Crisis salarial y sanitaria en las Fuerzas Armadas y de Seguridad: docentes denuncian sueldos de pobreza y deterioro del sistema

Docentes civiles que integran el sistema educativo de las Fuerzas Armadas denunciaron una profunda crisis salarial que, según sostienen, ya impacta de manera directa en la calidad educativa, en la permanencia de profesionales y en el funcionamiento de instituciones estratégicas dependientes del Estado nacional. La situación, que afecta a más de 4 mil docentes en todo el país, se produce en el ámbito del Ministerio de Defensa y se suma al creciente malestar que atraviesan tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas de seguridad federales por el deterioro de los salarios y de las prestaciones sanitarias.

La denuncia fue impulsada por docentes del Instituto Dámaso Centeno, el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, la Facultad de Ingeniería del Ejército y la Escuela Superior de Guerra, quienes decidieron mantener el anonimato para evitar represalias internas. Según explicaron, los salarios actuales se encuentran muy por debajo de los percibidos por trabajadores con funciones equivalentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los datos difundidos por los docentes, un preceptor de Nivel Superior percibe alrededor de 400 mil pesos de bolsillo, un preceptor de Nivel Medio ronda los 550 mil pesos y una maestra de grado apenas alcanza los 570 mil pesos mensuales. En el caso de las últimas dos categorías, esos montos incluyen un bono remunerativo no bonificable de 150 mil pesos otorgado en septiembre de 2025. La hora cátedra se ubica en torno a los 28 mil pesos y en Nivel Superior apenas alcanza los 26 mil pesos.

Los docentes señalaron que el bono implementado por el Ministerio de Defensa agravó aún más las desigualdades internas del sistema, ya que sólo se abona hasta un cargo o hasta 24 horas cátedra. De esta manera, quienes poseen mayor carga horaria, más antigüedad o mayores responsabilidades quedan proporcionalmente más perjudicados. Además, el adicional excluye directamente a docentes de Nivel Superior y universitario. Según estimaciones de los propios trabajadores, más del 60% del personal docente quedó afuera de ese beneficio.

La diferencia salarial con otras jurisdicciones es uno de los puntos centrales del reclamo. Mientras una maestra de grado del sistema educativo de las Fuerzas Armadas percibe alrededor de 570 mil pesos, cargos equivalentes en CABA y Provincia de Buenos Aires rondan o superan actualmente los 1,1 millones de pesos mensuales. En la Ciudad de Buenos Aires, la hora cátedra puede oscilar entre 46.770 y 69.930 pesos según antigüedad y categoría, mientras que en Provincia de Buenos Aires los módulos de Nivel Medio y Superior presentan valores significativamente superiores a los abonados en el ámbito militar.

Los docentes remarcaron además que parte del personal ni siquiera alcanza el salario mínimo docente consensuado por el Consejo Federal de Educación, que fijó un piso nacional de 650 mil pesos para abril de 2026 y de 700 mil pesos para mayo de 2026. Según denuncian, esto evidencia un atraso salarial estructural dentro de un sistema que depende directamente del Gobierno nacional.

La situación comenzó a visibilizarse públicamente durante 2025 mediante protestas y acciones de la comunidad educativa, entre ellas el “abrazo” simbólico realizado en el Instituto Dámaso Centeno, en el barrio porteño de Caballito. Sin embargo, los trabajadores sostienen que el deterioro se profundizó desde fines de 2024 y que actualmente la crisis alcanzó niveles críticos, con renuncias permanentes, dificultades para cubrir cargos, migración de profesionales hacia sistemas provinciales y pérdida sostenida de personal capacitado en áreas consideradas estratégicas.

El conflicto no se limita únicamente al ámbito educativo. Distintos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad federales vienen denunciando una caída sostenida del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de inflación acumulada, aumentos parciales y deterioro de las condiciones laborales. En ese marco, crecen también los cuestionamientos hacia las políticas salariales implementadas por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y por las autoridades de las áreas de Defensa y Seguridad.

Las críticas apuntan particularmente a la responsabilidad política del Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Pestri, y del Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Alejandra Monteoliva, por la falta de recomposición salarial acorde al incremento del costo de vida. Sectores internos sostienen que la política de ingresos vigente está generando una crisis que ya no es solamente salarial, sino también sanitaria, debido a que una parte significativa de los haberes se destina obligatoriamente a las obras sociales específicas de las fuerzas, cuyos afiliados denuncian crecientes problemas de cobertura, prestaciones y acceso a servicios médicos.

Especialistas en administración pública y defensa señalan que los bajos salarios dentro de las estructuras militares y de seguridad generan además dificultades para sostener personal especializado, afectan los procesos de formación profesional y producen un deterioro institucional que puede impactar en capacidades operativas esenciales del Estado. En el caso de los institutos educativos militares, los docentes advierten que la continuidad de esta situación compromete directamente la calidad académica y la posibilidad de sostener planteles profesionales estables en todo el país.