más con estos cara duras. Tienen la suerte de tener las redes sociales para difundir todos los actos de corrupción que cometen estos caraduras."

Detectan sobreprecios en medicamentos en hospitales: el desafío de la transparencia y los controles cruzados

El Gobierno Nacional ha denunciado irregularidades significativas en la adquisición de medicamentos en hospitales públicos y bajo gestión compartida, donde se identificaron sobreprecios de hasta un 495%. Esta problemática pone en evidencia fallas estructurales en los procesos de compra y la necesidad urgente de implementar medidas para garantizar la transparencia y prevenir la corrupción en el sistema de salud.

Las vías de las irregularidades

Según el análisis gubernamental, existen tres circuitos principales que generan sobreprecios en la adquisición de medicamentos:

1. Falta de planificación y compras de urgencia: En ausencia de planificación adecuada, los hospitales recurren a droguerías intermediarias, las cuales cobran precios superiores a los ofrecidos directamente por los laboratorios. Aunque los imprevistos pueden justificar compras urgentes, expertos como Héctor Carvallo, exadministrador del Hospital Interzonal de Ezeiza, señalan que muchas de estas situaciones pueden anticiparse con una planificación estratégica.

2. Acuerdos cerrados con intermediarios: Algunos hospitales establecen convenios exclusivos con droguerías, limitando la competencia y favoreciendo precios inflados. Este modelo se agrava cuando las licitaciones públicas incluyen cláusulas restrictivas que desincentivan la participación de laboratorios, perpetuando relaciones con proveedores específicos.

3. Distorsión en licitaciones: En algunos casos, las licitaciones presentan irregularidades administrativas que benefician a oferentes específicos, invalidando ofertas más competitivas. También se reportan prácticas para encubrir sobreprecios bajo fórmulas "prolijas" que no despiertan sospechas en auditorías superficiales.

Casos concretos

El informe gubernamental destacó ejemplos específicos que ilustran la magnitud del problema:

• En el Hospital Posadas, se adquirió Diclofenac ampolla al 274,9% por encima del precio de venta al público (PVP).
• En el Hospital Sommer, se identificaron compras de Amoxicilina con ácido clavulánico al 98% sobre el PVP.
• En el Hospital Cuenca Alta (SAMIC), el precio de Sugammadex ampolla superó en un 6,6% el precio de referencia Kairos.
• En el Hospital El Cruce, el Omeprazol comprimido alcanzó un precio 495% superior al establecido por Kairos.

Desde el Ministerio de Salud, se ha establecido un nuevo límite de precios: ningún medicamento podrá superar el 65% del precio de venta al público según la lista Kairos. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance y la sostenibilidad de esta medida en el tiempo.

Importancia de los controles cruzados y la interoperabilidad

Para combatir las irregularidades, expertos subrayan la necesidad de implementar controles cruzados entre diferentes niveles de gestión. Esto implica la interoperabilidad de los sistemas de información de compras hospitalarias, permitiendo un seguimiento en tiempo real de los precios y proveedores. La transparencia puede reforzarse mediante:

• Plataformas digitales centralizadas: Integrar una base de datos única de proveedores y precios estandarizados accesible a nivel nacional.
• Auditorías independientes: Supervisión constante por entidades externas, lo que reduce la posibilidad de connivencia.
• Red hospitalaria colaborativa: Permitir que hospitales compartan insumos en situaciones de emergencia, reduciendo la dependencia de intermediarios.
• Educación administrativa: Capacitar a gestores en planificación de compras y elaboración de licitaciones abiertas y competitivas.

Reflexiones finales

La detección de sobreprecios en medicamentos evidencia un problema sistémico que requiere cambios profundos en los procesos de compra pública. Garantizar la transparencia no solo es un acto de justicia hacia los ciudadanos, sino una medida fundamental para maximizar el impacto de los recursos asignados al sistema de salud. La implementación de mecanismos simples y efectivos, como los controles cruzados y la interoperabilidad, representa un paso decisivo en la lucha contra la corrupción y en la protección del derecho a la salud.

Crisis en la Policía Bonaerense: Cuando el silencio institucional cobra vidas

En un nuevo episodio que sacude a la fuerza policial bonaerense, una joven oficial de Quilmes se encuentra en estado grave tras dispararse con su arma reglamentaria. 

Se disparó con su arma una joven oficial de la Bonaerense de Quilmes y está grave.

— Josefina López Mac Kenzie (@josefinalopezmk) November 20, 2024

Este incidente, reportado el 19 de noviembre, no es un caso aislado sino el reflejo de una crisis institucional profunda que afecta a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Una Crisis que no Cesa

Los números son alarmantes: durante 2021, la institución perdió 36 efectivos por suicidio, mientras que solo seis fallecieron en actos de servicio. Con un promedio de tres suicidios mensuales, estas estadísticas representan el peor registro de los últimos cinco años. La tendencia continúa siendo preocupante, con 12 casos registrados durante 2023.

Condiciones Laborales en el Centro del Debate

La situación actual evidencia una problemática estructural caracterizada por:

• Sobrecarga laboral extrema
• Ausencia de contención psicológica adecuada
• Servicios "adicionales" obligatorios que implican desplazamientos excesivos
• Deterioro de las condiciones de trabajo

La Tragedia como Constante

El reciente caso de Quilmes se suma a una serie de eventos trágicos, como el accidente fatal ocurrido el 2 de noviembre en Carmen de Areco, donde cuatro efectivos de la Dirección de Caballería perdieron la vida en un choque con un camión cisterna. Los oficiales, originarios de Bahía Blanca, debían recorrer más de 700 kilómetros para cubrir un servicio en San Nicolás, ejemplificando la problemática de los "servicios adicionales" obligatorios.

Reformas Contraproducentes

La creación de las Unidades Tácticas de Operaciones Inmediatas (UTOI) por parte del Ministerio de Seguridad provincial ha generado nuevas tensiones. Esta iniciativa, lejos de solucionar problemas, ha debilitado la capacidad operativa de las comisarías locales, evidenciando un distanciamiento entre las decisiones políticas y las necesidades reales del personal policial.

El Derecho Negado a la Sindicalización

Un aspecto crucial que perpetúa esta crisis es la continua negativa a permitir la sindicalización del personal policial. Esta restricción impide que los efectivos puedan:

• Defender sus derechos laborales de manera organizada
• Negociar mejores condiciones de trabajo
• Establecer límites razonables a las exigencias laborales
• Participar en la toma de decisiones que afectan su bienestar

Un Llamado a la Acción

La sucesión de eventos trágicos demanda una revisión urgente de las políticas institucionales y laborales dentro de la fuerza. La implementación de programas efectivos de contención psicológica, la regulación de las jornadas laborales y el reconocimiento del derecho a la sindicalización son medidas fundamentales para prevenir futuros casos y proteger la salud mental de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad.

El 13 de Noviembre el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (pertenencienteal Ministerio de Capital Humano),  Julio Gabriel Cordero, negó el derecho constitucional a la sindicalización del personal policial "Rechazase el pedido de Inscripción Gremial formulado por el SINDICATO POLICIAL Y PENITENCIARIO DE BUENOS AIRES, con domicilio en calle 834 Nº 2441, SAN FRANCISCO SOLANO, QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES." según RESOL-2024-815-APN-STEYSS#MCH (Resolución 815/2024).

El estado nacional, y en este caso por parte del organismo conducido por Sandra Pettovello sigue negando la realidad, y prohibiendo de hecho la aplicación de la garantía establecida en la constitución nacional para cualquier trabajador como es el caso del personal policial..

Es imperativo que las autoridades reconozcan que la salud mental y las condiciones laborales dignas del personal policial son elementos fundamentales para garantizar la seguridad pública. El costo humano de mantener el actual sistema ya es demasiado alto.

Masiva suspensión de cooperativas en Argentina revela posible fraude millonario

Una exhaustiva auditoría realizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha destapado un presunto esquema de irregularidades en el sector cooperativo argentino durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023). La investigación ha resultado en la suspensión inmediata de 8,588 cooperativas y 673 mutuales, con otras 7,887 cooperativas y 418 mutuales bajo investigación.

Hallazgos principales:

• Un incremento inexplicable del 139% en el registro de cooperativas entre 2019 y 2023 (de 9,978 a 23,836)
• Desembolsos por casi $30 mil millones en subsidios estatales
• El 97% del crecimiento se concentró en cooperativas de trabajo
• Múltiples irregularidades en la documentación y operación

Estructura del presunto fraude:

La investigación revela un patrón sistemático donde organizaciones vinculadas a movimientos sociales peronistas recibieron fondos significativos. Las principales beneficiarias y montos recibidos fueron:

1. Organizaciones vinculadas a Juan Grabois:
   • Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada: $1,2 mil millones
   • Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros: $1,2 mil millones
2. Movimiento Evita (dirigido por Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social):
   • Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada
   • Asociación Civil SER.CU.PO: $639,245,356
3. Corriente Clasista y Combativa (CCC):
   • Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada: $651,824,359
   • Federación de Cooperativas "René Salamanca-C.C.C Limitada": $468,436,432
4. Somos Barrios de Pie:
   • Asociación Civil Caminos de Tiza: $305,277,990

Irregularidades detectadas:

1. Superposición de asociados:
   • Se encontraron personas registradas simultáneamente en hasta 14 cooperativas diferentes
   • Imposibilidad práctica de que un individuo trabaje en múltiples cooperativas con objetos sociales distintos
2. Documentación:
   • Falta generalizada de presentación de balances
   • Ausencia de registros de asambleas
   • Incumplimiento en la rendición de cuentas de subsidios
3. Administración:
   • Conflicto de intereses: funcionarios ocupaban simultáneamente cargos en el gobierno y en las organizaciones beneficiarias
   • Alexandre Roig (ex presidente del INAES) era dirigente del Movimiento Evita mientras ocupaba su cargo

Medidas implementadas:

El actual director del INAES, Marcelo Collomb, ha iniciado un proceso de depuración que incluye:

• Suspensión inmediata de cooperativas irregulares
• Apertura de sumarios administrativos
• Revisión de todas las cooperativas creadas en 2023
• Intimación para regularización documental

Implicaciones legales:

Existen investigaciones judiciales en curso por:

• Posible lavado de dinero
• Caso de los "guardapolvos fantasma"
• Irregularidades en contratación de seguros
• Desvío de fondos públicos

Esta investigación revela un presunto esquema de utilización de cooperativas como mecanismo para canalizar fondos públicos hacia organizaciones políticas afines, aprovechando la falta de controles efectivos durante la administración anterior.

Graves Irregularidades en Sumarios Administrativos del Servicio Penitenciario Federal Revelan Crisis Sistémica en la Defensa del Personal de Seguridad

En los considerandos del decreto DECTO-2024-1009-APN-PTE, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha emergido una situación que podría configurar múltiples delitos tipificados en el Código Penal argentino. 

La detección de presuntas irregularidades en las firmas del instructor y el secretario del sumario administrativo no solo debe dar obligado al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario Federal a iniciar una investigación inmediata, sino que podría constituir una violación al artículo 292 del Código Penal, que tipifica la falsificación de documentos públicos con penas de hasta 6 años de prisión, agravadas cuando el autor es funcionario público según el artículo 298.

La falta de acción ante estas irregularidades podría derivar en cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, establecidos en el artículo 249 del Código Penal, ya que la omisión de denunciar un posible delito constituye una violación directa a las obligaciones establecidas en la Ley 25.164 de Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

Los fundamentos de esta grave situación se encuentran en la denuncia penal radicada por el involucrado en consecuencia del sumario administrativo, quien ha presentado evidencia sobre la existencia de firmas falsas en los documentos oficiales. El denunciante ha aportado como prueba un peritaje caligráfico que, según sus declaraciones, confirma la falsedad de las firmas, lo cual no solo pone en entredicho la legitimidad del proceso administrativo sino que constituye una violación directa al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Esta situación se enmarca en una problemática estructural que afecta a las fuerzas de seguridad y policiales en Argentina, donde el personal enfrenta obstáculos sistemáticos para ejercer su defensa efectiva, en clara contradicción con la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos (más allá que se aleguen leyes especiales que impiden ejercer efectivamente derechos consagrados en la constitución nacional). 

Los mecanismos para contrarrestar o cuestionar sanciones son notoriamente insuficientes, caracterizados por plazos exiguos para presentar recursos, dificultades para acceder a la documentación completa y restricciones para obtener copias de expedientes. Incluso ante probadas irregularidades por peritos, el Ministerio de Seguridad, con la firma de la Ministra Patricia Bullrich, y con la firma del Presidente de la Nación Javier Milei, parece hacer caso omiso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, en fallos como "Astorga Bracht" (1984) y "Losicer" (2012), la necesidad imperativa del debido proceso en procedimientos administrativos. Sin embargo, la realidad actual del sistema revela un contexto que puede interpretarse como una forma de violencia institucional avalada por el propio Ministerio de Seguridad, donde las garantías constitucionales y legales son frecuentemente soslayadas.

El caso actual pone de manifiesto deficiencias críticas en múltiples niveles:

• Ausencia de una defensoría específica para personal de fuerzas de seguridad
• Costos prohibitivos para acceder a defensa privada especializada
• Falta de sistemas de control cruzado en sumarios administrativos

Esta situación podría generar responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de garantías fundamentales protegidas por tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad que deberían dar alguna respuesta ante esta situación son: Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad de la Nación),  Alejandra Susana Monteoliva (Secretaria de Seguridad), Carlos Alberto Manfroni (Titular de la Unidad Gabinete de asesores), Martín Siracusa (Secretario de Coordinación Administrativa), Diego Hernán Goldman (Subsecretario Legal), Julián Marcelo Curi (Subsecretario de Asuntos Penitenciarios), María Lorena Petrovich (Directora Nacional de Bienestar).

El Ministerio de Seguridad deberá ahora no solo investigar las irregularidades denunciadas sino también implementar reformas estructurales urgentes para garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos. Entre las medidas necesarias se encuentran la creación de órganos de control independientes, la implementación de protocolos de transparencia y la reforma integral del sistema de sumarios.

Esta crisis institucional demanda una respuesta que trascienda la mera investigación de las irregularidades detectadas y aborde las deficiencias estructurales del sistema. La situación actual no solo compromete los derechos individuales del personal de seguridad sino que amenaza la integridad y eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad pública en Argentina.

La Importancia de la Baja del Riesgo País para la Seguridad Económica y Prosperidad Nacional

Introducción y Contexto Macroeconómico

El riesgo país es un indicador fundamental que va más allá de ser un simple número: representa la salud económica integral de una nación y su capacidad para garantizar la seguridad financiera de sus ciudadanos. Este indicador refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la probabilidad de que un país cumpla con sus obligaciones financieras, pero también se relaciona directamente con la estabilidad social y la seguridad nacional en múltiples dimensiones.

Impacto en la Seguridad Nacional

Seguridad Económica

• Estabilidad Monetaria: Un menor riesgo país fortalece la moneda nacional, reduciendo la vulnerabilidad ante ataques especulativos.
• Reservas Internacionales: Mejora la capacidad del país para mantener reservas adecuadas, crucial para la seguridad económica.
• Autonomía Financiera: Reduce la dependencia de prestamistas de última instancia como el FMI.

Seguridad Social

• Empleo y Bienestar: Mayor inversión significa más empleos formales y mejor protección social.
• Reducción de la Pobreza: Mejor acceso a financiamiento permite expandir programas sociales efectivos.
• Estabilidad Política: La mejora económica reduce el riesgo de conflictos sociales.

Dimensión Económica Ampliada

Indicadores Macroeconómicos

1. Balance Fiscal
   • Menor costo de financiamiento del déficit
   • Mayor capacidad de inversión pública
   • Sostenibilidad de la deuda mejorada
2. Sector Externo
   • Fortalecimiento de la balanza comercial
   • Mayor atracción de inversión extranjera directa
   • Diversificación de socios comerciales

Prosperidad y Desarrollo

Factores de Crecimiento Sostenible

• Innovación y Tecnología: Mayor acceso a financiamiento para I+D
• Infraestructura: Posibilidad de desarrollar proyectos de largo plazo
• Capital Humano: Inversión en educación y capacitación

Competitividad Internacional

• Mejora en rankings globales de competitividad
• Mayor atractivo para cadenas de valor globales
• Desarrollo de sectores estratégicos

Evolución Reciente del Riesgo País en Argentina

A continuación, se detalla la evolución del riesgo país en los últimos días:

• 08-11-2024: 850
• 07-11-2024: 859
• 06-11-2024: 870
• 05-11-2024: 933
• 04-11-2024: 955
• 01-11-2024: 955
• 31-10-2024: 984
• 30-10-2024: 956
• 29-10-2024: 933
• 28-10-2024: 914
• 25-10-2024: 967
• 24-10-2024: 1036
• 23-10-2024: 1103

Análisis de Tendencia y Seguridad

La reducción del riesgo país desde 1103 a 850 puntos representa una mejora significativa en múltiples aspectos:

Impacto en la Seguridad Económica

1. Estabilidad Financiera
   • Menor vulnerabilidad a shocks externos
   • Mejor capacidad de respuesta ante crisis
   • Fortalecimiento del sistema bancario
2. Seguridad Energética
   • Mayor capacidad de inversión en infraestructura energética
   • Desarrollo de recursos estratégicos
   • Mejora en la matriz energética

Proyecciones y Escenarios Futuros

Escenario Optimista

• Riesgo país por debajo de 700 puntos
• Acceso a mercados internacionales normalizado
• Inversión extranjera directa creciente
• Mejora en calificaciones crediticias

Escenario Conservador

• Estabilización en niveles actuales
• Acceso limitado a mercados específicos
• Inversión extranjera selectiva
• Mantenimiento de calificaciones actuales

Recomendaciones para la Prosperidad Nacional

1. Fortalecimiento Institucional
   • Independencia del Banco Central
   • Transparencia fiscal
   • Marco regulatorio previsible
2. Desarrollo Productivo
   • Impulso a sectores estratégicos
   • Apoyo a PyMEs
   • Integración en cadenas globales
3. Seguridad Jurídica
   • Protección de inversiones
   • Cumplimiento de contratos
   • Sistema judicial eficiente

La reducción del riesgo país es un elemento central en la construcción de una nación próspera y segura. Va más allá de los mercados financieros: representa la capacidad del país para proteger a sus ciudadanos, garantizar su desarrollo y construir un futuro sostenible. El desafío para Argentina es mantener esta tendencia positiva mediante políticas consistentes que fortalezcan tanto la seguridad como la prosperidad nacional.

La convergencia entre seguridad económica, desarrollo sostenible y bienestar social dependerá de la capacidad para mantener esta tendencia favorable en el riesgo país, respaldada por políticas públicas coherentes y un compromiso firme con la estabilidad institucional.

La designación irregular del auditor en la Policía Federal Argentina: un análisis jurídico y sus implicaciones para la seguridad jurídica

La reciente designación del Sr. Sergio Gustavo Pérez de San Román como Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina por parte del Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich), a través de la Decisión Administrativa 985/2024, ha generado controversia por varias irregularidades, incluyendo el nombramiento bajo un "carácter transitorio" y de "excepción" por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos para el puesto. Esta situación suscita preguntas sobre la legalidad de su designación y las implicancias para la seguridad jurídica en las instituciones públicas del país. Dicha decisión fue firmada por Guillermo Francos y Patricia Bullrich.

Normativa incumplida

En Argentina, el acceso a cargos públicos está regulado por leyes y normas que establecen los requisitos mínimos para asegurar la idoneidad y la transparencia en la selección de personal. Uno de los pilares fundamentales es el Decreto 993/91, conocido como el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), que establece los requisitos mínimos para acceder a cargos públicos, incluyendo la necesidad de contar con un título universitario para posiciones de nivel jerárquico como la que ocupa el Auditor Adjunto General.

La decisión de designar a una persona que no cumple con este requisito básico viola los principios del artículo 16 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de acceso a los cargos públicos bajo condiciones de idoneidad. Esto también entra en conflicto con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece que los funcionarios deben ser seleccionados con base en sus méritos y capacidades, excluyendo toda forma de favoritismo.

Impacto en la seguridad jurídica

La seguridad jurídica se refiere al principio de que las leyes deben ser claras, estables y aplicadas de manera consistente, lo que garantiza previsibilidad y confianza en las instituciones. Cuando un funcionario es designado en base a criterios arbitrarios o excepcionales sin una justificación clara y sin cumplir con las normativas vigentes, se pone en riesgo este principio fundamental.

La designación de un auditor que no cumple los requisitos legales para el cargo afecta la transparencia y credibilidad de las auditorías realizadas por la Policía Federal Argentina, que son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Además, genera incertidumbre sobre la objetividad e imparcialidad de la supervisión interna en una institución tan crítica para la seguridad pública.

Importancia de procesos de selección transparentes y equitativos

El caso de la designación del Sr. Pérez de San Román ilustra la necesidad de procesos de selección de personal en el sector público que sean transparentes, equitativos y basados en los méritos. Cuando estos principios no se respetan, las decisiones se perciben como arbitrarias, erosionando la confianza en las instituciones.

El acceso a un puesto clave en una auditoría, especialmente en el ámbito de la seguridad, sin cumplir los requisitos establecidos, plantea serios riesgos. Un auditor con estas características podría no tener las competencias necesarias para detectar irregularidades o podría verse influenciado por intereses ajenos a los principios de la auditoría pública. Esto subraya la importancia de seleccionar personal con las cualificaciones adecuadas para el cargo, algo que no solo garantiza la eficiencia, sino que también fortalece la legitimidad del sistema público.

Conclusión

La designación irregular del Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina constituye una violación a la normativa vigente y afecta negativamente la seguridad jurídica del país. La transparencia y la equidad en los procesos de selección de personal son fundamentales para garantizar que las instituciones públicas funcionen de manera efectiva y bajo los principios de la ley. El respeto a las normativas y la idoneidad de los funcionarios no son meras formalidades; son garantías para preservar la confianza pública y la estabilidad institucional.

Este tipo de designaciones, que no siguen los procedimientos establecidos, generan incertidumbre y erosionan la confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley.