En la provincia de Misiones, la situación del personal policial ha llegado a un punto crítico con la intensificación de las protestas que inicialmente involucraban a los agentes de la policía provincial, pero que ahora han sumado a docentes, personal penitenciario y guardaparques. Estas movilizaciones reflejan una creciente insatisfacción con el manejo arbitrario, discrecional y discriminatorio de muchos aspectos laborales, que han derivado en una grave violencia institucional y una falta de previsibilidad en la carrera profesional y en los ingresos de los policías, imposibilitando así un proyecto de vida digno.
Los manifestantes se expresaron claramente con datos contundentes, tal transcribe Ámbito:
“Mi sueldo ahora, con 31 años de servicio, está en $350 mil, una miseria. Con los gastos de servicios, no te alcanza para vivir”, manifestó un empleado de la salud
“No nos alcanza el sueldo. Todos los docentes tenemos que tener un trabajo extra para poder llegar a fin de mes. Pero esta lucha no es de hace tres días, sino que desde antes de enero. Desde noviembre que no tenemos un aumento significativo, el Gobierno se jactó de que va por el tercer aumento y con eso recién llega a 208 mil pesos, es una vergüenza” explicó una maestra.
“El sueldo de los activos es de $400 mil y un poco más y con esa plata no vivís. Lo que ofrece el Gobierno es demasiado poco porque está debajo de los números de indigencia” explicó un policía.
Causas de la Problemática Policial
El origen de esta problemática radica en el manejo discrecional de las políticas laborales por parte de las autoridades, que genera un entorno laboral inseguro y precario para los policías. Este manejo arbitrario incluye la asignación de sobresueldos de manera discriminatoria y sin ningún control real, lo que genera grandes disparidades salariales y dificulta que el personal de las fuerzas federales, así como los provinciales, puedan incluso cubrir necesidades básicas como el alquiler.
La violencia institucional se manifiesta en sanciones indirectas como traslados forzosos, cambios de lugares de trabajo, y la negación sistemática de ascensos y reclamos laborales. Estas medidas punitivas, utilizadas como represalia por la presentación de quejas o demandas de mejora laboral, revelan una desidia política que afecta gravemente al servicio de seguridad.
Ante las amenazas realizadas por el juez Ricardo Balor de que "serán imputados por los delitos de sedición, agravada por la condición de funcionarios públicos y por estar armados, asociación ilícita, robo de material y destrucción de la propiedad del Estado", el conflicto se agrava cada vez más. A su vez en el conflicto intervinieron el fiscal René Casal y el secretario judicial Sergio Serfaty para depongan la protesta, pero los uniformados entendieron que se trataría de lo mismo de siempre: chamuyo.
Reacción del Ministerio de Seguridad
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, se busca evitar un efecto contagio que podría desatar protestas similares en otras provincias y dentro de las fuerzas federales, como la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional Argentina y el Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, estas fuerzas enfrentan problemáticas similares, donde el personal policial carece de derechos fundamentales y sus reclamos son sistemáticamente descartados por el ministerio tras ser negados por las fuerzas federales.
El actual ministerio de Seguridad, cuyo segundo es Carlos Alberto Manfroni, y el coordinador administrativo Martín Siracusa, no han podido recomponer una escala salarial adecuada, ni dar garantías al personal policial de una estabilidad económica en las fuerzas federales que continuamente se ponen parches de aumentos espasmódicos.
Conflicto de los Sobresueldos y la Negación de Derechos
El conflicto de los sobresueldos es especialmente grave, ya que estos son asignados de forma arbitraria y discrecional entre los jefes de las fuerzas federales, generando una enorme disparidad salarial y afectando directamente la calidad de vida del personal subalterno. Esta situación ha llevado a muchos agentes a vivir en condiciones de extrema precariedad, incapaces de pagar alquileres y otros gastos esenciales.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia niega el derecho constitucional de sindicalización a las fuerzas de seguridad, exacerbando la situación de indefensión del personal policial. Esta negación de derechos fundamentales permite al poder ejecutivo, tanto nacional como provincial, ejercer abusos sin temor a una respuesta organizada por parte de los agentes afectados.
La Desidia Política y la Crisis de Seguridad
La falta de seguridad jurídica y el constante manoseo al personal policial, sumado a las diversas sanciones indirectas, revelan una profunda desidia política en el ámbito de la seguridad. Este desprecio no solo socava la moral y la estabilidad de los agentes de seguridad, sino que también compromete la eficacia del servicio de seguridad pública, afectando gravemente a la sociedad en su conjunto.
La situación en Misiones es un claro ejemplo de la necesidad urgente de una reforma integral en la gestión de las fuerzas de seguridad, que respete los derechos fundamentales de sus integrantes y garantice un trato justo y equitativo. Sin estas reformas, el riesgo de un colapso en la seguridad pública es inminente, con consecuencias imprevisibles para la paz social y el orden público en Argentina.
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