viernes, 21 de junio de 2024

La "familia judicial" permite la exclusión de Ángelo Calcaterra del juicio por corrupción, generando serias dudas sobre la credibilidad del Poder Judicial

En un polémico fallo que ha suscitado controversia y preocupación sobre la imparcialidad y la seguridad jurídica del Poder Judicial argentino, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone decidieron a favor del empresario Ángelo Calcaterra en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de la Corrupción. Este caso investiga una compleja red de sobornos vinculados a las obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

La decisión que permitió a Calcaterra eludir el juicio se originó en una maniobra procesal encabezada por el fiscal electoral Ramiro González y la jueza María Servini. Ambos acogieron un pedido de la defensa de Calcaterra y reclamaron para sí esa parte de la causa, desviándola del tribunal que originalmente tenía competencia sobre el caso. Esta acción fue vista por muchos como un acto de arbitrariedad y discrecionalidad, que mina la confianza en la equidad y transparencia del sistema judicial.

El fiscal de juicio Fabiana León expresó su preocupación al respecto, destacando que: “Que exista una jueza y un fiscal que se pongan a disposición de esa -o algunas- parte/s para que estas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo Tribunal es algo que ya hemos visto y de lo que corresponde -de una vez- atender”. León no solo manifestó su inquietud públicamente sino que también informó al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, sugiriendo la necesidad de evaluar posibles medidas correctivas.

En su informe, León señaló explícitamente: “Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación [Ramiro González] con los intereses de dos empresarios de renombre nacional. Pues con inusitada rapidez tomó por sí una hipótesis de la defensa y clamó competencia”. Estas declaraciones reflejan la percepción de que algunos actores dentro del sistema judicial podrían estar actuando más como aliados de ciertos intereses privados que como garantes de la justicia.

La actuación de los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone en este caso no ha hecho más que aumentar las sospechas y la desconfianza hacia el Poder Judicial. El manejo arbitrario y la aparente falta de equidad en la toma de decisiones no solo perjudican la credibilidad del sistema judicial, sino que también plantean serias dudas sobre la existencia de seguridad jurídica en Argentina. La percepción de que las influencias y los intereses pueden torcer el curso de la justicia socava la fe pública en las instituciones y promueve un clima de incertidumbre y escepticismo.

Este episodio destaca la necesidad urgente de una reforma judicial que garantice la transparencia, la imparcialidad y la independencia del sistema. Mientras estos principios no sean fortalecidos y respetados, la confianza del público en la justicia seguirá debilitándose, poniendo en riesgo el propio fundamento del Estado de derecho.

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