El Ministerio de Seguridad de la Nación, al mando de la ministra Patricia Bullrich, enfrenta graves denuncias por la entrega de 160 viviendas del plan Procrear —predeterminadas para familias adjudicadas en diciembre de 2023— a efectivos de fuerzas federales. Las viviendas, ubicadas en el edificio Sagol de Avellaneda, habían sido sorteadas para personas que cumplieron todos los requisitos, gestionaron créditos y aguardaban por la mudanza en enero de 2024. Hubo reclamos formales, presentaciones ante el Banco Hipotecario y registros de oficios al Ministerio de Seguridad y de Economía, impulsados por las familias damnificadas.
El acto se desarrolló con fuerte custodia policial y sin convocatoria pública: se impidió el acceso a las familias ganadoras. El secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, justificó que las viviendas estaban “sin uso o destinadas al alquiler turístico” y que reasignarlas al personal de las fuerzas federales era “una devolución” por su labor, sin mencionar qué ocurriría con los legítimos adjudicatarios.
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| Grafiti sobre las viviendas que indica "Bullrich Usurpadora" |
El defensor del Pueblo local, Daniel García, calificó la maniobra como “una estafa y, me animo a decir, una asociación ilícita”. Alrededor de 60 familias ya organizan una acción colectiva: presentarán un amparo en los tribunales para exigir la instalación de conexiones definitivas (conexión eléctrica, formalización de créditos) que el programa Procrear había gestionado sin dilaciones hasta diciembre de 2023.
El conflicto se ubica en un marco mayor: el Procrear fue disuelto en 2024 y el Banco Hipotecario interrumpió trámites en febrero de 2024, en línea con la decisión del Gobierno nacional de suspender el financiamiento de estas obras. Pese a ello, las familias continuaron con su trámite y habían recibido tarjetas de débito para avanzar con el crédito hipotecario. No obstante, fueron repentinamente bloqueadas sin toda explicación.
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| Carteles con las leyendas: #Sagol ya tiene dueños. Bullrich construí casas si querés regalar -esta es mía- sorteo. Soy Jubilada y Alquilo. Milei-Bullrich no me roben mi casa. Soy jubilada. |
La entrega unilateral de viviendas ya asignadas generó un rechazo generalizado. Vecinos, organismos estatales y organizaciones sociales advierten que la reasignación fue completamente arbitraria: no existió procedimiento público, ni explicación legal, ni apertura de audiencias a los afectados. Otras provincias podrían replicar esta metodología, según lo expresado por las autoridades .
Obligación legal de investigar y posible delito funcional
Las denuncias plantean que la ministra Bullrich y su cartera podrían estar violando el deber de funcionario público, al incumplir las obligaciones legales vinculadas a la gestión de bienes estatales y la protección de los derechos de personas legítimamente adjudicadas. Si se comprueba que actuaron fuera del marco legal —omitiendo recursos, licitaciones y controles previstos—, estarían incurriendo en presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público.” En este caso, la justicia deberá evaluar no solo la invalidación del acto administrativo, sino también la eventual responsabilidad penal o administrativa de las autoridades .
La decisión del Ministerio de Seguridad de reasignar viviendas Procrear adjudicadas a otras familias, para entregarlas a personal de las fuerzas federales, ha derivado en una profunda crisis institucional. Las familias afectadas reclaman justicia, con amparos colectivos y presentaciones ante organismos públicos. La eventual investigación judicial deberá dilucidar si se trató de una decisión política arbitraria o de una acción funcionalmente irregular, que implique consecuencias penales. El Ministerio de Seguridad de la Nación se encuentra ante una exigencia ineludible: ser investigado por el posible incumplimiento de deberes y las violaciones a derechos constitucionales en materia de vivienda.
A su vez algunas cuestiones que llamaron la atención es que el acto pareció más una acción proselitista, pues según reporta el portal El Agora Digital y se ven en los videos oficiales aparecieron José Luis Espert y Gerardo Milman, personas que no están ocupando cargos en las carteras de Seguridad. Pero si buscan posicionarse en Provincia de Buenos Aires. En síntesis: usaron a personal de las fuerzas para un acto partidario.
Este no sería el primer acto de manejo irregular del derecho a la propiedad, hace ya varios meses se denuncia que Policía Federal Argentina (que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación) debe 18 meses de alquiler en Lomas de Zamora.
Los damnificados por este acto del Ministerio de Seguridad Nacional están publicando en las siguientes redes sociales, x.com/VecinosDeSagol e Instagram.
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