Un organismo clave con cuestionamientos recurrentes
A pesar del avance de la reforma estatal impulsada por el presidente Javier Milei, sectores como la Administración General de Puertos (AGP) continúan bajo la influencia de estructuras heredadas de gestiones previas, caracterizadas por presuntos desmanejos y pérdidas financieras considerables. La AGP, que administra el 70% de las importaciones y exportaciones del país, pasó de ser una empresa superavitaria en 2021 a registrar un déficit significativo en 2023, generando preocupaciones por su gestión y contrataciones.
De superávit a pérdidas millonarias
En 2021, la AGP cerró con un superávit de 28 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 reportó un déficit de 10 millones de dólares, cifra que se agravó en 2023, alcanzando los 45 millones de dólares. Estas pérdidas se atribuyen a la gestión de autoridades designadas durante el mandato de Sergio Massa en el Ministerio de Transporte, quienes aún mantienen un rol preponderante en el organismo.
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— Doctor House (@Bobmacoy) December 14, 2024
El exinterventor José Carlos Beni, designado en 2020 por Alberto Fernández, es uno de los nombres clave en esta transición. Aunque dejó su cargo como interventor en enero de 2024, sigue vinculado a la AGP como asesor, con un salario bruto de $6.491.532. Fuentes internas señalan que, debido a la inexperiencia del actual interventor Gastón Benvenuto, Beni mantiene una gran influencia en la toma de decisiones.
Contrataciones cuestionadas y proveedores recurrentes
Uno de los aspectos más controversiales de la gestión de la AGP son las contrataciones bajo la modalidad de "compulsa abreviada", creada para agilizar compras menores. En 2021, el límite para esta modalidad era de $300.000, pero actualmente asciende a $48 millones. Este incremento ha facilitado adquisiciones con poca supervisión, como la compra de tres simuladores 3D por casi 300.000 dólares en 2022.
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Asimismo, se destaca la recurrencia de los mismos proveedores en las licitaciones, incluyendo empresas como Unlimited Solutions SRL, Smarty Group SRL y Tecnología Vial Aplicada SA, cuyos directorios comparten nombres. Estas empresas han obtenido contratos en áreas diversas como eventos, chalecos salvavidas y neumáticos, generando sospechas sobre favoritismos.
Un caso reciente involucra a Global Gate SRL, que en 2024 ganó una compulsa abreviada por licencias Fortinet UTP por un valor de 7.000 dólares. La vinculación entre directivos de esta empresa y funcionarios de la AGP, como Verónica Piñero, plantea dudas sobre la transparencia en las contrataciones.
Los protagonistas de la “casta portuaria”
El organismo sigue dominado por figuras políticas y sindicales con influencia histórica. Entre los funcionarios que permanecen en cargos clave se encuentra Verónica Piñero, gerente general y responsable de firmar órdenes de compra con amplias facultades discrecionales. Además, Diego Salom, director de Planificación Estratégica, combina su rol jerárquico con liderazgos sindicales, mientras su hermano Leonardo Salom dirige el puerto de Dock Sud y la mutual AMEPORT. Ambos han sido relacionados con el sindicalista Hugo Moyano y Sergio Massa, y han experimentado mejoras significativas en su nivel de vida, según fuentes.
El “museo fantasma” y otras inversiones cuestionables
El proyecto de construcción del “Centro de Experiencia Portuaria” es otro ejemplo del desmanejo presupuestario. Adjudicado en 2022 con un costo inicial de $1.168 millones, su presupuesto se quintuplicó, alcanzando $5.600 millones, pese a que la obra solo tiene un avance del 6,8%. La empresa adjudicataria, Criba SA, ha recibido pagos millonarios sin justificar avances significativos.
Otro caso llamativo es la impresión de 1.000 libros de fotografías del puerto por $34 millones en 2024. Aunque estos serían comercializados en un sitio e-commerce inexistente, la contratación fue aprobada por Verónica Piñero bajo la modalidad de compulsa abreviada.
El impacto de las soluciones Fortinet y los proveedores en la gestión estatal
La elección reiterada de soluciones tecnológicas Fortinet en organismos públicos refleja una tendencia que merece análisis. En este contexto, el Ministerio de Seguridad de la República Argentina firmó un acuerdo con Fortinet en 2022 para fortalecer la ciberseguridad y combatir los ciberdelitos. Este acuerdo incluye la provisión de información para detectar y prevenir amenazas, así como programas de formación en ciberseguridad. Empresas proveedoras como Global Gate SRL han ganado licitaciones con montos considerables, mientras que la falta de diversificación en los proveedores genera sospechas de connivencia. Este fenómeno no es exclusivo de la AGP, ya que se observa también en otros organismos.
Conclusión
La Administración General de Puertos, lejos de ser transformada por las políticas de reducción del gasto y desregulación, continúa operando bajo dinámicas que favorecen a un grupo reducido de actores políticos y económicos. Mientras los funcionarios y proveedores cuestionados permanecen, el organismo enfrenta un futuro incierto, con una gestión que no ha logrado revertir las pérdidas ni garantizar la transparencia en sus operaciones.
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