Resolución 321/2025 de Seguridad Genera Preocupación por Potencial Abuso de Poder y Vulneración de Principios Jurídicos

La reciente Resolución 321/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ha generado inquietud debido a la amplitud y ambigüedad de sus disposiciones, lo que podría conducir a un ejercicio abusivo del poder administrativo y a la vulneración de principios jurídicos fundamentales.

La resolución modifica una normativa previa sobre restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos, ampliando significativamente los supuestos en los que se puede prohibir el acceso a estadios de fútbol. Entre ellos, se incluye a personas imputadas o procesadas por diversos delitos, así como a quienes hayan incurrido en "conductas violentas".

Problemática Jurídica y Potencial Abuso de Poder

La falta de precisión en la definición de "acto violento" y la inclusión de situaciones tan amplias como "cualquier actuación contravencional" o "manifestación en la vía pública" generan serias dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de la medida. Desde el derecho han surgido preocupaciones por los siguientes puntos:

• Ambigüedad y falta de taxatividad: La vaguedad de los términos empleados en la resolución permite una interpretación arbitraria y discrecional por parte de las autoridades, lo que podría derivar en sanciones injustas y desproporcionadas.
• Uso indebido del derecho administrativo sancionador: La resolución establece sanciones administrativas, como la prohibición de ingreso a estadios, por acciones que podrían ser constitutivas de delitos, sin las garantías y principios del derecho penal.
• Potencial vulneración del principio de proporcionalidad: La amplitud de los supuestos contemplados podría permitir la imposición de sanciones desproporcionadas en relación con la gravedad de las conductas sancionadas.
• Riesgo de arbitrariedad y discriminación: La falta de precisión en la definición de "acto violento" podría abrir la puerta a la arbitrariedad y la discriminación en la aplicación de la resolución.
• Vulneración de derechos constitucionales: La resolución podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad ante la ley.

Expresiones de la Ministra de Seguridad y Debate sobre Derecho Penal de Autor

En declaraciones a LN+, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó medidas específicas contra "los barras" que participaran en las manifestaciones. "A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir", afirmó.

Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre el concepto de "derecho penal de autor". Este concepto, que se contrapone al "derecho penal de acto", implica sancionar a una persona no por lo que hace, sino por lo que es o por su pertenencia a un grupo determinado.

Derecho Penal de Autor vs. Derecho Penal de Acto

• Derecho penal de acto: Este pilar fundamental del sistema jurídico moderno establece que las sanciones penales deben basarse en la comisión de un delito concreto, con pruebas y garantías procesales.
• Derecho penal de autor: Por el contrario, busca sancionar a individuos por su peligrosidad o por su pertenencia a un grupo considerado peligroso, sin necesidad de que hayan cometido un delito específico.

La aplicación de "medidas especiales" contra los "barras" por su mera pertenencia a ese grupo podría considerarse una forma de derecho penal de autor, lo cual es incompatible con los principios del estado de derecho.
Contexto y Posibles Implicaciones

La publicación de esta resolución coincide con la convocatoria a manifestaciones de hinchas de fútbol en apoyo a jubilados en las inmediaciones del Congreso. Esta coincidencia ha generado suspicacias sobre la posible intención de utilizar la resolución para intimidar y desincentivar la participación en dichas manifestaciones.

El punto "e" de la resolución, que permite sancionar a personas por conductas violentas en manifestaciones públicas, ha sido objeto de especial atención.
Reacciones y Advertencias Previas

El día anterior a la publicación de la resolución, el Ministerio de Seguridad había advertido sobre la posibilidad de disturbios y violencia durante las manifestaciones.

La polémica resolución plantea serios interrogantes sobre los límites del poder administrativo y la necesidad de garantizar el respeto a los principios jurídicos fundamentales y a los derechos y garantías individuales en el marco de las políticas de seguridad pública.

Trágico suceso en San Isidro: Policía Bonaerense se quita la vida

Se registró un lamentable suceso en el puesto FBA XX de San Isidro, ubicado en la intersección de las calles Tomkinson y Pasaje 2 de Beccar. La oficial de policía T.G., quien cumplía servicio en el turno 12x36, se quitó la vida de un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria.

El personal de la Comisaría San Isidro 11ra La Cava tomó conocimiento del hecho y se trasladó al lugar de inmediato. Al llegar, encontraron a la oficial G. sin signos vitales. La ambulancia 8 de San Isidro, junto con el Dr. Fernando Chanta, constató el fallecimiento de la oficial.

La Dra. Carolina Asprella, de la UFI 01 de San Isidro, fue notificada y está impartiendo las directivas correspondientes. Se mantiene comunicación telefónica con la fiscalía para coordinar las acciones posteriores.

La oficial G. residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se desempeñaba como numeraria en el puesto mencionado. Las causas que llevaron a este trágico desenlace aún están siendo investigadas.

El Comisario Sebastian Daniel Acuña, Jefe de Dependencia, ha tomado el mando de la investigación y se compromete a esclarecer los hechos. Cualquier novedad será comunicada oportunamente.

Este suceso ha conmocionado a la comunidad y a las fuerzas de seguridad, quienes lamentan profundamente la pérdida de una compañera en servicio. Se espera que las investigaciones arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon este triste episodio.

Grave incumplimiento en la cobertura de salud de la Policía Federal: fallecimiento de un afiliado antes del dictado de sentencia

La Cámara Civil y Comercial Federal, Sala III, resolvió declarar abstracto el recurso de apelación presentado por la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina en el marco del expediente "Incidente de Apelación de D., C.V. c/ Superintendencia de Bienestar de la Dirección de Obra Social de la Policía Federal Argentina s/ Amparo de Salud" (causa n.º 985/2024/2/CA1). La decisión fue adoptada luego de que el beneficiario, C.V.D., falleciera antes de recibir una respuesta definitiva sobre su derecho a cobertura médica.

Un incumplimiento con consecuencias fatales

El fallo, fechado el 25 de febrero de 2025, detalla que en primera instancia se había ordenado a la Dirección General de Obra Social de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina que garantizara la cobertura de internación geriátrica del afiliado en el Instituto “Versalles”, así como la provisión de la medicación prescripta por su médico tratante. Sin embargo, la obra social apeló esta medida cautelar el 8 de abril de 2024, dilatando la asistencia médica hasta el fallecimiento del afiliado, ocurrido el 12 de octubre de 2024.

El Tribunal consideró que la muerte del beneficiario tornó abstracto el litigio, pero impuso las costas del juicio a la demandada, reconociendo así su responsabilidad en el incumplimiento de la prestación de salud.

Implicancias jurídicas y administrativas

El caso evidencia una grave falencia en el sistema de salud de la Policía Federal Argentina, poniendo en entredicho la idoneidad de las autoridades responsables de su gestión. La Constitución Nacional establece en su artículo 16 el principio de idoneidad como requisito esencial para el acceso a cargos públicos. No obstante, se han detectado múltiples nombramientos mediante excepción de personas que no cumplen con los requisitos mínimos para sus funciones, lo que impacta negativamente en áreas críticas como la salud.

Entre los funcionarios con nombramientos bajo excepción se encuentran:

• Sergio Gustavo PÉREZ DE SAN ROMÁN, Auditor Adjunto General en la Policía Federal Argentina.

• María Lorena PETROVICH, Directora Nacional de Bienestar (Decisión Administrativa 789/2024).

Asimismo, la gestión del área de salud y bienestar de la Policía Federal recae sobre:

• Comisario Mayor Favio Adrián FARA, Superintendente de Bienestar.

• Comisario Inspector Fabio Hernán GRAFF, Director General de Obra Social.

• Comisario Flavia Lorena PAZ, responsable de la Junta de Evaluación de Beneficios.

• Comisario Inspector Cristina Elisabet MARTINELLI, jefa del Departamento de Asistencia y Beneficios.

Falencias estructurales y ausencia de controles efectivos

Este caso pone de manifiesto los riesgos de designar en puestos estratégicos a funcionarios sin formación específica en gestión de salud, lo que se traduce en incumplimientos que afectan la vida de los afiliados. La falta de cobertura en tiempo y forma constituye una vulneración del derecho a la salud y la seguridad social, consagrados en los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Además, se destaca que la dilación en la respuesta a los reclamos médicos por parte del servicio jurídico de la Policía Federal es una práctica habitual que genera situaciones trágicas. La estrategia de prolongar indefinidamente los tiempos procesales impide que los beneficiarios accedan a sus derechos en vida, convirtiendo los litigios en meros trámites burocráticos sin impacto real en la protección de la salud de los afiliados. Esta conducta, lejos de ser excepcional, se ha convertido en un patrón que atenta contra el acceso oportuno a tratamientos médicos esenciales.

Los jueces que intervinieron en el fallo

El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por los jueces de cámara Eduardo Daniel Gottardi y Guillermo Alberto Antelo, quienes firmaron la resolución. Se destaca que el juez Fernando A. Uriarte no suscribió el fallo por encontrarse en uso de licencia.

La negativa de asistencia médica y la falta de celeridad en la resolución del amparo derivaron en el fallecimiento del beneficiario antes de que la justicia pudiera dictar una sentencia definitiva, configurando un grave antecedente en la gestión de la obra social de la Policía Federal Argentina.

La situación exige una revisión profunda de los mecanismos de control y una evaluación rigurosa de la idoneidad de los funcionarios responsables de la prestación de servicios esenciales. El incumplimiento de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina expone no solo una crisis administrativa, sino también una vulneración flagrante de derechos fundamentales.

La competencia fiscal municipal emerge como estrategia para atraer inversiones y empresas

En un contexto de alta presión impositiva, municipios que ofrecen menores tasas logran captar más negocios y promover el desarrollo económico local

La creciente presión fiscal en distintos municipios argentinos está provocando que las empresas evalúen estratégicamente su ubicación geográfica, priorizando aquellas jurisdicciones que ofrecen una carga tributaria más baja. Este fenómeno, conocido como "competencia fiscal", está generando un nuevo paradigma en la relación entre los gobiernos locales y el sector productivo.

El caso del Banco Nación, que recientemente trasladó una sucursal desde Ramos Mejía (La Matanza) hacia Ciudadela (Tres de Febrero), ilustra perfectamente esta tendencia. La decisión estuvo motivada por las "altísimas tasas" que cobraba el municipio de La Matanza, volviendo la operatoria "no rentable", según fuentes del sector.

Impacto en las decisiones empresariales

Las tasas municipales, especialmente la de Seguridad e Higiene (TISH), se han convertido en un factor determinante para la instalación de nuevos emprendimientos o la relocalización de los existentes. El tributarista César Litvin explica que "si se decide abrir un nuevo depósito o una nueva sucursal, se analiza cuál es el costo impositivo de ir a un lugar o a otro".

Esta situación ha llevado a grandes empresas mayoristas a abandonar sus depósitos en municipios como "Morón, Lanús o Pilar, que tienen tasas exorbitantes", según señala el especialista.

El modelo de Tres de Febrero

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, lidera activamente esta "competencia tributaria", promoviendo que "las empresas evalúen bien a la hora de invertir dónde les conviene hacerlo". Su municipio ha logrado atraer firmas de distritos vecinos gracias a una política de tasas reducidas.

Un caso concreto es el de Alambres Industriales Trefilados, una pyme familiar que instaló recientemente un depósito en Tres de Febrero. Según datos proporcionados por el municipio, el ahorro anual en TISH para esta empresa, comparado con otros distritos, es significativo: $14,5 millones respecto a Morón, $7,7 millones frente a San Martín, $10,7 millones en relación a Hurlingham y $12,8 millones si se compara con La Matanza.

Además, Tres de Febrero ofrece incentivos adicionales, como la exención del pago de la TISH durante el primer año tras la habilitación, y una alícuota del 0,75%, la mitad que en localidades linderas.

Distintos impactos según el sector

La relocalización resulta más factible para empresas de servicios, logística o financieras que para industrias establecidas. Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), señala que "desgraciadamente, la industria no tiene rueditas" y que "la construcción de una nave requiere mucha inversión", lo que dificulta los traslados.

Sin embargo, las empresas industriales también consideran el factor impositivo al momento de expandirse o realizar nuevas inversiones, optando por municipios con menor carga tributaria.

Hacia un nuevo modelo de gestión municipal

Esta tendencia está impulsando a los gobiernos locales a repensar sus políticas fiscales. Alfredo González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destaca que se está trabajando junto a la subsecretaría Pymes nacional y organizaciones internacionales para generar "una competencia entre municipios para ver quién tiene mejores condiciones para la instalación de nuevas naves o transferencias de naves ya sean industriales o logísticas".

Los especialistas coinciden en que las tasas municipales deberían corresponderse con los servicios efectivamente prestados, algo que muchas veces no ocurre. Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, enfatiza que "los intendentes tienen que cobrar una tasa que se corresponda con el servicio que prestan".

La competencia fiscal entre municipios se perfila como un mecanismo que podría contribuir a racionalizar la presión impositiva local, mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y favoreciendo el desarrollo económico regional a través de la atracción de inversiones y la generación de empleo.

Crisis Salarial en las Fuerzas Federales: El Caso de la Prefectura Naval Argentina

La crisis salarial que afecta a las fuerzas federales de seguridad en Argentina ha alcanzado un punto crítico, especialmente en la Prefectura Naval Argentina. Esta situación se ha agravado por diversas irregularidades y desigualdades en la asignación de sueldos y beneficios, generando un clima de tensión y descontento entre el personal.

Contexto de la Crisis

Las fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), han enfrentado un atraso salarial significativo. Este problema se ha visto exacerbado por la implementación de la "Comisión Técnica Asesora de Política Salarial", dependiente de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria dirigida por el Lic. Enrique Pinedo, y refrendada por el Ministerio de Seguridad Nacional bajo la conducción de la Ministra Patricia Bullrich y Martín Siracusa (equipo conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina), Secretario de Coordinación Administrativa. La resolución RESOL-2025-176-APN-MSG ha sido el marco normativo que ha intentado abordar esta problemática, aunque con resultados insuficientes.

Situación en la Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina (cuyas autoridades son Guillermo José GIMÉNEZ PÉREZ, Alejandro Paulo ANNICHINI) ha sido una de las aristas de esta crisis. Existen versiones que indican que oficiales de alta jerarquía (Mayores) han incrementado sus sueldos mediante diversos recargos y beneficios adicionales, como alimentos y otros ítems, que no se distribuyen de manera equitativa entre todo el personal. Esta situación ha generado un profundo malestar, ya que mientras algunos oficiales disfrutan de estos beneficios, el resto del personal, con 10 años de antigüedad, percibe salarios que rondan los 800.000 pesos mensuales.

Comparación con Otros Sectores

La disparidad salarial se hace aún más evidente al comparar los sueldos de las fuerzas federales con otros sectores. Personal de seguridad privada sin antigüedad gana aproximadamente 1.300.000 pesos por mes, y un empleado de comercio percibe alrededor de 1.200.000 pesos mensuales. Esta brecha salarial ha generado un fuerte descontento y ha llevado a muchos efectivos a considerar la renuncia, una situación que el gobierno de Javier Milei parece estar fomentando como parte de su plan "motosierra" para reducir la cantidad de funcionarios y empleados públicos.

Medidas de Intimidación

Ante las crecientes protestas y reclamos, las autoridades de la Prefectura Naval Argentina han adoptado una postura represiva. Se han registrado amenazas directas e indirectas de cambio de destino para aquellos que se atrevan a alzar la voz. Esta táctica de intimidación ha generado un clima de miedo y ha silenciado a muchos que temen perder sus puestos de trabajo o ser trasladados a lugares menos favorables.

Impacto en Otras Fuerzas Federales

La crisis no se limita a la Prefectura Naval Argentina. La Gendarmería Nacional Argentina también ha sido escenario de numerosos reclamos por bajos salarios y altos costos de traslado. La situación es aún más grave en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde el personal percibe salarios de aproximadamente 550.000 pesos mensuales y enfrenta condiciones laborales precarias. En Ituzaingó, varios efectivos fueron despedidos tras participar en un "sirenaso" y falsamente acusados de incumplimiento de deberes y sedición. Las protestas se centralizaron en "Puente 12", donde incluso se denunciaron actos intimidatorios y amenazas hacia el personal de las fuerzas que realizaron las protestas.

Fuerzas Armadas en Peor Situación

Las Fuerzas Armadas, a nivel nacional, están en una situación aún más crítica, con salarios inferiores a los de las fuerzas federales. La distribución de suplementos y beneficios sigue siendo opaca, generando un manto de sospecha y desconfianza entre el personal. Además, se ha reducido el control sobre las "Personas Políticamente Expuestas", lo que ha permitido que muchas autoridades de las fuerzas federales de seguridad queden exentas de esta categoría.

Cuadro de situación

La crisis salarial en las fuerzas federales de seguridad en Argentina es un reflejo de una problemática más profunda y sistémica. La falta de transparencia y equidad en la asignación de sueldos y beneficios, sumada a las medidas represivas adoptadas por las autoridades, ha generado un clima de tensión y descontento que amenaza con desestabilizar aún más el sector. Es imperativo que se adopten medidas urgentes y efectivas para abordar esta situación y garantizar un trato justo y equitativo para todo el personal de las fuerzas de seguridad.