Importancia de la Idoneidad en el Empleo Público: Un Aspecto Descuidado en Medio del Favoritismo Político (Nepotismo)

El número de personas que reciben salarios del gobierno nacional y provincial ha alcanzado su punto más alto en la última década, lo que ha generado preocupación sobre el uso adecuado de los fondos públicos y la falta de respeto por la idoneidad en el empleo público. Tanto los estados provinciales como el nacional, junto con las empresas y entidades estatales, han experimentado una expansión continua de su fuerza laboral durante los últimos 31 meses, alcanzando una cifra sin precedentes de casi 3,5 millones de empleados públicos en mayo.

Las estadísticas oficiales confirmaron una reducción real en ciertos aspectos del "gasto primario" del gobierno nacional, como los pagos por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones, en junio. Sin embargo, otros gastos, como los salarios, aumentaron un 4,64% en términos reales durante el mismo período. Esta tendencia se reflejó en la mayoría de las jurisdicciones provinciales.

Esta expansión en el empleo público se debe en parte al aumento de la plantilla gubernamental. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, en mayo había 3.429.784 trabajadores asalariados en el sector público de todo el país, lo que representa un aumento del 2,3% en comparación con el mismo mes de 2022. Esta fue la cifra más alta registrada en la última década, superando el récord anterior establecido en diciembre de 2022, con 3.424.983 empleados públicos.

Sin embargo, es importante distinguir cuántos de estos empleados forman parte de la administración nacional. Según el informe "Dotación de Personal" del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el número de trabajadores llegó a 342.678 en junio, la cifra más alta desde que comenzó la medición en julio de 2022. Este número incluye a quienes trabajan directamente en la administración central, así como a los empleados en empresas y entidades estatales.

Estos resultados contradicen claramente el objetivo establecido por el Ministro de Economía, Sergio Massa, cuando lanzó la publicación del informe de personal el 30 de septiembre del año pasado. Él expresó su compromiso con la transparencia y el control sobre el crecimiento de la fuerza laboral pública, con el objetivo de evitar cualquier violación del acuerdo de no aumentar el personal en la administración pública nacional y sus entidades afiliadas, excepto por requisitos operativos justificados.

El congelamiento de la contratación se suponía que abarcaba diversos tipos de contratos, incluidos los empleos indefinidos, a plazo fijo, a tiempo parcial y temporales, según lo definido por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Además, se incluyeron los contratos basados en la prestación de servicios individuales y aquellos con proveedores de servicios temporales.

Sin embargo, parece que este compromiso no se ha cumplido plenamente, como lo demuestra el continuo crecimiento de la fuerza laboral pública en los últimos meses. La tendencia no se limita al ámbito nacional, ya que las provincias y municipios también han experimentado un patrón similar, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo. Desafortunadamente, los datos no especifican si los nuevos empleados fueron designados en las administraciones centrales o contratados por entidades afiliadas a los gobiernos provinciales.

Lo que es evidente, sin embargo, es el alarmante pico en el número total de empleados públicos en el país, que se registró en mayo. Este aumento no se refleja en otras categorías de empleo formal. Según el Ministerio de Trabajo, el empleo privado sigue creciendo en comparación con el año anterior, pero aún no ha superado el pico registrado en marzo de 2023, con un total de 6.371.579 empleados privados formales.

En conclusión, el aumento en el empleo público tanto en la administración nacional como en las provinciales pone en duda el respeto por los principios de idoneidad y revela el creciente nepotismo o favoritismo político. El mal uso de los recursos públicos de esta manera compromete la efectividad y eficiencia de las instituciones públicas y socava la confianza en el gobierno. Garantizar un proceso de selección transparente y basado en el mérito para los empleados públicos es fundamental para mantener los principios de buena gobernanza y fomentar un sector público más responsable y eficaz.