Los dichos de Milei contra los periodistas: qué delitos del Código Penal argentino podrían configurarse

El presidente Javier Milei arremetió públicamente contra periodistas y medios durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, con acceso cerrado a la prensa. Allí calificó a un grupo de periodistas como “ensobrados y corruptos” y afirmó que “los hijos de puta se tienen que quemar en la hoguera”, horas después de conocerse su sobreseimiento en la causa $LIBRA.

Según la crónica de LA NACIÓN, Milei sostuvo que la investigación por la criptomoneda $LIBRA fue una “operación política y mediática” con “fines golpistas” y acusó al grupo LA NACIÓN de “extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”. Nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, exigió que respondan por “toda la basura que difundieron” y anunció que “no van a tener piedad”.

En el plano jurídico, esas expresiones podrían encuadrar en el delito de injuria, definido por el artículo 110 del Código Penal: “el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada” es reprimido con multa (texto según Ley 26.551). La norma exige identificación del ofendido e intención, y aclara que no configuran delito las expresiones referidas a asuntos de interés público ni las no asertivas.

La calumnia, prevista en el artículo 109, requiere la falsa imputación a una persona física determinada de “un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública”, y se castiga con multa. Tratar a periodistas de “corruptos” o atribuir al grupo LA NACIÓN extorsión y evasión podría analizarse bajo ese tipo penal, siempre que la imputación sea concreta, asertiva y no un debate de interés público, advierte la propia ley.

El artículo 149 bis reprime con prisión de seis meses a dos años “al que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”, con escala agravada si busca obligar a otro a hacer o tolerar algo contra su voluntad (dos a cuatro años). La frase sobre la “hoguera” divide a los especialistas: puede leerse como retórica política o como amenaza idónea para intimidar a personas previamente señaladas.

Las calumnias e injurias son delitos de acción privada en la Argentina: según el artículo 73 del Código Penal, solo puede promover la causa el ofendido mediante querella. Las amenazas, en cambio, son perseguibles de oficio y cualquier persona puede denunciarlas. El artículo 117 agrega que el acusado queda exento de pena si se retracta públicamente antes de contestar la querella, sin que ello implique admitir su culpabilidad.

La cena contó con cientos de asistentes, entre ellos ministros, funcionarios, empresarios y dirigentes libertarios, y fue grabada por la organización. Si se abriera una causa, la justicia puede citar a declarar como testigos a quienes presenciaron el discurso: el Código Procesal Penal de la Nación obliga a comparecer y a decir verdad, y el falso testimonio es delito. Los registros audiovisuales del acto también servirían como prueba.

El artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación impone a los “funcionarios o empleados públicos” la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Como el Gabinete nacional presenció el discurso, cualquier funcionario que entienda que hubo delito debe informarlo a la justicia; omitirlo podría comprometer su responsabilidad administrativa y penal (artículo 248).

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió los dichos y alertó sobre “una escalada sin precedentes” del Presidente contra los periodistas. Sostuvo que identificar uno por uno a trabajadores de prensa y apelar a la figura de la hoguera “legitima la violencia” y los expone a riesgos concretos, y subrayó que “el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco”.

El episodio ocurrió tras el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que sobreseyó a Milei, a su hermana Karina y al resto de los investigados por $LIBRA sin citarlos a declarar y con los inversores apartados como querellantes. Hasta el cierre de esta edición no se había informado de denuncias judiciales contra el Presidente por sus expresiones; una eventual causa quedaría a cargo de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.