Falta de Responsabilidad del Poder Judicial en la Detención Desproporcionada de Policías Bonaerenses

La reciente liberación de nueve de los diez policías bonaerenses detenidos por el asesinato de una mujer trans en una comisaría de Presidente Derqui ha puesto en evidencia una preocupante falta de responsabilidad por parte del poder judicial. La decisión, tomada por el Juzgado de Garantías N° 7 del mencionado municipio, reveló que la mayoría de los agentes detenidos no estaban presentes en la dependencia policial N°5 en el momento del hecho.

El juzgado oficializó la libertad de estos agentes al constatar que ninguno de ellos se encontraba en el rango horario en que ocurrió el homicidio. Esta situación ha generado graves afectaciones en el fuero personal, entorno y laboral de los policías implicados, quienes sufrieron una detención que ahora se muestra desproporcionada y carente de elementos esenciales que justifiquen, al menos, sospechas mínimas.

La causa por el homicidio está a cargo de un grupo de fiscales especializados: el doctor Esteban Álvarez, fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro; Manuel Cayuela, del área de género; y la ayudante fiscal Victoria Santamaría, también experta en la temática. A pesar de la expertise del equipo fiscal, la detención de los policías se ha revelado como una medida precipitada y sin la debida fundamentación.

Este incidente no solo afecta la integridad y reputación de los policías involucrados, sino que también pone en cuestión la actuación del poder judicial, que parece haber actuado sin las pruebas suficientes. La falta de responsabilidad y prudencia en la orden de detención ha llevado a un desgaste innecesario y perjudicial para los agentes y sus familias, quienes han visto comprometida su estabilidad emocional y laboral.

La comunidad policial y diversos sectores sociales han expresado su preocupación ante esta situación, solicitando una revisión más exhaustiva y responsable de las medidas judiciales en casos tan sensibles y complejos. La confianza en el sistema judicial se ve erosionada cuando se toman decisiones que, como en este caso, resultan ser infundadas y perjudiciales para personas inocentes.

Es imperativo que el poder judicial reflexione sobre sus procedimientos y asegure que las futuras decisiones se basen en pruebas concretas y verificadas, evitando así daños irreparables a la integridad y reputación de los individuos afectados.