Corte Suprema de Justicia: Jueces y empleados judiciales deben dar el ejemplo tras el fin de la pandemia

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) envió una carta a la Corte Suprema de Justicia, solicitando el regreso presencial de los jueces y empleados judiciales a los tribunales. Argumentan que la pandemia de COVID-19 ha terminado, así como la feria judicial de invierno, y que es momento de retomar la actividad normal en el sistema de justicia.

La falta de uniformidad en las decisiones de las Cámaras ha generado distintos protocolos en cada juzgado, lo que ha afectado la atención al público y dificultado la labor de los abogados. Esta situación ha llevado a una disminución del tráfico en los tribunales y ha afectado la vida en los alrededores de Plaza Lavalle, donde tradicionales cafés y restaurantes han cerrado debido a la falta de clientes.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía destaca que la Corte Suprema ya ha dispuesto el regreso de la presencialidad plena, pero muchas dependencias no han cumplido con la medida, lo que ha generado un deterioro en el servicio de justicia.

Es relevante reflexionar sobre la importancia que los jueces y fiscales den el ejemplo y cumplan con las disposiciones de la Corte Suprema, demostrando así el respeto a las instituciones y a la seguridad jurídica. La fortaleza de las instituciones es fundamental para mantener el orden y la confianza en el sistema de justicia, lo que a su vez contribuye a la seguridad política y al funcionamiento adecuado del país.

Es cierto que la tecnología ha mejorado el sistema de justicia durante la pandemia, pero el ejercicio de la abogacía aún requiere de la interacción con los funcionarios y empleados judiciales de manera presencial. La ausencia de un protocolo unificado y la falta de funcionamiento adecuado del sistema Lex-100 también representan desafíos que deben ser abordados.

En conclusión, es fundamental que los jueces y empleados judiciales retornen a sus despachos de manera presencial, garantizando así la eficiencia y la igualdad en la prestación del servicio de justicia. La superación de la pandemia implica una responsabilidad compartida para fortalecer las instituciones y asegurar la seguridad jurídica en beneficio de toda la sociedad.