Revelaciones Escandalosas: Despilfarro y Clientelismo en la Gestión de Malena Galmarini en AySA

Malena Galmarini, ex presidenta de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), se encuentra bajo escrutinio público debido a sus acciones durante la gestión de la empresa estatal. La polémica surge por la distribución de 10.000 cajas navideñas a los 8000 empleados de AySA a un costo exorbitante de 120 millones de pesos.

La adquisición de estos kits festivos se realizó a principios de diciembre, justo antes de que Javier Milei asumiera la presidencia, en un momento de ajuste económico significativo. Cada caja navideña, compuesta por productos como pan dulce, budín, garrapiñada y turrón, tuvo un precio unitario asombroso de $11.900. El proveedor de estos productos fue OAG SA, una empresa vinculada a servicios de "logística alimentaria", con conexiones notables que incluyen a la Presidencia de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández y varios gobiernos provinciales y municipales.

Lo más impactante es que estas acciones ocurrieron mientras Galmarini enfrentaba investigaciones penales por la compra de vehículos por más de 25 millones de dólares que aún no se han entregado. Este nuevo gasto desmesurado plantea serias preguntas sobre la administración de fondos públicos y la responsabilidad en el uso de recursos.

Cabe destacar que AySA, bajo la presidencia de Galmarini, ha estado operando con un déficit considerable, dependiendo en gran medida de créditos de organismos multilaterales o fondos del Tesoro para cubrir sus gastos. En el transcurso de este año, Sergio Massa, en su papel de ministro de Economía, destinó más de 42.000 millones de pesos para cubrir el déficit operativo de AySA. Estos movimientos financieros, comparables a prácticas de economía doméstica, generan preocupaciones sobre la administración fiscal y el uso adecuado de los recursos públicos.

La gestión de Galmarini en AySA también ha sido objeto de denuncias por presunto fraude a la administración pública en millonarias compras de cloro, presentadas por la Coalición Cívica. Todo esto apunta a una serie de irregularidades y malversaciones que podrían ser solo la punta del iceberg.

El llamado a auditar la gestión de Galmarini en AySA se presenta como una necesidad imperante, con la esperanza de que la justicia actúe con contundencia para arrojar luz sobre las prácticas cuestionables que han afectado los recursos públicos. Es hora de que aquellos que han dilapidado los recursos de la sociedad rindan cuentas ante la justicia y la ciudadanía.