La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado la reciente decisión de despedir a una psicóloga y una asistente social que formaban parte del equipo de la Línea 137, dedicada a la atención de casos de violencia. Ambas profesionales, a pesar de haber sido contratadas en 2023, se encontraban desempeñando sus funciones, brindando contención a víctimas de situaciones delicadas.
La controversia en torno a estas contrataciones surgió cuando el gobierno anunció una revisión de los ingresos efectuados en 2023, alegando supuestas contrataciones basadas en motivos partidarios. Cabe destacar que la Línea 137 opera bajo el ala del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Cúneo Libarona.
La Asociación de Trabajadores del Estado expresó su preocupación por la aparente falta de criterio en los despidos, considerándolos "masivos y arbitrarios". Según los representantes de la ATE, mientras es necesario realizar controles sobre el trabajo y las contrataciones en el sector público, desvincular de manera indiscriminada a profesionales que desempeñan un papel crucial en la contención de casos de violencia no contribuye a fomentar la seguridad jurídica ni a garantizar el bienestar de la sociedad.
Es importanta marcar la importancia de preservar la estabilidad laboral de los profesionales dedicados a la atención de casos sensibles, así como la necesidad de asegurar que las decisiones gubernamentales se basen en criterios objetivos y transparentes.
Ante esta situación, se espera que el Ministerio de Justicia brinde una respuesta oficial y aclare los motivos detrás de estos despidos, buscando así restablecer la confianza en las políticas de contratación y preservar la eficacia de los servicios destinados a la atención de situaciones de violencia.
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