El municipio bonaerense de Tornquist fue escenario de intensos conflictos en torno a la aprobación del nuevo Código Tributario 2025, que incluye aumentos de hasta un 150% en las tasas municipales. El oficialismo, encabezado por el intendente Sergio Bordoni (UxP), logró convalidar la medida en una sesión marcada por tensiones, protestas y la intervención policial. Sin embargo, la decisión desató un fuerte repudio por parte de sectores productivos, como el agro, y de vecinos que consideran desproporcionados los incrementos, dada la calidad de los servicios prestados.
La importancia de la libertad económica y la reducción del gasto público
Este episodio pone en evidencia una problemática recurrente en la administración pública: la falta de control sobre el gasto estatal y su impacto en las libertades individuales y la prosperidad de los ciudadanos. Los aumentos impositivos, como los de Tornquist, limitan la capacidad de las personas para disponer de su propio dinero, afectando tanto a productores como a trabajadores locales.
El concejal Luis Castro (Juntos por el Cambio) cuestionó la lógica detrás del ajuste. Según explicó, el Ejecutivo municipal justificó los aumentos como un intento de recuperar lo perdido en 2023, cuando la inflación superó el 200% y las tasas solo aumentaron un 60%. Sin embargo, Castro sostuvo que no es razonable trasladar este ajuste directamente a los contribuyentes, especialmente cuando la calidad de los servicios, como el mantenimiento de los caminos rurales, deja mucho que desear.
Alfredo Belardinelli, productor agropecuario y referente de la Asociación Rural de Tornquist, coincidió en que la medida es desproporcionada y carece de relación con la realidad económica. Además, denunció la falta de contraprestación de los servicios, señalando que los caminos rurales de la zona se encuentran en estado crítico, afectando tanto a los productores como a los turistas que visitan el Cerro Tres Picos, un importante destino local.
El desafío de un Estado eficiente
El caso de Tornquist refleja la necesidad de adoptar políticas que reduzcan el tamaño del Estado y promuevan una gestión eficiente y austera. Un aparato estatal sobredimensionado tiende a generar un gasto excesivo que, en lugar de solucionar problemas estructurales, se financia con mayores impuestos, afectando la productividad y el desarrollo local.
Controlar el gasto público no solo aliviaría la carga fiscal sobre los ciudadanos, sino que también fomentaría la inversión y el crecimiento económico. Un Estado más pequeño, con funciones claras y bien definidas, permitiría canalizar recursos hacia áreas prioritarias, como la infraestructura, en lugar de perpetuar una burocracia ineficiente.
Hacia un equilibrio entre Estado y contribuyente
La reducción de impuestos y la contención del gasto no solo mejoran la prosperidad, sino que fortalecen la libertad individual. Casos como el de Tornquist deben llevarnos a reflexionar sobre la importancia de un Estado que sirva como facilitador del desarrollo y no como un obstáculo.
La controversia en Tornquist no es solo un debate local, sino un llamado a replantear el equilibrio entre el aporte de los contribuyentes y la responsabilidad de los gobiernos en administrar esos recursos con eficiencia y justicia.
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