En un importante avance hacia la transparencia y la ética en la función pública, el Decreto 1084/2024, firmado por el Presidente de la Nación, establece nuevas normativas que prohíben el uso de recursos públicos para fines proselitistas o de promoción personal. Este decreto refuerza los principios republicanos y de neutralidad en la gestión de bienes estatales, garantizando un trato igualitario a toda la ciudadanía.
¿Qué establece el Decreto?
- Prohibición de propaganda partidaria: Queda expresamente vedada la exhibición de imágenes, símbolos o referencias personales de funcionarios en bienes públicos como edificios, monumentos, oficinas y obras de infraestructura.
- Restricciones en denominaciones: Los bienes del Estado no podrán ser nombrados en honor a personalidades políticas antes de transcurridos diez años de su fallecimiento, evitando la asociación inmediata con intereses partidarios.
- Denuncias ciudadanas: Se habilita un mecanismo gratuito para que cualquier ciudadano denuncie violaciones a las disposiciones a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
- Sanciones: El incumplimiento será considerado una falta grave con posibles consecuencias administrativas, patrimoniales y penales para los responsables.
El Proselitismo y su Impacto en la Democracia
El proselitismo desde los organismos públicos constituye una práctica que “inclina la cancha” en favor de quienes ostentan el poder. Esto genera un desequilibrio en la competencia política, desvirtuando el principio de igualdad que debería regir en un sistema democrático.
Cuando los recursos del Estado, que pertenecen a todos los ciudadanos, son utilizados para la autopromoción de un funcionario o partido, se produce una apropiación indebida de bienes públicos. Esto no solo es moralmente cuestionable, sino que también fomenta la polarización y mina la confianza en las instituciones.
La Importancia de la Ecuanimidad en los Organismos Públicos
La administración pública debe actuar como un espacio neutral que garantice el respeto a todas las ideologías y ciudadanos. El uso de recursos públicos para fines partidarios no solo vulnera la ética pública, sino que genera una percepción de favoritismo y exclusión hacia quienes no comparten la misma visión política.
El decreto reafirma que los bienes y recursos del Estado están destinados al interés general y no pueden convertirse en herramientas de propaganda que distorsionen el debate democrático. La transparencia y la imparcialidad en la función pública son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar los principios republicanos.
Un Paso Hacia una Democracia Más Justa
El Decreto 1084/2024 busca poner un límite claro al abuso de poder y fomentar un gobierno transparente, ético y equitativo. Con medidas como esta, se envía un mensaje contundente: la democracia no debe ser manipulada con recursos públicos, y los bienes del Estado deben servir exclusivamente al bienestar de la sociedad.
En una democracia sana, la competencia política debe basarse en propuestas, ideas y soluciones, no en el uso ventajoso de los recursos que pertenecen a todos. La ecuanimidad en los organismos públicos es la base para garantizar una verdadera igualdad ante la ley y un sistema representativo que respete la diversidad de opiniones y pensamientos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario