"Era una empresa criminal constituida dentro del Estado" : Investigan carpetas ilegales de Marcelo Sain con datos de empresarios, políticos y periodistas

"Los fiscales Hernández y Jiménez se hicieron de evidencias sobre la fallida licitación de armas y la recopilación de información "sobre personas fuera de las previsiones legales". Apuro de funcionarios salientes por triturar documentación. Silencio en Gobierno y redefinición del equipo de Seguridad.

En el medio de los gravísimos hechos de inseguridad que se repiten casi a diario en la provincia, las diligencias concretadas este viernes por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, parecieron acelerar la salida de doce funcionarios del Ministerio de Seguridad que llegaron de la mano de Marcelo Sain. Los procedimientos judiciales debieron ser apurados debido a que los salientes estaban destruyendo la documentación. En tanto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, define por estas horas junto al gobernador Omar Perotti el equipo que lo acompañará en la gestión.

En la regional I del MPA se llevan adelante dos investigaciones que involucran a la gestión de Sain. La primera sobre el proceso de licitación de armamentos que debió ser paralizada y readecuado el pliego por parte del Ministerio de Economía de la provincia. El tema fue denunciado por el propio titular regional del MPA, Carlos Arietti, al momento de producirse la vuelta al Organismo de Investigación de Sain.

La otra causa y que parece tener ribetes escandalosos y hasta inéditos desde 1983 a la fecha es por  "acumular información de personas fuera de las previsiones legales" según dijo el fiscal Hernández en declaraciones periodísticas. En este caso, la causa se inicia por testimonios de funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones que plantearon a sus superiores "dudas" sobre las tareas que se le encomendaban. "Fue la punta del ovillo para empezar a recopilar evidencias" se dijo a El Litoral de fuentes con acceso al expediente. Entre las carpetas de seguimiento de personas se encuentran empresarios, dirigentes políticos oficialistas y de la oposición, gremialistas y periodistas, se aseguró a este diario. "Era una empresa criminal constituida dentro del Estado" afirmó el ex ministro de Seguridad y hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro."

El Litoral