Romina Picolotti, la ahijada política del presidente Alberto Fernández y ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante la gestión de Néstor Kirchner, ha sido condenada por corrupción. La Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado la sentencia dictada en 2021 por el Tribunal Oral Federal 6, que la halló culpable de utilizar fondos del Estado para sus gastos personales durante su tiempo al frente del organismo.
La condena impuesta a Picolotti incluye tres años de prisión en suspenso y la devolución de casi 7 millones de pesos al erario público. Según las fuentes judiciales, la ex funcionaria utilizó de manera irregular y abusiva un total de 294.687 pesos provenientes de la Secretaría para gastos personales propios y de sus familiares. Estos gastos incluían comidas, pasajes aéreos para familiares y personas cercanas, así como la contratación de vuelos privados en aviones chárter.
Los jueces del TOF 6 que la condenaron destacaron que Picolotti utilizó de manera fraudulenta los fondos públicos asignados a la dependencia que dirigía, desviándolos para beneficio personal y de terceros, ocasionando así un perjuicio económico al patrimonio del Estado nacional. Además de la pena de prisión y la obligación de devolver el dinero, la ex funcionaria también ha sido inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Durante el juicio, la defensa de Picolotti apeló la condena presentando una serie de objeciones, mientras que la fiscalía solicitaba una pena de tres años y nueve meses de prisión. La ex Secretaria, que siguió el juicio desde Miami, donde reside desde 2015, negó rotundamente las acusaciones en su contra, alegando que no realizó ni autorizó los gastos mencionados y que la acusación era infundada. Entre las negaciones, destacó que se la acusaba de comer alimentos no acordes con su dieta vegetariana, así como de comprar bebidas alcohólicas, algo que afirmó no hacer.
Este nuevo escándalo de corrupción en la política argentina ha generado indignación entre los contribuyentes del país, quienes ven cómo sus recursos fueron utilizados indebidamente por una alta funcionaria que debía velar por el bienestar del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Ahora, Romina Picolotti tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de una última instancia de revisión del caso, lo que mantendrá la atención pública en este caso de alto perfil.
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