El personal de las fuerzas federales, en particular el de la Policía Federal Argentina (PFA), atraviesa una situación crítica en materia laboral, sanitaria y salarial, que pone en evidencia años de abandono estructural y una gestión deficiente por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente bajo la conducción de Patricia Bullrich.
La situación tomó estado público nuevamente tras la reciente detención de Juan Grabois, dirigente social y excandidato presidencial, quien al ser liberado ofreció un testimonio contundente sobre las condiciones en las que desempeñan sus funciones los efectivos policiales: “Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84”, declaró.
Las condiciones que describió Grabois no son nuevas, pero su testimonio reavivó un reclamo sostenido desde hace años por los propios miembros de la fuerza. Las oficinas y dependencias policiales carecen de infraestructura básica adecuada: no hay calefacción en pleno invierno, los insumos informáticos están completamente obsoletos, y las condiciones edilicias son insalubres. A esto se suma la ausencia de un sistema de gestión informatizado, lo cual no solo dificulta el trabajo diario sino que también expone a los agentes a mayores niveles de estrés y errores operativos.
En paralelo, la situación salarial del personal de la PFA y de otras fuerzas federales como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, presenta un marcado retraso en relación con el promedio de los ingresos registrados del sector privado, conocido como RITPTE. La brecha entre ambos valores no ha dejado de crecer, lo que afecta el poder adquisitivo de miles de agentes que cumplen funciones esenciales para la seguridad pública.
Otro aspecto preocupante es el estado del sistema de salud al que acceden los efectivos. Las prestaciones son deficientes, con limitados servicios de atención médica, demoras en estudios y tratamientos, y sin convenios vigentes con la Superintendencia de Seguros de Salud. Esta situación habilita a las obras sociales de las fuerzas (Superintendencia de Bienestar, Churruca, IOSFA) a operar sin controles efectivos, lo que profundiza aún más el desamparo en el que se encuentran quienes deberían contar con una cobertura médica adecuada por la naturaleza riesgosa de su labor.
Lejos de encontrar respuestas o soluciones, las denuncias por estas condiciones suelen ser desoídas. Mientras se exige a los efectivos un alto grado de compromiso y vocación de servicio, el Estado parece no garantizar el mínimo necesario para que desempeñen sus tareas con dignidad.
La situación expone una contradicción profunda entre el discurso oficial sobre seguridad y el trato concreto que reciben quienes la sostienen en el terreno. La precarización del trabajo policial no solo afecta a los efectivos, sino que también pone en riesgo la eficacia del sistema de seguridad en su conjunto.
Las fuerzas federales, en su conjunto, exigen más que reconocimientos simbólicos o gestos de apoyo. Requieren políticas públicas sostenidas que garanticen condiciones laborales dignas, sueldos justos y acceso a sistemas de salud bajo estándares mínimos de calidad. Mientras tanto, persiste una deuda estructural que erosiona día a día la moral y la operatividad del personal que se encuentra en la primera línea de respuesta frente al delito y la violencia.
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