En un Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso son pilares fundamentales que garantizan la protección de los derechos individuales. Sin embargo, en Argentina, nos encontramos frente a una situación alarmante donde estas garantías parecen ser ignoradas sistemáticamente, especialmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad.
Violaciones al Debido Proceso en Procedimientos Disciplinarios
Un ejemplo preocupante es la falta de garantías en los procedimientos disciplinarios llevados a cabo por las autoridades bajo el manto de la seguridad nacional. Se observa una práctica recurrente de emitir decretos presidenciales o resoluciones que, sin considerar las particularidades de cada caso, replican de manera genérica e idéntica la fundamentación de decretos o resoluciones previas.
Esta situación se evidencia en el Decreto 2024-316-APN-PTE, donde las justificaciones proporcionadas por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, son prácticamente idénticas a las utilizadas en el Decreto 2022-696-APN-PTE por el ex presidente Alberto Fernández y el ex Ministro de Seguridad Aníbal Fernández.
Tal falta de originalidad y análisis específico evidencia la arbitrariedad y falta de respeto al debido proceso y defensa, principios básicos establecidos en el Artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, que garantiza el derecho a contar con las garantías necesarias para la defensa.
La situación se agrava aún más en casos como el Decreto 2023-133-APN-PTE, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria utiliza frases genéricas como "los fundamentos impugnatorios ensayados oportunamente por el recurrente no pueden prosperar", sin abordar de manera específica el caso en cuestión.
Estas prácticas, que vulneran derechos consagrado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, generan un clima de desconfianza en las instituciones y socavan la legitimidad de las decisiones tomadas por las autoridades.
Violaciones a la Privacidad y Abuso de Poder
A las irregularidades en los procedimientos disciplinarios se suman graves casos de divulgación de datos sensibles por parte de funcionarios de alto rango, como Ludovico Jarzynski de la Gendarmería Nacional Argentina.
Estas acciones, que exponen datos sensibles de individuos (diagnostico médico), constituyen una violación grave a la privacidad y un abuso de poder por parte de las autoridades, tal como lo establece el Artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la protección de los datos sensibles.
Caso también alarmante sucedió con Luis María Ríos que realizó notificaciones de forma poco proporcional
Consideraciones
La falta de control y garantías en los procesos disciplinarios de las fuerzas de seguridad federales argentinas es alarmante y genera serias dudas sobre la integridad y el respeto a los derechos fundamentales.
Es necesario que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para garantizar el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica de todo el personal involucrado.
El cumplimiento de estas garantías fundamentales no solo es una obligación legal, sino que también resulta esencial para construir un Estado de Derecho sólido y confiable, donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos.
Además de Patricia Bullrich, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la República Argentina que podrían dar respuesta ante esta situación son: Carlos Alberto Manfroni (Unidad Gabinete de asesores), Martín Siracusa (Secretario de Coordinación Administrativa), Diego Hernán Goldman (Subsecretario Legal), Gustavo Luis Gavassa (Subsecretario de Gestión Administrativa), Raúl Sebastián García de Luca (Secretario de Articulación Federal), Néstor Octavio Majul ( Subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa), Vicente Mario Ventura Barreiro (Secretario de Seguridad).
Por tanto el el Secretario Legal y Técnico es Javier Herrera Bravo.
Llamado a la Acción
Se insta a las siguientes acciones:
- Investigación de las irregularidades denunciadas: Las autoridades competentes deben investigar de manera exhaustiva las denuncias de violaciones al debido proceso y a la privacidad por parte de las fuerzas de seguridad.
- Implementación de medidas para garantizar el debido proceso: Es necesario establecer mecanismos claros y transparentes para los procedimientos disciplinarios en las fuerzas de seguridad, garantizando el derecho a la defensa y a un juicio justo.
- Capacitación en materia de derechos humanos: El personal de las fuerzas de seguridad debe recibir capacitación continua en materia de derechos humanos, con especial énfasis.
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