La relación política entre el presidente argentino Javier Milei y la administración de Donald Trump está acompañada por una intensa actividad empresarial y diplomática en Washington según expone revelaciones de Pablo Fernández Blanco en La Nación.
Compañías internacionales, empresarios argentinos y representantes de grupos de presión buscan influir en las decisiones del Gobierno estadounidense sobre inversiones, acceso a mercados, propiedad intelectual y sectores estratégicos de la economía argentina.
En ese contexto, Washington se convirtió en un espacio relevante para negociar el ingreso de capitales, obtener respaldo institucional y promover cambios regulatorios.
Durante su reciente visita a Estados Unidos, Milei no mantuvo una reunión con Trump, pero incorporó a su agenda al empresario Harold Hamm, una figura influyente en la industria petrolera estadounidense y aliada del presidente norteamericano.
Hamm es el fundador de Continental Resources, empresa estadounidense que en agosto de 2026 acordó adquirir el 50% de Phoenix Global Resources y proyectó inversiones superiores a los US$4.000 millones en Vaca Muerta durante los próximos cinco años.
La operación establece una asociación con Mercuria Energy Group, compañía suiza que controlaba Phoenix y que tenía entre sus accionistas minoritarios al empresario argentino José Luis Manzano, exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem.
El proyecto contempla ampliar la producción de Phoenix desde aproximadamente 28.000 barriles equivalentes de petróleo diarios hasta superar los 100.000 en cinco años. El acuerdo representa una de las principales apuestas recientes de capital estadounidense en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la Argentina. +
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La actividad de Manzano en Estados Unidos también comprende gestiones relacionadas con minerales críticos. Desde abril de 2024, él y sus empresas contrataron servicios de lobby por más de US$615.000 para presentar propuestas ante organismos de la administración Trump.
A través de Integra Capital USA, el fondo de inversión vinculado al empresario, buscó promover oportunidades relacionadas con el cobre y facilitar reuniones con el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente.
Su representante, Eric Bovim, llevó iniciativas sobre minerales críticos al Consejo Económico Nacional. Integra Capital USA también recurrió a John Barsa, exfuncionario de la primera administración Trump, quien trabaja para Continental Strategy, consultora fundada por Carlos Trujillo, exembajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos.
En paralelo, Minera Aguilar, con yacimientos en Jujuy, impulsó gestiones vinculadas con sus intereses mineros.
La competencia por los recursos minerales argentinos también involucra a BHP, una de las mayores compañías mineras del mundo.
Su director ejecutivo, Mike Henry, encabezó gestiones para incorporar proyectos argentinos de minerales críticos a las prioridades estadounidenses de seguridad de suministro, infraestructura y financiamiento.
Representantes de la empresa mantuvieron contactos con la Oficina de la Casa Blanca, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Consejo de Seguridad Nacional y organismos capaces de financiar proyectos considerados estratégicos por Washington. En enero de 2025, BHP participó en la conformación de Vicuña, una empresa conjunta con Lundin Mining para desarrollar los depósitos de cobre Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.
La investigación periodística atribuye a BHP una apuesta de US$2.000 millones por la mitad del proyecto. Los yacimientos se encuentran en una zona cordillerana de gran altitud y el cobre que contienen resulta relevante para las redes eléctricas, la transición energética y la fabricación de vehículos eléctricos.
El sector farmacéutico constituye otro de los principales escenarios de negociación entre la Argentina y Estados Unidos. A fines de agosto, Jeffrey Goettman, uno de los funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), visitó Buenos Aires y realizó consultas sobre el mercado de medicamentos. Anteriormente, Matthew Schumaker, un experimentado representante de la industria farmacéutica estadounidense, había gestionado ante ese organismo en nombre de Vertex Pharmaceuticals, empresa responsable de Trikafta, un tratamiento utilizado contra la fibrosis quística.
Sus gestiones, iniciadas en 2025 y continuadas durante 2026, apuntaron a promover cambios en las normas de propiedad intelectual argentinas y rusas. En la misma línea, PhRMA, la asociación que agrupa a grandes compañías farmacéuticas como Pfizer, Merck, Eli Lilly y Johnson & Johnson, reclamó que la Argentina eliminara restricciones a la patentabilidad de medicamentos, reforzara la protección de los datos utilizados para autorizar su comercialización y redujera las demoras en la concesión de patentes.
Frente a esos reclamos, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) presentó su propia posición ante la USTR. Mediante una nota de 18 páginas fechada el 28 de enero de 2026 y firmada por Mariano Genovesi y Eduardo Franciosi, la entidad defendió el régimen argentino y sostuvo que las restricciones existentes evitaban la prolongación artificial de las patentes.
También pidió que el país abandonara la lista de vigilancia estadounidense en materia de propiedad intelectual. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a laboratorios internacionales, sostuvo una posición diferente y destacó que el desarrollo de medicamentos comprende investigación, conocimiento científico, controles, trazabilidad y vigilancia permanente.
La controversia expone dos intereses contrapuestos: por un lado, el de los laboratorios nacionales, que buscan preservar las condiciones de competencia del mercado local; por otro, el de las compañías internacionales, que reclaman mayores garantías para proteger sus innovaciones y sus inversiones.
El Gobierno argentino modificó el marco regulatorio de las patentes farmacéuticas mediante la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el 18 de marzo. La medida derogó las pautas de 2012 y dispuso que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evaluara cada solicitud de patente química o farmacéutica de acuerdo con la legislación vigente. La resolución incorporó, además, una protección transitoria para productos farmacéuticos que ya se comercializaban en el país: las nuevas patentes concedidas en esos casos no permiten impedir la continuidad de esa comercialización ni reclamar una compensación por ella.
El 30 de abril, la USTR anunció que Argentina pasaba de la lista de vigilancia prioritaria a la lista de vigilancia ordinaria, después de haber permanecido tres décadas en la categoría prioritaria. Aunque el cambio representó una mejora en la evaluación estadounidense, el país continuó incluido en el seguimiento por cuestiones de propiedad intelectual.
En paralelo, el Gobierno anunció una agenda de inversiones farmacéuticas y científicas de gran magnitud. El 29 de mayo de 2026, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, recibieron a representantes de CAEMe, que comunicó una inversión acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los siguientes seis años. Entre los participantes se encontraban Gastón Domingues Caetano, presidente de la cámara, y representantes de compañías como MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer.
La iniciativa apunta a ampliar el desarrollo de estudios clínicos en la Argentina y fortalecer sus capacidades científicas y sanitarias. El anuncio se produjo después de los cambios en las reglas de patentabilidad y de la revisión de la situación argentina por parte de Washington. Sin embargo, la coincidencia temporal de esos acontecimientos no demuestra, por sí sola, que exista una relación contractual directa entre las modificaciones regulatorias y el compromiso de inversión anunciado por los laboratorios.
Otro caso que muestra el alcance de las decisiones estadounidenses sobre las operaciones argentinas en el exterior es el de IMPSA, la compañía metalúrgica fundada por la familia Pescarmona, que pasó a manos de capitales estadounidenses en 2025 y quedó bajo el control mencionado de Arc Energy.
Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, en enero de 2026, IMPSA necesitó autorización de Estados Unidos para avanzar en las negociaciones con Venezuela destinadas a finalizar las obras de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua. Según la investigación periodística, el asunto pasó por la Oficina Ejecutiva del Presidente y el Departamento de Estado, mientras que entre los representantes contratados para gestionar los intereses de la empresa figuró Thomas Feddo, exfuncionario de la primera administración Trump. El caso ilustra cómo las restricciones y autorizaciones estadounidenses pueden incidir sobre negocios de compañías con participación argentina incluso cuando los proyectos se ejecutan fuera del territorio de Estados Unidos.
La investigación también señala que IMPSA utilizó dos licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, para encuadrar sus operaciones vinculadas con Venezuela. Según la descripción de esas condiciones, los contratos debían regirse por la legislación estadounidense, los pagos tenían que canalizarse a través de cuentas indicadas por el Tesoro y cada operación debía informarse a los departamentos de Estado y de Energía.
En agosto de 2026, IMPSA anunció oficialmente la firma del acuerdo definitivo con las autoridades venezolanas para rehabilitar y modernizar ambas centrales. La primera fase contempla recuperar 432 megavatios en Tocoma y 240 megavatios en Macagua, para alcanzar 672 megavatios en un plazo de 24 meses.
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La empresa se comprometió, además, a reincorporar inicialmente 160 megavatios mediante la puesta en servicio de unidades de Macagua durante los primeros 90 días. El plan general prevé alcanzar una capacidad de generación de hasta 2.640 megavatios entre las dos instalaciones.
La energía nuclear completa el mapa de intereses estratégicos descrito en la investigación. Durante las negociaciones de 2025 para establecer un intercambio de monedas por US$20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Departamento del Tesoro estadounidense, encabezado por Scott Bessent, Washington buscaba contribuir a contener la presión cambiaria sobre el peso. De acuerdo con la publicación, las conversaciones también incluyeron el interés estadounidense en ampliar la participación de sus empresas en el sector nuclear argentino y limitar la presencia de China en áreas estratégicas.
La investigación advierte que de algunas de esas conversaciones quedaron escasos registros públicos. En ese contexto aparece Hamid Ansari, empresario de origen iraní radicado en Estados Unidos, vinculado con el proyecto de construcción de un reactor nuclear en el complejo de Atucha, donde funcionan las centrales Atucha I y Atucha II. En julio de 2026, el Gobierno argentino anunció una propuesta de Meitner Energy para construir allí un reactor modular ACR-300, con una inversión privada estimada en US$1.200 millones y una participación vinculada al Grupo Ansari y a INVAP.
La influencia de Washington también alcanza a figuras de la política argentina alejadas de la administración de Milei.
Cristina Fernández de Kirchner quedó incluida en este entramado cuando, el mismo día en que llevó ante las Naciones Unidas su reclamo por la condena judicial que recibió, contrató una agencia internacional para difundir su caso en el exterior. Según la investigación, la consultora terminó registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El episodio completa un panorama en el que confluyen inversiones energéticas, explotaciones mineras, patentes farmacéuticas, centrales hidroeléctricas, proyectos nucleares y estrategias de comunicación política.
Aunque cada operación responde a intereses particulares, los casos presentados muestran que las decisiones económicas y empresariales vinculadas con la Argentina mantienen una relación cada vez más visible con organismos, regulaciones y actores políticos establecidos en Washington.
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