En una votación realizada durante la madrugada, la Legislatura bonaerense aprobó una modificación clave a la carta orgánica del Banco Provincia: la ampliación de su directorio de ocho a catorce integrantes. El cambio, impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, fue determinante para alcanzar los dos tercios necesarios que habilitaron un nuevo endeudamiento por hasta USD 3.685 millones. Sin embargo, el mecanismo generó fuertes cuestionamientos por la discrecionalidad con la que se distribuyeron cargos de alta remuneración entre oficialismo y oposición.
La reforma creó nueve vocalías, tres vocalías asociadas y dos sindicaturas adicionales, manteniendo a Juan Cuattromo en la presidencia. El oficialismo aseguró para sí un bloque mayoritario: cuatro lugares propios vinculados al gobernador, además de representantes de La Cámpora y del Frente Renovador. Entre los designados figuran Julio Pereyra, Carlos “Cuto” Moreno, Carlos Orsigher y Alejandro Formento, junto a Martín Rodrigo Rodríguez y Laura González por la organización que lidera Máximo Kirchner. El massismo también reforzó su peso con los intendentes Javier Osuna y Javier Bordoni.
El reparto, sin embargo, no se limitó al peronismo. Para garantizar los votos que permitieran tratar el endeudamiento, parte de la oposición también obtuvo cargos estratégicos. El PRO incorporó al directorio a los ex diputados Matías Ranzini y Adrián Urrelli, cercanos a Cristian Ritondo y Néstor Grindetti, respectivamente. La UCR, tras un acuerdo entre Evolución —el sector de Maximiliano Abad— y espacios afines a Emilio Monzó, obtuvo dos sillas para Fernando Pérez y Marcelo Daletto, además de lugares adicionales en otros organismos. Incluso los llamados “libertarios dialoguistas” lograron ubicar a Fernando Rozas, ex titular del Servicio Penitenciario bonaerense.
En contraste, algunos bloques quedaron marginados de la negociación. Un sector de la UCR —los intendentes alineados con Miguel Fernández— rechazó la reforma y votó en contra. La Libertad Avanza no participó del reparto, aunque la ausencia del diputado Ramón Vera durante la votación del endeudamiento facilitó que el oficialismo alcanzara el número requerido de presentes.
La ampliación del directorio también fue acompañada por nuevas designaciones en el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal, lo que reforzó las críticas sobre un esquema de negociación basado en intercambios de cargos estatales de alta jerarquía y salario, en lugar de criterios vinculados a capacidad técnica o necesidades institucionales.
Tras la aprobación, Kicillof celebró el resultado y sostuvo que el endeudamiento permitirá afrontar vencimientos heredados “sin comprometer recursos esenciales”. También acusó al presidente Javier Milei de intentar “provocar el colapso” de la provincia para obtener rédito político. Sin embargo, la controversia persiste: el mecanismo utilizado para destrabar la votación dejó expuesto un acuerdo transversal —entre oficialismo, PRO, Coalición Cívica–UCR y sectores libertarios— que amplió estructuras del Estado y multiplicó cargos bien remunerados en un contexto de severas restricciones fiscales.
La discusión sobre la legitimidad y necesidad de estas designaciones continuará en el centro del debate público, en un momento en que la ciudadanía exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el manejo de organismos estratégicos como el Banco Provincia.
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