Una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) detectó un esquema sistemático de fraude en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintas provincias del país, con maniobras de sobrefacturación, prestaciones inexistentes, conflictos de interés y cobros indebidos a afiliados. El informe, al que accedió el periodista Andrés Klipphan y publicado el 2 de mayo de 2026, detalla que los desvíos afectan tanto a jubilados como a las finanzas del organismo, en un contexto donde la actual gestión ya recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos considerados políticos o innecesarios.
El relevamiento se basó en cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, lo que permitió identificar patrones repetidos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, así como en ciudades específicas como Concordia. Los auditores detectaron concentraciones anómalas de recetas en determinados profesionales y cientos de casos por prestador, evidenciando que no se trata de hechos aislados sino de un circuito organizado.
Entre las principales modalidades detectadas se encuentra la sobrefacturación de anteojos: se prescribían lentes de baja graduación (módulos de $4.941) pero se facturaban como de alta graduación (hasta $27.204), generando diferencias económicas significativas. Otra práctica fue la emisión de prestaciones fantasma, incluyendo consultas sin historia clínica y estudios no realizados; en algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo médico. También se registró manipulación de códigos de facturación, donde primeras consultas se declaraban como de seguimiento para aumentar el valor cobrado.
El informe describe además circuitos cerrados con conflicto de interés, en los que médicos derivaban sistemáticamente a una única óptica —en ocasiones con vínculos familiares directos— y esquemas de cobro indebido a afiliados. En este último caso, se ofrecían lentes supuestamente “mejores” fuera de cobertura, cobrando al paciente montos elevados mientras simultáneamente se facturaba al PAMI por un producto de menor calidad. Se documentaron casos donde los afiliados pagaron hasta USD 1.500 más $353.500 por prestaciones que debían ser gratuitas.
La auditoría incluyó casos testigo. En Santiago del Estero, una óptica identificada como “M” y la firma “O SRL” registraron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio de $10,4 millones y un 95% de derivaciones concentradas en el mismo prestador. En Mar del Plata, un centro oftalmológico asociado combinó cobros indebidos a afiliados con 58 prestaciones sin historia clínica. En Entre Ríos, una óptica vinculada a una mutual sindical mostró 613 casos de sobrefacturación, 151 consultas sin respaldo y 16 recetas sin dioptrías, consideradas médicamente inválidas. También se identificaron patrones similares en La Rioja y en Concordia, donde un solo médico concentró 830 casos.
Estas irregularidades se inscriben en una investigación más amplia sobre el sistema OME, que previamente detectó simulación de consultas, falsificación documental y uso indebido de datos personales. Actualmente existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el organismo y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal.
Uno de los expedientes más avanzados tramita en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó la elevación a juicio contra un médico de 72 años (A. J. M.) y la farmacéutica G. V. B., acusados de emitir 636 recetas apócrifas a nombre de 78 jubilados. La investigación determinó, mediante rastreo de direcciones IP, que las prescripciones se generaban desde computadoras ubicadas en la farmacia involucrada. El juez subrogante Aurelio Cuello Murúa interviene en la causa, que incluye imputaciones por defraudación contra la administración pública.
Las auditorías también detectaron volúmenes de prestaciones incompatibles con la capacidad operativa real. En gastroenterología, se registraron 283 prácticas en 95 pacientes en cinco horas, mientras que en cardiología se emitieron 689 órdenes en un día, lo que implicaría jornadas de hasta 108,7 horas si se consideraran tiempos normales de atención. Asimismo, se identificaron turnos superpuestos asignados a un mismo profesional para distintas prácticas simultáneas.
El proceso de auditoría se inició tras la asunción del director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en diciembre de 2023. La nueva gestión encontró un déficit que pasó de 6.000 millones de pesos en marzo de 2024 a 92.000 millones en noviembre del mismo año, además de problemas como la venta de recetas falsas y un hackeo que comprometió datos de más de 5 millones de afiliados. En respuesta, se implementaron reformas estructurales: reducción del 75% de las secretarías, eliminación del 33% de gerencias y centralización de compras, junto con cambios en la provisión de insumos que permitirán ahorrar unos $5.000 millones anuales.
En términos metodológicos, la auditoría combinó análisis de big data sobre el sistema OME, verificación documental de historias clínicas, trazabilidad digital de prescripciones, entrevistas a afiliados y peritajes informáticos. Este enfoque permitió identificar patrones sistemáticos, reconstruir circuitos de fraude y establecer responsabilidades individuales y organizacionales.
Para prevenir nuevas irregularidades, el organismo implementó controles más estrictos: monitoreo permanente de umbrales prestacionales, uso obligatorio de calendario digital, auditorías continuas según capacidad declarada, cruces automatizados de datos, validación de identidad y penalizaciones automáticas ante desvíos. Estas medidas se complementan con sanciones administrativas y denuncias penales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los más de cinco millones de afiliados del sistema, el mayor de América Latina.
Desde el organismo señalaron que el objetivo no es restringir prestaciones sino desarticular mecanismos de fraude. Con causas judiciales en curso, sumarios administrativos y nuevas auditorías en marcha, el PAMI avanza en la investigación de uno de los esquemas de irregularidades más extendidos detectados en su historia reciente.
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