La investigación judicial sobre el funcionamiento de la clínica clandestina "Argentina Salud", la cual operaba de manera ilegal en distintas localidades del partido de La Matanza, ha sumado nuevas declaraciones médicas y denuncias particulares en el transcurso del último mes.
La causa penal se inició formalmente el pasado 20 de mayo, luego de que una médica esteticista denunciara la falsificación de su sello profesional en la sede de González Catán, ubicada sobre la Ruta Nacional 3 (Juan Manuel de Rosas 14.921). A partir de este hecho, se constató la adulteración de al menos 49 sellos pertenecientes a profesionales de la salud, lo que derivó en la clausura inmediata de todas las sedes del establecimiento y en la detención de seis personas imputadas por los delitos de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, venta ilegal de medicamentos y usurpación de títulos.
El contexto en el que operaba la organización delictiva expone una grave desatención y fallas estructurales en los mecanismos de control e inspección correspondientes tanto al ámbito municipal de La Matanza como al provincial, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los establecimientos médicos funcionaban de manera abierta al público desde hacía al menos cinco años —habiendo iniciado sus actividades en Virrey del Pino antes de expandirse— sin contar con ningún tipo de habilitación oficial de las carteras sanitarias ni del colegio médico local.
La red delictiva incluía el despliegue de cinco ambulancias no autorizadas destinadas a traslados de alta complejidad y atención domiciliaria, cobraba consultas espontáneas con valores aproximados de 40.000 pesos y aplicaba una metodología de registro analógica basada exclusivamente en recetas de papel y la omisión de sistemas informáticos para evitar dejar rastros digitales de las consultas de los pacientes. Asimismo, se reportó la entrega directa de medicamentos almacenados en los escritorios.
La ramificación del caso ha alcanzado al sistema educativo de la región, estimándose en cerca de 30 las escuelas e instituciones damnificadas que mantenían convenios de cobertura de emergencias médicas con el centro clandestino.
Las autoridades judiciales han comenzado a citar a personal directivo de dichos establecimientos para determinar el origen de los fondos utilizados para el pago de las prestaciones y establecer si provenían de las cooperadoras escolares o del Consejo Escolar de La Matanza. Según consta en el expediente, los hijos del principal investigado eran los encargados de la firma de estos contratos de servicios médicos con los colegios de la zona.
En el plano penal, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N° 1 de Gregorio de Laferrere evalúa incorporar cargos más graves a los seis detenidos actuales, entre los que se encuentran el propietario de la firma, personas con antecedentes penales previos y miembros de su núcleo familiar directo. Las medidas de prueba se concentran actualmente en el peritaje de las historias clínicas secuestradas en los allanamientos para determinar el alcance y validez del resto de las matrículas utilizadas.
Además, la fiscalía analiza las denuncias por mala praxis, centradas principalmente en el fallecimiento de un paciente que fue enviado a su hogar con analgésicos tras no detectársele un cuadro de preinfarto en un estudio cardiológico. Los representantes legales de la familia damnificada han solicitado que el hecho sea tipificado bajo la figura de homicidio con dolo eventual una vez concluidas las pericias médicas que determinen el nexo causal de las prestaciones brindadas por el centro irregular.
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