La Cámara Contencioso Administrativo Federal ha emitido una resolución determinante en el expediente "Valle Ibarra, Ever Ernesto y otros" (CAF 013118/2020/CA002), la cual expone las falencias en la gestión administrativa y financiera del Estado Nacional, específicamente a través de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad Nacional.
El fallo, firmado por los magistrados Liliana María Heiland y Rodolfo Facio, con la asistencia del secretario Hernán Gerding, rechaza los intentos de la fuerza de seguridad por postergar el cumplimiento de una deuda judicial que cuenta con una liquidación aprobada desde mayo de 2024.
La justicia determinó que las autoridades de la Policía Federal Argentina no lograron acreditar de manera fehaciente el agotamiento de las partidas presupuestarias que invocaron como excusa para dilatar el pago hacia ejercicios futuros.
La estrategia de defensa, respaldada por informes de la Superintendencia de Administración de la Policía Federal Argentina, pretendía ampararse en leyes de presupuesto y en la prerrogativa estatal de diferir pagos por única vez.
Sin embargo, el tribunal consideró que esta postura resulta improcedente dado que la propia fuerza había notificado previamente que los fondos ya estaban previstos para el ejercicio del año 2025.
Al no hacerse efectivo el depósito en los plazos legales, se genera un conflicto que evidencia una falta de coordinación entre el Ministerio de Seguridad (Alejandra Monteoliva) y sus organismos dependientes, afectando la previsibilidad jurídica y obligando a los acreedores a iniciar procesos de ejecución para percibir montos ya reconocidos por el propio Estado.
Este accionar de la Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Alejandro Rollé, no solo vulnera los derechos de los ciudadanos involucrados, sino que representa un gasto innecesario de recursos públicos y humanos. Algo totalmente perjudicial a la política del gobierno de Javier Milei en la cual se alega, al menos en lo discursivo, de "la motosierra" y de que "no hay plata".
Al judicializar deudas firmes y obligar a la intervención de las máximas instancias de la Cámara Federal, se satura el sistema judicial con litigios que carecen de sustento fáctico probado, según señalaron los jueces al confirmar la intimación de pago.
En última instancia, la insistencia de los funcionarios en dilatar estos compromisos financieros termina incrementando la carga económica sobre el erario nacional debido a la acumulación de intereses y al despliegue de la maquinaria legal del Estado en causas destinadas al rechazo, confirmando una gestión deficiente en la administración de las sentencias judiciales contra la fuerza.
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