Denuncian al Movimiento Evita por desviar casi $4.000 millones del Potenciar Trabajo a sus cooperativas

"La causa es investigada por el juez Daniel Rafecas. “No solamente constituye actos ilícitos, sino que representa un escándalo moral”, se señala en el escrito. Acusan a Emilio Pérsico y a otros dirigentes de “estar de los dos lados del mostrador” porque son funcionarios, controlan el destino de los fondos y gestionan los convenios

La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de “convenios” amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.

Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.

En la causa penal que tramita en el despacho del juez federal Daniel Rafecas, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.

Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022."

Infobae