Benicio Cuellar, un profesor de inglés de 54 años, recuperó su libertad tras pasar 18 meses en prisión por una denuncia de abuso sexual que, finalmente, se demostró falsa. El caso no solo expone la vulnerabilidad de los ciudadanos ante errores judiciales, sino también la falta de idoneidad y control en el accionar de los funcionarios y peritos del Poder Judicial de Salta, que prolongaron injustamente su detención.
Un sistema que falló en todos sus niveles
Cuellar fue detenido en febrero de 2024 tras una denuncia presentada meses antes. Sin embargo, el informe psicológico clave que desvirtuaba la acusación —realizado en marzo de 2024— fue omitido por la psicóloga judicial Silvia Susana Fuenzalida, retrasando su liberación hasta ahora.
El sobreseimiento llegó solo después de que una nueva pericia confirmara que la supuesta víctima nunca sufrió abusos y admitiera haber inventado la acusación. Para entonces, Cuellar ya había perdido un año y medio de su vida, su salud se deterioró en prisión y su familia quedó marcada por lo que su hija, Eliana, calificó como "una película de terror".
Negligencia judicial y ausencia de controles
El caso revela graves deficiencias en el sistema:
Falta de idoneidad pericial: La psicóloga Fuenzalida, funcionaria del Distrito Judicial de Tartagal, no presentó a tiempo un informe decisivo, violando protocolos básicos.
Inacción judicial: Los jueces a cargo no exigieron revisiones oportunas ni verificaron la solidez de las pruebas, permitiendo que un hombre inocente permaneciera encarcelado sin fundamentos reales.
Desamparo de las víctimas de errores judiciales: La familia Cuellar denunció que no existieron mecanismos efectivos para revisar el caso antes, a pesar de la ausencia de pruebas contundentes.
"Mi padre tendría que haber salido el año pasado. No había pruebas, pero lo trataron como un monstruo", declaró Eliana Cuellar, quien además señaló que nadie asumió responsabilidad por el daño causado.
Un sistema que no responde
Este caso no es aislado. En Salta, la falta de supervisión sobre peritos, fiscales y jueces ha derivado en situaciones similares, donde ciudadanos quedan atrapados en procesos irregulares sin vías rápidas para rectificar errores.
La familia Cuellar ahora enfrenta la reconstrucción de sus vidas, sin ninguna garantía de que se sancionará a los responsables. Mientras, el Poder Judicial de Salta sigue sin explicaciones claras sobre cómo evitarlo en el futuro.
La impunidad no es solo para los delincuentes, sino también para quienes, desde el Estado, fallan en su deber. Y mientras no existan mecanismos reales de control y reparación, casos como el de Benicio Cuellar seguirán repitiéndose.
El caos de Cuellar se da en el contexto temporal del caso de la jueza Julieta Makintach, que pone en jaque la credibilidad de los funcionarios judiciales.
