La controversia generada por las declaraciones de la diputada nacional Juliana Santillán, del espacio libertario, reavivó una discusión de fondo sobre la disparidad salarial en la Argentina. En el centro del debate se encuentra el Hospital de Pediatría Garrahan, una institución de referencia en salud pública infantil, donde médicos residentes y profesionales formados perciben salarios cercanos a los 700.000 pesos, mientras que los legisladores nacionales cobran dietas que superan los 9.500.000 pesos mensuales brutos.
Durante un cruce televisivo con la médica residente María Belén Mansilla, Santillán cuestionó el reclamo salarial del personal de salud y sostuvo que “una persona puede vivir con 360 mil pesos”, en alusión a una errónea interpretación de los datos oficiales del INDEC. La legisladora citó como referencia el costo de la canasta básica individual, omitiendo que dicha cifra no contempla alquiler ni gastos familiares y que el valor para una familia tipo supera ampliamente el millón de pesos.
Mansilla, en tanto, explicó con claridad que el aumento ofrecido por el Gobierno nacional consiste en un bono no remunerativo, que no impacta en el salario básico ni en los aportes previsionales. “Somos médicos, tenemos matrícula, trabajamos más de 8 horas por día y hacemos hasta seis guardias mensuales de 24 horas. ¿Usted podría vivir con $797.000?”, preguntó la residente.
La respuesta de Santillán, lejos de brindar soluciones o comprensión, fue minimizar la situación con ironías y argumentos ideológicos, como sugerir que los profesionales pidan al Estado la reducción del gasto administrativo, sin atender al hecho concreto de que los médicos reclaman un salario digno por una tarea esencial y altamente especializada.
El contraste salarial entre quienes legislan y quienes salvan vidas en el sistema público de salud evidencia una profunda desconexión entre los representantes políticos y las condiciones reales de la ciudadanía. Mientras los médicos enfrentan una inflación que erosiona su poder adquisitivo, el Congreso ha aprobado reiteradas subas en sus dietas, incluso en contextos de ajuste generalizado.
Este desfasaje no solo refleja una desigualdad económica, sino también una grieta en la comprensión de la realidad: quienes deberían interpretar y aplicar políticas públicas basadas en datos estadísticos —como los del INDEC— demuestran, en algunos casos, una alarmante incapacidad para hacerlo.
La situación del Garrahan no es aislada. Se replica en múltiples hospitales del país, donde la vocación médica convive con la precarización. Frente a esta realidad, la deslegitimación del reclamo y la banalización del rol sanitario constituyen señales preocupantes para el futuro del sistema de salud y para la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía. Una situación similar sucede en el complejo hospitalario Churruca (que presta servicios la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina), y IOSFA.
El debate de fondo no es solo cuánto ganan los médicos, sino qué valor le otorga la sociedad —y en especial sus dirigentes— al trabajo esencial.
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