Denuncian posibles irregularidades en la contratación de tobilleras electrónicas adjudicada a empresa de Mario Montoto

Empresas internacionales y legisladores denunciaron presuntas irregularidades en la licitación del servicio de tobilleras electrónicas que se encamina a adjudicar el Ministerio de Justicia a Surely S.A., firma propiedad de Mario Montoto, por un monto de US$110.970.000, cifra superior a los valores de referencia estimados.

El proceso de contratación, que también abastecería al Ministerio de Seguridad, enfrenta cuestionamientos debido a que Surely fue la única empresa confirmada en competencia en una de las licitaciones, mientras que en la otra, la adjudicación ya se encuentra disponible para su oficialización. Según fuentes oficiales, el costo esperado rondaba los US$15 por día y por tobillera, pero la oferta de Surely ascendió a US$20,25 diarios, lo que representa un incremento significativo respecto a los valores inicialmente previstos.

Comparaciones con el mercado internacional reflejan que el costo en Argentina sería considerablemente más alto. En Colombia, servicios similares cuestan cerca de US$5 diarios, mientras que en Portugal ascienden a aproximadamente €7, de acuerdo con especialistas consultados.

Además del precio, se criticó la tecnología ofrecida por Surely, considerada obsoleta en comparación con los estándares actuales. A diferencia de los dispositivos modernos con GPS incorporado, el sistema propuesto utiliza radiofrecuencia para transmitir datos a un dispositivo intermedio, que luego conecta con la plataforma de monitoreo.

Mario Montoto, titular de Surely S.A., fue integrante del grupo armado Montoneros durante la década de 1970. Esta organización, junto al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), protagonizó numerosos atentados y acciones armadas en Argentina en el marco de una lucha revolucionaria que derivó en una escalada de violencia política en el país. Montoto ocupó un rol cercano a Mario Firmenich, uno de los máximos líderes de Montoneros.

La empresa brasileña Synergye, que presta servicios en países como Chile, Uruguay y Portugal, denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la existencia de una “grave situación de irregularidad”, al considerar que los pliegos de licitación estarían direccionados para favorecer a Surely, imposibilitando una competencia real. Synergye también advirtió que las garantías exigidas para impugnar los pliegos —US$3.501.720 en el caso del Ministerio de Justicia— resultaron prohibitivas para otros oferentes.

Por su parte, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó un reclamo formal en el que señaló la reiterada adjudicación de licitaciones a Surely desde 2015 en distintas provincias como Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. Frade alertó sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia y solicitó medidas cautelares para evitar daños mayores.

En tanto, Geostatis, firma de origen suizo con operaciones en 14 países, también manifestó objeciones sobre los requisitos técnicos de la licitación, que consideró orientados a favorecer exclusivamente a Surely. Representantes de la empresa indicaron que, debido a la exigencia de experiencia local en monitoreo, se redujo sustancialmente la posibilidad de competencia real, favoreciendo a quien ha prestado el servicio en Argentina durante las últimas dos décadas.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no oficializó la adjudicación, aunque el proceso avanza mientras las denuncias continúan acumulándose en distintas instancias administrativas y judiciales.

Grave retroceso en la seguridad pública por la inhabilitación del sistema de reconocimiento facial en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta actualmente un serio retroceso en materia de seguridad pública a raíz de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Esta medida, dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, responde a un amparo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), una organización no gubernamental cuya intervención y motivaciones han suscitado interrogantes en diversos sectores.

El SRFP, activo desde 2019, formaba parte del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido por la Ley 5688 y su modificatoria 6395. Basado en tecnologías de deep learning e inteligencia artificial, el sistema había logrado identificar y poner a disposición de la Justicia a más de 2.000 prófugos de distintas jurisdicciones, reforzando así la seguridad tanto en la Ciudad como a nivel federal.

La suspensión, dictada en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la neutralidad del proceso judicial, genera preocupación. Si bien ODIA alega riesgos de violaciones a la privacidad, el SRFP operaba exclusivamente en base a datos biométricos ya judicializados, cotejados contra registros oficiales como el CoNaRC y el RENAPER, bajo estrictos controles de legalidad y transparencia.

Especialistas advierten que el accionar del Juzgado N° 2, más que fundarse en comprobaciones técnicas fehacientes, parece apoyarse en hipótesis no corroboradas sobre supuestas intervenciones indebidas en bases nacionales de datos. Esto pone en cuestión no solo la razonabilidad del fallo, sino también el grado de objetividad del magistrado interviniente.

Adicionalmente, se ha planteado la inquietud respecto a los eventuales vínculos de las organizaciones demandantes con fuentes de financiamiento extranjeras, un factor que podría comprometer la imparcialidad de su accionar en temas de alta sensibilidad institucional como la seguridad pública.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires pierde el acceso a herramientas eficaces de identificación de prófugos, otros países avanzan en el uso del reconocimiento facial. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y al menos 109 naciones incorporan actualmente esta tecnología, ya sea para vigilancia fronteriza, control aeroportuario, prevención de delitos o seguridad carcelaria. Incluso organismos internacionales como Interpol emplean activamente este tipo de sistemas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La inactividad forzada del SRFP no solo afecta la prevención del delito, sino que incrementa el riesgo de impunidad, exponiendo a la ciudadanía a nuevas victimizaciones. En un contexto de creciente complejidad en materia criminal, la judicialización ideologizada de tecnologías eficaces puede tener consecuencias irreparables para la seguridad y la convivencia social.

Frente a este escenario, resulta imprescindible un debate serio y equilibrado que garantice tanto el respeto de los derechos fundamentales como el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la vida y la integridad de las personas.

Críticas a la ministra Patricia Bullrich por declaraciones erróneas sobre el patrono de la Ciudad de Buenos Aires

 En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió fuertes críticas en redes sociales tras brindar una respuesta incorrecta durante un breve intercambio con un periodista. Al ser consultada, Bullrich afirmó erróneamente que el Papa Francisco era el patrono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad lo es San Martín de Tours.

Falsa, impostada y bruta que no tiene ni idea que el patrono de la ciudad de Bs As es San Martín de Tours y no el Papa Francisco!!! Si no conocés tu Patria y su Religión, como la vas a amar montonera abortera multipartidaria!!!🤦‍♂️ https://t.co/BUF9bWgJyu

— Marcelo Llambías (@MarceloLlambia2) April 26, 2025

 

El error rápidamente generó reacciones en plataformas como X (ex Twitter), donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de precisión de la funcionaria. Entre los mensajes que se viralizaron, se destacaron comentarios que calificaron a Bullrich de "falsa", "impostada" y "bruta", señalando su desconocimiento sobre figuras centrales de la tradición religiosa y cultural de la ciudad.

En otro de los mensajes replicados, un usuario ironizó: "Roma, parece un chiste de mal gusto. La abortera Bullrich asistiendo al funeral de Francisco y diciendo que 'fue el patrono de CABA'. Ni idea tiene esta pobre mujer."

Hasta el momento, la ministra no ha emitido aclaraciones públicas sobre sus declaraciones.

Avanzan las investigaciones en la causa seguros: 40 teléfonos aún bloqueados mientras surgen nuevas líneas de indagación

En el marco de la investigación judicial sobre la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, más de 40 dispositivos móviles continúan sin poder ser desbloqueados, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Esta situación se da a pesar de que han transcurrido ya trece meses desde el inicio de la causa, durante los cuales se han secuestrado un total de 107 teléfonos celulares.

Entre los dispositivos que todavía no han podido ser accedidos se encuentra el de Daniel Rodríguez, conocido como "El Gordo", quien fuera intendente de la quinta de Olivos y considerado un hombre de máxima confianza del ex presidente. Según informaron las fuentes consultadas, 30 de estos teléfonos se encuentran actualmente en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intentar su desbloqueo, mientras que otros 10 esperan actualizaciones de software del programa UFED para poder ser analizados.
El juez Sebastián Casanello, quien tomó la causa a principios de febrero tras vencerse la subrogancia del juez Julián Ercolini, aguarda los resultados de estas pericias técnicas mientras continúa recolectando información en diversos organismos antes de decidir si procesa a los principales imputados.

Los investigadores han señalado que los teléfonos celulares han resultado determinantes desde el comienzo de esta causa. El dispositivo de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aportó conversaciones clave donde se mencionaban los seguros de la Cancillería y donde el ex presidente respondía "Ya me ocupo", frase que luego intentó explicar durante su declaración.

En el marco de estas nuevas líneas de investigación, el juez Casanello ha solicitado información adicional a la Cancillería sobre la decisión tomada el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART. También ha requerido datos a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo sobre posibles pólizas emitidas con intermediación de "Héctor Martínez Sosa y Compañía SA".

El contenido de varios teléfonos, incluido el del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández, ha sido resguardado en un legajo reservado, lo que ha limitado la difusión de su contenido. Fuentes judiciales indicaron que en estos dispositivos "no se encontró nada relevante".

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración anterior, con foco en comisiones millonarias. Entre los hallazgos se menciona la empresa Bachellier, presidida por Osvaldo Alfredo Tortora, que habría cobrado más de 1.665 millones de pesos en comisiones durante el gobierno de Fernández.

Atropello masivo en el festival Lapu Lapu en Vancouver

Un hombre de 30 años fue detenido y la Policía confirmó que el conductor era un “sospechoso solitario” conocido de las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. El jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

Varias personas murieron y otras resultaron heridas el sábado por la noche luego de que un conductor embistiera a una multitud durante un festival en la ciudad canadiense de Vancouver, según informaron las autoridades locales.

La policía confirmó que 9 personas perdieron la vida en el ataque. “Hasta el momento, podemos confirmar la muerte de nueve personas después de que un hombre atropellara a una multitud en el Festival de Lapu Lapu de anoche. Acompañamos en nuestros pensamientos a todos los afectados por este trágico incidente”, escribió la policía en X..

En el mismo mensaje, han señalado que el conductor del vehículo, según testigos un Audi SUV color negro, se encuentra ya detenido y han asegurado que irán proporcionando más detalles sobre el incidente “a medida que avance la investigación”.

El incidente ocurrió en el barrio Sunset on Fraser, mientras miembros de la comunidad filipina se congregaban para celebrar el Día de Lapu Lapu, según publicó el alcalde de Vancouver, Ken Sim, en redes sociales.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver en este momento increíblemente difícil”, escribió Sim.

En la primera rueda de prensa tras el incidente, el jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, ha identificado al detenido como un hombre de unos 30 años, oriundo de la ciudad, conocido por las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. Rai no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

La Policía, no obstante, sí ha descartado que lo ocurrido haya sido un acto de terrorismo, según un mensaje publicado por las fuerzas de seguridad de Vancouver en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también manifestó su pesar a través de un mensaje en X: “Estoy devastado al escuchar sobre los horribles acontecimientos en el festival Lapu Lapu en Vancouver esta noche. Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los fallecidos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes. Estamos siguiendo de cerca la situación y agradecidos a nuestros socorristas por su rápida acción.”

También, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó en un mensaje su conmoción y dolor ante el trágico suceso. Asimismo, el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, envió sus condolencias a las víctimas y a la comunidad filipina.

Una guardia de seguridad del festival, Jen Idaba-Castaneto, relató al medio local Vancouver Is Awesome que la escena era caótica. “Había cuerpos por todas partes. No sabías a quién ayudar, aquí o allá. Es muy impactante”, describió.

Un testigo relató a CTV News que observó un vehículo negro circulando de manera errática en las inmediaciones del festival momentos antes de que la multitud fuera atropellada. Según informó el Vancouver Sun, miles de personas se encontraban en la zona en el momento del incidente.

“Yo no pude ver al conductor, lo único que escuché fue el ruido del motor”, declaró Yoseb Vardeh, operador de un camión de comida, en una entrevista con Postmedia.

“Salí de mi food truck, miré hacia la calle y vi cadáveres por todas partes”, añadió Vardeh. “El vehículo recorrió toda la cuadra y se dirigió directamente hacia el centro del festival”.

“Había una señora con los ojos mirando hacia arriba, una de sus piernas ya estaba rota. Una persona la sostenía de la mano tratando de consolarla”, dijo otro de los testigos en su declaración.

Fotografías difundidas por la emisora CBC mostraron la presencia de equipos de emergencia en la escena, donde más temprano se habían reunido grandes multitudes para participar en un desfile, proyecciones de cine, bailes y un concierto en el que se presentaban dos miembros de Black Eyed Peas.

El festival, que conmemora al líder indígena filipino Lapulapu, quien derrotó al explorador portugués Fernando de Magallanes en 1521, coincidía este año con el fin de semana previo a las elecciones federales en Canadá. El incidente mortal se produce un año después de que el canadiense Nathaniel Veltman fuera condenado a cadena perpetua por atropellar a una familia musulmana con su camión en Ontario en 2021.

El incidente ha ocurrido a pocas horas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán este próximo lunes en Canadá. El rival de Carney, Pierre Poilievre, se ha declarado “conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche”.

“Mis condolencias están con la comunidad filipina y todas las víctimas de este ataque sin sentido. Gracias a los socorristas que se encuentran en el lugar mientras esperamos más información”, ha añadido Poilievre.