La Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió el 12 de junio de 2025 que debe avanzar la causa por presunto lavado de activos que involucra al empresario Gustavo Fabián Elías, a su socio Gustavo Manuel Damiani y a una red de personas físicas y jurídicas presuntamente utilizada para disimular el origen ilícito de fondos millonarios. La resolución rechaza el pedido de cierre del expediente que habían presentado las defensas, y reafirma que se trata de una causa compleja, de gravedad institucional, que debe continuar en la jurisdicción de origen.
Elías es el titular de un holding con presencia en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras localidades, que incluye medios de comunicación como La Nueva, empresas logísticas, inmobiliarias y de transporte, además de haber manejado millonarios negocios en el puerto de Buenos Aires. La Fiscalía lo acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a la evasión fiscal y al lavado de dinero, que habría operado entre 2011 y 2018 con la participación de unas 40 personas conectadas por vínculos familiares y societarios, y a través de al menos 80 empresas.
El caso se originó a partir de una denuncia anónima presentada en 2015 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), lo que derivó en una pesquisa impulsada inicialmente por el fiscal Antonio Castaño, y luego continuada por el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva. La acusación se consolidó con dos dictámenes presentados en julio de 2022 y mayo de 2023, en los que se señala a Elías como jefe de la presunta asociación ilícita.
Según esos dictámenes, entre las maniobras investigadas se incluyen transferencias entre sociedades con los mismos beneficiarios, uso de facturación apócrifa, adquisición de bienes ajenos al objeto social, contratos sin sustento económico real, y blanqueo de activos sin justificación. Uno de los puntos destacados por la fiscalía fue el crecimiento patrimonial de Elías: en 2011 creció un 278 %, en 2012 un 83 %, y en 2014 otro 78,6 %, con declaración de activos por 40 millones de pesos en el exterior durante el blanqueo fiscal impulsado por el expresidente Mauricio Macri en 2016.
La defensa del empresario, a cargo del abogado Daniel Llermanos —histórico representante legal de Hugo Moyano—, planteó la nulidad de todo el proceso judicial, argumentando que surgió de una denuncia anónima y que las inspecciones realizadas por la AFIP no arrojaron elementos para imputar a Elías ni a otras personas. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, expresó Llermanos, quien también sostuvo que la investigación tiene motivaciones políticas vinculadas al rol mediático del empresario y a la línea editorial de La Nueva Provincia y La Brújula, críticos con la Justicia federal.
Pese a esos argumentos, la Cámara Federal integrada por los jueces Roberto Amabile y Pablo Larriera consideró que no hubo demoras injustificadas en la tramitación de la causa y subrayó que la complejidad del expediente —con informes de AFIP, levantamientos de secreto fiscal, análisis contable y societario— justifica su duración. En su resolución, Amabile reclamó que el juzgado imprima “la debida diligencia” al avance de la investigación.
Uno de los aspectos más delicados del expediente es la sospecha de que Gustavo Elías y su red de empresas actuaron como testaferros del líder sindical Hugo Moyano y de su familia. Entre las sociedades bajo sospecha figura Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), constituida en 2007 por Elías junto a Llermanos y otros socios como Norberto Domingo Torres, Gustavo Damiani y Sergio Fabián Espeleta, este último titular de Chenyi SA, empresa donde trabajó una hijastra de Moyano entre 2003 y 2020. A partir de 2011, Ivetra SA obtuvo sin licitación el contrato del “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un seguro de US$67 más IVA por contenedor, lo que le generó ingresos millonarios. La diputada Elisa Carrió denunció esta adjudicación en sede judicial.
La investigación también incluye sociedades panameñas vinculadas al grupo, reveladas en los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Entre ellas figuran Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas, cuyos directivos incluían a Juan Ignacio Elías, hijo del empresario. A pesar de las consultas del equipo argentino del ICIJ, la familia Elías se negó a responder preguntas o aportar documentación, alegando que esas firmas nunca tuvieron actividad y que podrían ser usadas con fines de “politización electoralista”.
El expediente se vio trabado durante 2024 por una disputa de competencia judicial entre el Juzgado Federal de Bahía Blanca, encabezado por Walter López da Silva, y el Juzgado en lo Penal Económico N.º 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Rafael Caputo Tártara. López da Silva alegó que muchas de las operaciones bajo investigación se desarrollaron en Buenos Aires y que por ello debía remitirse el expediente a esa jurisdicción. Caputo Tártara giró la causa al fiscal Jorge Dahl Rocha, quien aún debe dictaminar si su juzgado es competente.
Sin embargo, la Cámara Federal bahiense zanjó esa discusión en septiembre de 2024 al apartar a López da Silva y ordenar que el expediente continúe en Bahía Blanca, por ser el centro de vida y de operaciones del grupo investigado. Así, el tribunal confirmó que la investigación debe proseguir en esa jurisdicción, con celeridad y diligencia.
Ahora, la responsabilidad de avanzar con las medidas probatorias solicitadas por la fiscalía, incluyendo declaraciones indagatorias y allanamientos, recae nuevamente sobre el juzgado de origen. La trama que vincula a empresarios, medios de comunicación, sociedades off shore, servicios en el puerto y posibles conexiones con el sindicalismo camionero permanece bajo investigación. A casi una década del inicio de la causa, la Justicia deberá determinar si se trató de un armado financiero irregular de magnitud o si, como sostiene la defensa, todo responde a una operación sin sustento jurídico.
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