Crisis policial en Santa Cruz: la denuncia penal contra policías autoconvocados profundiza el conflicto y genera cuestionamientos

La crisis entre el Gobierno de Santa Cruz y los efectivos policiales autoconvocados sumó un nuevo capítulo tras la presentación de una denuncia penal impulsada por la Fiscalía de Estado contra integrantes de la fuerza, tanto en actividad como retirados, por los hechos ocurridos el 23 de junio frente a la Casa de Gobierno provincial.

La presentación judicial fue realizada por la Fiscal de Estado, Natalia Linardi, con el patrocinio letrado del Dr. Emilio José Monzón. En ella se solicita investigar la presunta comisión de los delitos de atentado contra la autoridad, violación de domicilio y coacción, al sostener que un grupo de manifestantes ingresó a los jardines de la sede gubernamental y bloqueó los accesos, impidiendo el normal funcionamiento de la administración pública y la circulación de vehículos oficiales.

De acuerdo con el escrito, los manifestantes habrían utilizado la intimidación como mecanismo de presión para obtener mejoras salariales. Además, la Fiscalía solicitó la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno, incorporó documentación oficial y material audiovisual como elementos de prueba y requirió la intervención de fuerzas federales al considerar que la Policía provincial podría encontrarse impedida de actuar debido a que los manifestantes pertenecen a la propia institución.

Sin embargo, distintos testimonios y versiones periodísticas difundidas por el medio local OPI Santa Cruz cuestionan aspectos centrales de la denuncia. Entre ellos, sostienen que los funcionarios provinciales pudieron abandonar el edificio sin inconvenientes durante la protesta y que, por ese motivo, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad resultan relevantes para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

El mismo medio señaló que la preservación de ese material audiovisual permitirá establecer si efectivamente existió un bloqueo que impidiera la salida de vehículos oficiales o si las circunstancias ocurrieron de manera diferente a la descripta en la presentación judicial.

Mientras tanto, representantes de los policías autoconvocados rechazan las acusaciones y sostienen que la denuncia constituye una respuesta judicial al reclamo salarial que mantiene la fuerza desde hace varios días. Según esa postura, las imputaciones no reflejan lo ocurrido durante la manifestación y deberán ser esclarecidas mediante la producción de la prueba correspondiente.

La decisión del Gobierno provincial de promover acciones penales e impulsar la eventual intervención de fuerzas federales marca un endurecimiento de la estrategia oficial frente al conflicto. Paralelamente, distintos sectores consideran que la continuidad de las medidas sancionatorias podría incrementar la tensión institucional si no se reanudan las instancias de negociación salarial.

La investigación judicial será la encargada de determinar si los hechos denunciados ocurrieron conforme a lo expuesto por la Fiscalía de Estado o si las pruebas, especialmente los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios de los presentes, permiten arribar a una reconstrucción diferente de los acontecimientos.

Hasta que exista una resolución judicial firme, las acusaciones formuladas en la denuncia y los cuestionamientos realizados por los efectivos autoconvocados y distintos testimonios públicos constituyen posiciones contrapuestas dentro de un conflicto que continúa abierto.

Sanción disciplinaria masiva en la Policía de Santa Cruz reabre el debate sobre salud laboral, legalidad y derechos constitucionales

La Policía de la provincia de Santa Cruz atraviesa una de las crisis internas más significativas de los últimos años tras la aplicación de una sanción disciplinaria de alcance inédito. Más de 300 efectivos fueron sancionados con 20 días de arresto policial simple por no haber cumplido con el examen de aptitud física dispuesto por la Jefatura, una medida que generó fuerte malestar y reavivó el debate sobre los límites legales y constitucionales del poder disciplinario dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión fue formalizada a través de la Circular N° 020-JP/2025, impulsada por la Dirección General de Bienestar Policial, y alcanza a personal de distintas jerarquías, áreas y localidades de la provincia. En los considerandos, la conducción policial calificó la sanción como de carácter “ejemplificador”, al entender que se trató del incumplimiento de una orden formal emitida en el marco de una política institucional de control sanitario y físico.

Sin embargo, la magnitud de la medida y su aplicación simultánea a más de 300 agentes provocaron un inmediato rechazo interno. Entre los principales cuestionamientos se destacan la severidad del arresto frente a una falta considerada de naturaleza administrativa, la difusión de un anexo con el listado nominal de los sancionados y la falta de contemplación de situaciones particulares vinculadas al estado de salud y a las condiciones socioeconómicas del personal.

Desde el punto de vista normativo, el arresto policial no constituye una detención penal, sino una sanción disciplinaria prevista en la Ley Provincial N° 746, que regula el régimen del personal policial de Santa Cruz. Dicha norma define el arresto como una “simple detención” bajo condiciones reglamentarias y, en el caso del personal subalterno, permite su cumplimiento sin afectar la prestación del servicio. No obstante, su registro en el legajo individual tiene consecuencias directas sobre la carrera profesional.

El Reglamento de Promociones vigente establece que los antecedentes disciplinarios inciden en los procesos de ascenso, fijando umbrales de arresto que pueden inhabilitar al personal durante un año o más para acceder a promociones jerárquicas. Por este motivo, la sanción no solo tiene un impacto inmediato, sino que proyecta efectos a mediano y largo plazo sobre la trayectoria laboral de los agentes alcanzados.

Ya existen incluso en fuerzas federales el uso abusivo de la Junta Permanente de Reconocimientos Médicos cómo mecanismo de sanción indirecta.

La controversia adquiere mayor complejidad al analizarla a la luz del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en la Argentina. El derecho a la salud, reconocido por la Constitución Nacional y por instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integra el denominado bloque de constitucionalidad federal y obliga al Estado a adoptar medidas de protección, no de castigo, frente a situaciones de salud.

Asimismo, el artículo 14 bis de la Constitución garantiza condiciones dignas y equitativas de labor, mientras que la Ley 23.592 prohíbe expresamente la discriminación por motivos de enfermedad. A ello se suma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, que impone la obligación de realizar ajustes razonables en el ámbito laboral cuando existan limitaciones físicas o condiciones de salud crónicas.

Especialistas en derecho laboral y administrativo advierten que sancionar disciplinariamente a personal que no pudo cumplir con exigencias físicas por razones de salud podría vulnerar principios básicos como la dignidad humana, la intimidad, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales. También señalan que la publicación de listados nominales podría entrar en tensión con el derecho a la privacidad y con las normas de protección de datos personales.

La medida se enmarca en un plan integral de evaluación física y sanitaria lanzado por el Gobierno provincial en octubre de 2025, que incluyó pruebas físicas y estudios médicos complementarios —radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos— para todo el personal, tanto operativo como administrativo. En su momento, el entonces jefe policial, comisario general Diego Agüero, había sostenido que la institución necesita agentes en condiciones de brindar respuestas “eficaces y eficientes”.

No obstante, con el avance de la implementación surgieron reclamos vinculados a la falta de información clara sobre plazos y procedimientos, así como a las dificultades económicas para afrontar estudios médicos que, según denuncian algunos efectivos, no siempre fueron plenamente cubiertos por el sistema de salud correspondiente.

La conducción superior de la Policía de la provincia de Santa Cruz se encuentra encabezada por el jefe de Policía, comisario general Diego Martín Agüero, máxima autoridad operativa y administrativa de la institución, secundado por el subjefe de Policía, comisario general Luis Alcides Bordón, quien actúa como segundo en la cadena de mando; bajo esta estructura central se organizan las superintendencias, a cargo de oficiales con jerarquía de comisario general, entre ellas la Superintendencia de Administración, Planificación y Desarrollo, conducida por el comisario general Fernando Gabriel Gutiérrez; la Superintendencia de Bomberos, bajo la jefatura del comisario general Claudio Alejandro Castro; la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a cargo del comisario general Daniel Leandro Carrillo; la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos, encabezada por el comisario general Juan José Orellana; y la Superintendencia de Policía de Seguridad, conducida por el comisario general Sergio Alejandro Rego, conformando en conjunto el máximo nivel jerárquico de conducción estratégica y funcional de la fuerza policial provincial.

El conflicto se desarrolla bajo la órbita del Gobierno provincial encabezado por el gobernador Claudio Orlando Vidal, con la Jefatura de Gabinete a cargo del ministro José Daniel Álvarez, y con responsabilidades directas en los ministerios de Gobierno, Economía, Desarrollo Social, Salud y Ambiente, Secretaría General de la Gobernación, Producción, Trabajo y Seguridad Social, Energía y Minería, y el Consejo Provincial de Educación, cuyas autoridades integran el esquema institucional que rige la administración pública provincial.

En particular, el Ministerio de Seguridad, conducido por el ministro Pedro Prodromos, concentra la conducción política del área policial. Bajo su estructura funcionan la Secretaría de Estado de Seguridad, a cargo de Bruno Esteban Gómez, y las subsecretarías de Coordinación de Políticas de Seguridad, Protección Civil, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gestión Administrativa, Asuntos Jurídicos, Seguridad Ciudadana, Formación y Capacitación, Auditoría Interna y Asuntos Penitenciarios, con sus respectivas autoridades responsables.

El alcance de la sanción y sus derivaciones legales abren ahora un escenario de posibles impugnaciones administrativas y judiciales, en un contexto nacional marcado por crecientes conflictos psicosociales en las fuerzas de seguridad. El caso de Santa Cruz expone, una vez más, la tensión estructural entre las exigencias operativas del servicio policial y la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de salud y condiciones dignas de trabajo.

Asociación Civil Policíal de Santa Cruz: Gremios estatales de Santa Cruz se pronuncian sobre la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión

El pasado viernes 26 de abril, los sindicatos que representan a trabajadores de diversas reparticiones de la administración pública de la provincia de Santa Cruz se congregaron para abordar temas cruciales relacionados con la seguridad social y el bienestar de los trabajadores.

La cita, que se llevó a cabo en el Gremio de Judiciales, contó con la participación de destacadas organizaciones sindicales como ATE, Luz y Fuerza, ADOSAC, SOEM, APOC, ATSA, Judiciales, la Asociación Civil Policial y el Centro de Jubilados Judiciales. Este encuentro marcó un hito al ser la primera vez que la Asociación Civil Policial de Santa Cruz participa activamente en una reunión conjunta con gremios estatales, subrayando así la importancia del reconocimiento del personal policial como trabajadores.

El propósito principal de la reunión fue debatir y establecer posturas respecto a dos pilares fundamentales del estado provincial: la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social. Los representantes sindicales coincidieron en la necesidad de defender y preservar estas instituciones, manifestando su firme oposición a cualquier modificación de la Ley Previsional que pueda afectar los derechos adquiridos por los trabajadores.

En este sentido, se resolvió de manera unánime rechazar cualquier cambio legal relacionado con la Ley Previsional provincial, reafirmando el compromiso de salvaguardar los derechos de los trabajadores. Además, se instó al gobierno provincial a implementar medidas efectivas para abordar el déficit económico que enfrenta la Caja de Servicios Sociales, garantizando así el acceso a servicios de salud y bienestar para los trabajadores.

Los participantes de la reunión expresaron su respaldo a las acciones llevadas a cabo por los representantes de los trabajadores en los organismos de seguridad social, tanto en la Caja de Previsión Social como en la Caja de Servicios Sociales. Asimismo, repudiaron cualquier forma de intimidación hacia los gremios por parte de los poderes del estado provincial, mostrando su solidaridad con aquellos sindicatos que enfrentan obstáculos en su labor sindical.

La mesa de diálogo se mantendrá abierta para la inclusión de más sindicatos y gremios, con el objetivo de continuar abordando los desafíos que enfrenta la seguridad social en la provincia de Santa Cruz. Esta reunión marca un paso significativo en el reconocimiento del rol fundamental que desempeñan los trabajadores en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Mientras Lázaro Báez sigue preso (VIP) en su casa, Estancia Alquinta está en producción en Santa Cruz

" La estancia Alquinta a unos 80 kilómetros de Río Gallegos, que fuera propiedad de Lázaro Báez, se encuentra en producción, tal como lo demuestran las imágenes tomadas en sus galpones de esquila hace unos días.

Austral Agro a través de un administrador, está haciendo producir las estancias del testaferro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez, quien condenado por lavado de dinero, fue beneficiado con la detención domiciliaria y vive con tobillera electrónica en una amplia casa de la localidad de San Vicente (Prov de Buenos Aires), propiedad de Ariel Heine, quien, de acuerdo a la revista Noticia, tiene una causa por usurpación de un campo en el 2006, el 2012 le abrieron una causa por intento de fuga de una comisaría y desde 2017 lo investigan por encabezar una asociación ilícita para estafar a incautos con ventas ilegal de tierras.

Alquinta es una de las estancias judicializadas en la causa por lavado de dinero, junto con otras estancias y propiedades que, como informó OPI, figuran en un listado para salir a remate. Algunas de las tierras ya se han vendido a precios realmente de “oferta”, como Río Bote y otras, como Cruz Aike, no obtuvieron ofertas.

La estancia Alquinta, cercana a esta capital, posee aproximadamente 50 mil hectáreas, fue adquirida por Báez a un consorcio chileno en el año 2008 por 5 millones de dólares y la compró con 15 mil ovejas, teniendo como característica poseer campos para verano e invierno (más reparado) a fin de proteger y engordar a los animales.

Alquinta está dentro del universo de propiedades rurales manejadas por Austral Agro y que tuvo a su frente por algún tiempo al contador Fernando Butti.

Desde la justicia como así tampoco de ningún sector oficial, se indica, informa a la opinión pública ni se aclara en concepto de qué, las estancias, las estaciones de servicios y en general el patrimonio mal habido de Báez y su familia, produce fondos y dónde van a parar los mismos.

Fuentes extraoficiales señalarían a Leandro Báez como uno de los articuladores de los negocios de su padre por fuera inclusive de la orden legal, especialmente en lo referido a la venta de la producción agropecuaria a través de Austral Agro que por iniciativa de Leandro Báez, en el 2018 pidió autorización al TOF 4 para vender la producción. "

OPI Santa Cruz

“Nos quería sacar la mitad de cada plan”: denuncian por extorsión a un militante K que trabaja en el Estado

" Se trata Daniel Galvagno, un abogado de Santa Cruz que militaba junto a Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social. Desde entonces, cumple funciones en la CNRT. Los afectados serían más de 500 personas. Dos denuncias penales y las pruebas de un sistema siempre sospechado

Las denuncias sobre el pago de “aportes” que deben realizar los beneficiarios de planes sociales suelen naufragar en los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social. Solo un puñado de esos casos termina en la Justicia, donde también se diluyen por falta de pruebas.

En este caso, la denuncia judicial está acompañada de chats, audios, y hasta comprobantes de las transferencias. El apuntado es Daniel Galvagno, un militante K que tiene vínculos políticos con la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y quedó salpicado durante la pandemia por una compra de lavandina por parte de la Gobernación. Ahora lo acusan de montar un sistema de recaudación con el Potenciar Trabajo, que abarca a 1.200.000 personas.

“Nosotros veníamos amparados por el movimiento Octubres de Gastón Arispe. A Galvagno lo conocimos por Facebook, él tenía la unidad de gestión, una organización que se llama “Sumando x Argentina”, y nosotros teníamos gente en todo el país. Empezó pidiéndonos 1400/1500 pesos por cada beneficiario, luego 2300 pesos, y terminó exigiendo que le demos la mitad de cada plan”, cuenta uno de los afectados, Nicolás Riccardi, en diálogo con Infobae.

La denuncia fue presentada el lunes pasado en los tribunales de Comodoro Py y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, aunque podría terminar en el juzgado de Maria Eugenia Capuchetti, quien investiga hace meses a los dirigentes del Polo Obrero por un supuesto sistema de recaudación similar.

En el caso de Galvagno, también hay una presentación judicial en los tribunales de Lomas de Zamora y decenas de denuncias ante el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un canal especial para este tipo de reclamos. "

Infobae

14/11 : 138º Aniversario de la Policía de Santa Cruz

source https://nitter.it/PFAOficial/status/1592122740399837184#m

Fernando Basanta : Nunca ejerció el Derecho, no tiene matrícula y por militante, juró en la Corte de Santa Cruz

" Fernando Basanta fue designado con el voto positivo de 16 diputados, la abstención de 3 y la negativa de otros 4 de la oposición.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la designación del abogado Fernando Basanta como juez del Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano del Poder Judicial de la provincia que tenía una vacante desde abril, cuando Enrique Osvaldo Peretti renunció al cargo para jubilarse.

Si bien la oposición intentó impedir la designación a través de vía judiciales, con el argumento de que Basanta no está matriculado para ejercer la profesión de manera autónoma y que no cumplía la cantidad de años suficiente en el ejercicio de la profesión, en la Legislatura su acuerdo pasó sin mayores sobresaltos, con el voto positivo de 16 diputados del Frente de Todos, la negativa de 4 y la abstención de otros 3 que adujeron las mismas razones para oponerse.

Votaron de manera negativa la diputada de la UCR Nadia Ricci y tres de los cuatro diputados del partido SER, de Claudio Vidal, puesto que Miguel Farías estuvo ausente en la sesión. Además se abstuvieron Daniel Roquel y Evaristo Ruiz de la UCR y Gabriel Oliva de Encuentro Ciudadano.

Durante la sesión, el diputado del Frente de Todos, Martín Chávez, dijo que parta la designación de los funcionarios judiciales en la provincia de Santa Cruz se le da "un sentido amplio a la expresión ejercicio de la profesión" y aseguró que así lo hace la mayoría de las constituciones provinciales.

En la carrera profesional de Basanta se habría tenido en cuenta su paso por los tres poderes del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial. Desde su trabajo ad honorem en una mesa de entradas, pasando por el Legislativo y Ejecutivo Nacional como empleado en diferentes cargos y como funcionario. Además, estuvo en la Dirección Nacional de relaciones con el Poder Legislativo entre 2011 y 2015. Formó parte también como asesor de la Comisión que elaboro el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. "

Memo

Luciani aporta pruebas sobre cómo Lázaro Báez competía contra sí mismo y nadie lo controlaba

" El fiscal analiza las licitaciones con el objetivo de demostrar que estaban direccionadas para favorecer al empresario que era socio de Cristina Kirchner

Con el foco puesto en la letra chica de las licitaciones de las obras públicas que recibió Lázaro Báez, el fiscal Diego Luciani retomó esta mañana el alegato en el juicio del caso Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner, Báez y 11 exfuncionarios nacionales y provinciales como acusados por los delitos de asociación ilícita y fraude al Estado.

En la misma línea que se siguió durante la audiencia anterior, Luciani sigue repasando las licitaciones de las 51 obras que recibió Lázaro Báez, una por una y en orden cronológico. El fiscal aporta pruebas para demostrar que Báez competía contra sí mismo -es decir, que las licitaciones eran “una ficción”- y que el Estado no lo controlaba. Según Luciani, esto solo fue posible porque hubo una orden de “lo más alto del Poder Ejecutivo”.

Igual que en la audiencia del martes, la vicepresidenta está ausente. Justificó ante el TOF 2 que tiene actividad como presidenta del Senado y compromisos como vicepresidenta y fue autorizada a no asistir. Escucha la acusación su abogado Carlos Beraldi.

Luciani comenzó hoy su exposición refiriéndose a la licitación número 19, “para la construcción de obras básicas y pavimento en la Ruta 288″. Era la licitación 12309/07. Los oferentes eran Kank y Costilla (que fue desestimada por no guardar correspondencia con el pliego), Austral Construcciones, Petersen Thiele y Cruz, y Gotti. Dijo que se trató de una licitación simulada y que Báez competía contra sí mismo. "

La Nación