En Junio del 2021 un grupo de personas decidió armar una red de vínculos y bibliografías para exponer en internet la denominada "Reacción Conservadora". Esta suerte de escrache, fue criticado por los medios al considerarse una suerte de lista negra.
En dicho proyecto participó Ingrid Beck (fundadora de la Revista Barcelona) y los periodistas Soledad Vallejos, Paula Hernández, Flor Alcaraz, Paula Rodríguez y Juan Elman. Fue financiado por la organización feminista Federación Internacional de Planificación Familiar y se difundió en ElDiarioAR.
Silvana Giudici, de la Fundación LED, manifestó ante el hecho: "La confección de listados o fichas personales sobre cualquier ciudadano y su publicación en la web para ser estigmatizados bajo un sesgo negativo por su posición ideológica, cualquiera sea, pone en riesgo el ejercicio del más elemental derecho humano como es la libertad de pensamiento y opinión".
Hoy a un poco más de ese hecho surge otra página donde se busca destruir las instituciones del país, también financiado por ONGs, en este caso es aún más grave porque está fomentado por una legisladora: Ofelia Fernández.
El sitio es denominado "Mapa de al Policía" (mapadelapolicia.com), y en palabras de la propia legisladora de la Ciudad de Buenos Aires "dar mas miedo" al personal policial. Algo que se puede considerar una contravención cuando no un delito tal como el de "intimidación pública e incitación a la violencia".
El sitio web es financiado y promocionado por la "Revista Crisis", la legisladora porteña Ofelia Fernandez, EdIPo (Equipo de Investigación Política), MTE, el CELS, ACVI y El Grito del Sur.
Cabe destacar que algunos de estos actores, cómo es el caso del CELS (Centro de estudios legales y sociales), reciben financiamiento de fundaciones financiadas por países extranjeros cómo la Fundación Heinrich Böll.
A su vez el sitio se encuentra realizado por Alejo Conejo ( lidiadorsinay ), Matias Ferrari ( FerrariMatiasM ) y Ludmila Ferrer ( FerrerLudmila ).
En dicho sentido la legisladora porteña y diversos actores en vez de fomentar un dialogo y reforzar las instituciones, realizan actos de violencia política institucional fomentando el discurso del odio y el ataque sistemático al sistema democrático conformado por un gobierno representativo, republicano y federal de la República Argentina.
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