Seguridad jurídica en riesgo: el caso YPF

La reciente aprobación de la Ley de Bases, aunque en una versión reducida, podría marcar un hito en la política argentina. Después de un semestre de debates legislativos llenos de impericias y egos, esta ley sería una señal de que el gobierno puede accionar políticamente de manera efectiva. Esto es crucial para el siguiente paso en el ajuste económico del país: crear un marco jurídico que promueva la inversión, centrado en el concepto de seguridad jurídica.

Uno de los capítulos más importantes del proyecto de ley se enfoca en esta área crítica. Aunque algunas soluciones recuerdan a políticas fallidas de los años 90, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un intento significativo de establecer bases para futuras inversiones, especialmente en sectores que requieren grandes capitales.

Dos problemas principales afectan la percepción de los inversores: la autoinfligida incertidumbre y la procrastinación. El sector energético enfrenta una sentencia judicial que podría costar más de 16.000 millones de dólares a Argentina, resultado de la nacionalización mal ejecutada de YPF durante el gobierno kirchnerista. Esta sentencia, ahora ejecutable, pone en riesgo el esfuerzo fiscal del país. Además, la jueza Loretta Preska, quien dictaminó en contra de Argentina, ha interpretado adversamente cláusulas críticas, aumentando la presión sobre las finanzas nacionales y poniendo en riesgo no solo a YPF, sino a todas las empresas con vínculos estatales.

Ignorar este problema ha permitido que crezca, afectando la credibilidad del país ante posibles inversores. Argentina, que necesita integrarse al mundo para atraer inversiones, no puede permitirse estar en default por una sentencia incumplida. El gobierno debe enfrentar esta situación, ya sea litigando con todos los recursos disponibles o proponiendo un acuerdo transaccional, pero nunca ignorándola.

Otro sector en peligro es la minería, uno de los pocos con estabilidad jurídica en Argentina. La Ley de Inversiones Mineras de 1999, que fijó un tope del 3% a las regalías, permitió su desarrollo incluso en tiempos adversos. Sin embargo, el nuevo RIGI propone subir este tope al 5%, generando incertidumbre en un sector que estaba a punto de comprometer inversiones millonarias. Este cambio, impulsado por intereses poco claros, contradice la promesa del gobierno de no aumentar impuestos y amenaza con desestabilizar uno de los motores económicos del país.

En resumen, la seguridad jurídica es tan importante como la estabilidad fiscal y la lucha contra la inflación. Los errores en política son inevitables, pero deben ser manejados cuidadosamente para no socavar los aciertos. Por el bien del desarrollo económico y la atracción de inversiones, Argentina debe mantener un entorno legal predecible y confiable.