Problemas de la Falta de Seguridad Jurídica en las Causas de Droga: Un Obstáculo para la Eficacia Policial

La seguridad jurídica es un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, la falta de seguridad jurídica en las causas relacionadas con la venta de drogas ha generado serias preocupaciones sobre la eficacia de la lucha contra el narcotráfico y el impacto en la labor policial.

Un informe reciente del Ministerio Público Fiscal bonaerense revela una alarmante realidad: solo el 3 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la ley 23.737, que regula los delitos relacionados con drogas ilegales, llegan a juicio. De los 88.310 casos relacionados con estupefacientes finalizados en 2023, el 84,70 por ciento fueron archivados por falta de pruebas suficientes, y el 11,85 por ciento fueron desestimados. Esta baja tasa de prosecución no solo frustra los esfuerzos policiales, sino que también socava la confianza pública en el sistema de justicia.

La arbitrariedad en la determinación de la continuidad de las causas por parte del poder judicial es un factor clave en este problema. Según el artículo 268 del Código Procesal de Buenos Aires, los fiscales pueden archivar las actuaciones si consideran que no hay pruebas suficientes sobre la existencia del delito o su autoría, comunicando esta decisión al juez de garantías. Esta disposición, aunque necesaria para evitar sobrecargar el sistema judicial con casos sin fundamento, también puede ser utilizada de manera discrecional, afectando la objetividad y transparencia en la administración de justicia.

La falta de coordinación y el menosprecio del labor policial son aspectos que agravan la situación. Los operativos policiales, a menudo complejos y peligrosos, resultan en la confiscación de drogas, pero frecuentemente no se traducen en pruebas sólidas que sustenten una acusación. Esta desconexión entre la recolección de evidencias y su valoración judicial desperdicia recursos y desalienta a las fuerzas de seguridad. Además, la percepción de complicidad entre ciertos sectores del poder judicial y las redes de narcotráfico añade una capa de desconfianza y frustración.

El impacto de esta situación es significativo. La baja eficacia en las investigaciones y el elevado archivo de causas alimentan la sensación social de impunidad, permitiendo que los puntos de venta de drogas en los barrios vuelvan a operar rápidamente después de un operativo. Esto no solo perpetúa el negocio del narcomenudeo, sino que también incrementa la violencia asociada, afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos.

Desde 2005, Buenos Aires adhiere a la ley 26.052, que permite la transferencia de la responsabilidad de la lucha contra el narcomenudeo a las provincias. Sin embargo, esta descentralización ha mostrado ser ineficaz, sobrecargando a los tribunales provinciales y dificultando la gestión de los casos. En respuesta, el gobernador Axel Kicillof ha propuesto recientemente retirar a la policía provincial y a los juzgados locales de la lucha contra las drogas, devolviendo esta responsabilidad a las fuerzas y fiscalías federales. Esta medida busca reducir la carga sobre los tribunales provinciales y mejorar la eficiencia en la persecución de delitos de drogas, pero también plantea el riesgo de desatender las denuncias de venta minorista de drogas.

En conclusión, la falta de seguridad jurídica y la arbitrariedad en la continuidad de las causas de droga en Buenos Aires representan un serio obstáculo para la eficacia policial y la lucha contra el narcotráfico. Es crucial establecer mecanismos de coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial, asegurando que los esfuerzos policiales se traduzcan en pruebas sólidas y que las decisiones judiciales sean objetivas y transparentes. Solo así se podrá fortalecer la lucha contra el narcotráfico y garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.