La controversia sobre la aplicación de impuestos a los haberes de retiro de las fuerzas de seguridad ha generado una ola de demandas y un creciente descontento entre los retirados. La situación se agrava debido a la disparidad en las remuneraciones entre quienes han iniciado acciones legales y aquellos que no lo han hecho, poniendo en evidencia la falta de equidad en el tratamiento de los derechos laborales.
En el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, se han presentado numerosas demandas contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Gendarmería Nacional, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA y el Ministerio de Seguridad, actualmente a cargo de Patricia Bullrich. Las denuncias se centran en la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los haberes de retiro, una medida considerada inconstitucional por los demandantes. Estos buscan amparo judicial, argumentando que dicha práctica vulnera derechos constitucionales.
La disparidad salarial entre el personal retirado que ha emprendido acciones legales y aquellos que no lo han hecho es notoria. Esta situación contraviene el principio constitucional de Igual Remuneración por Igual Tarea, el cual el Ministerio de Seguridad está obligado a cumplir. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y evasiva, con una tendencia a dilatar la resolución de estos conflictos.
El Ministerio de Seguridad y los organismos implicados en las demandas no han logrado ofrecer soluciones efectivas, lo que agrava diariamente la situación y genera mayores distorsiones. Esta inacción perpetúa una afectación continuada a los derechos constitucionales de los retirados de las fuerzas de seguridad, quienes ven mermados sus ingresos por una carga impositiva que consideran injusta.
Las fuerzas de seguridad, a través de sus retirados, están alzando su voz en contra de una medida que consideran lesiva para sus derechos adquiridos. Las demandas contra la AFIP, Gendarmería Nacional Argentina, la Caja de Retirados de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad buscan no solo la eliminación del impuesto a las ganancias sobre sus haberes, sino también el establecimiento de una remuneración justa y equitativa para todos los retirados, sin distinción entre quienes han litigado y quienes no.
La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades no solo pone en riesgo la estabilidad económica de los retirados, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de velar por el bienestar de los servidores públicos que han dedicado su vida a la seguridad del país. Es imperativo que el Estado tome medidas urgentes para resolver esta problemática y restablecer la equidad y el respeto a los derechos constitucionales de todos los afectados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario