En medio de una evidente tensión por la gestión de recursos públicos y los mecanismos de contratación en el Estado Nacional, se ha detectado un posible riesgo de mal uso de fondos públicos en un procedimiento de contratación directa para la adquisición de servicios vinculados a pasajes y asistencia de viaje, cuya configuración y criterios de evaluación presentan debilidades que podrían favorecer discrecionalidades y decisiones sin suficientes mecanismos de control objetivo.
Se trata del denominado "Contratación del Servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales y terreste y asistencia al viajero".
El pliego ( PLIEG-2025-134670673-APN-DGA#MSG , proceso de compra 347-0027-LPU25 con número de GDE "EX-2025-133993679--APN-DCYC#MSG" ) cumple formalmente con la normativa, pero presenta debilidades estructurales relevantes desde la perspectiva de prevención de corrupción y eficiencia del gasto. El principal riesgo no es ilegalidad directa, sino exceso de discrecionalidad operativa, controles ex post débiles y falta de métricas objetivas de ahorro público. En contextos de alto volumen presupuestario, estos diseños son especialmente sensibles a desvíos, favoritismos y captura administrativa, aun sin violaciones explícitas de la ley.
Los puntos claves:
- el pliego no incorpora mecanismos de control preventivo del gasto, solo controles ex post vía facturación. Esto es un patrón clásico de riesgo de corrupción por fragmentación del control.
- se incentiva una optimización aparente (comisión) pero no una optimización real del gasto público, abriendo la puerta a colusión indirecta proveedor–usuario.
- el proveedor controla la herramienta crítica del gasto, lo cual concentra poder operativo y dificulta auditorías forenses posteriores.
- riesgo de servicios de seguro facturados sin viaje real, o coberturas innecesarias.
La ausencia de métricas claras para garantizar el mejor uso del presupuesto y el control preventivo del gasto suscita cuestionamientos respecto a la transparencia y eficiencia del gasto estatal.
Este proceso de contratación está bajo la responsabilidad de altos funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, entre los que se encuentran Alejandra Susana Monteoliva – Ministra de Seguridad Nacional; Martín Siracusa
– Secretario de Coordinación Administrativa;Gustavo Luis Gavassa
– Subsecretario de Gestión Administrativa; Silvia Miriam Elisabeth Turetzky – Directora General de Administración; Ayelén Mussi Mayán – Directora de Compras y Contrataciones. La responsabilidad de garantizar procesos de contratación ajustados a criterios de ahorro eficiente de recursos, transparencia administrativa y control interno recae directamente en estas autoridades, de acuerdo con las normas vigentes en materia de contratación pública.
A esa preocupación por la gestión de recursos se suma un contexto de crisis estructural en las fuerzas federales de seguridad y de armas, donde las renuncias y bajas voluntarias de personal de las fuerzas federales alcanzan niveles históricamente elevados, impulsadas en gran medida por la incapacidad de los salarios para cubrir la canasta básica familiar y la crisis de la obra social que asiste al personal en actividad y retirado. En lo que va de 2025, más de 2.273 efectivos de las fuerzas federales de seguridad y armadas han pedido la baja, incluyendo a policías, gendarmes, prefectos y personal penitenciario, una situación atribuida a la insuficiencia salarial y deficiencias en la cobertura de salud, que se agravan en los escalafones más bajos del escalafón.
Este fenómeno de deserción, que no es exclusivo de las fuerzas de seguridad y policiales dependientes del Ministerio de Seguridad, pone en tensión las capacidades operativas del Estado para garantizar seguridad interior y cumplimiento de funciones básicas, especialmente en un contexto de inflación persistente y costos de vida crecientes.
Organizaciones especializadas en análisis de políticas públicas señalan que tal situación demanda acciones urgentes de recomposición salarial, mejora de las condiciones de trabajo y fortalecimiento de los mecanismos de control del gasto público, con el fin de evitar la pérdida de recursos humanos capacitados y asegurar que los fondos públicos se destinen de manera eficiente y transparente. Este llamado se produce en un marco donde los funcionarios responsables de las contrataciones enfrentan un escrutinio creciente tanto por la configuración de los procesos de compras estatales como por la preservación de la integridad de las fuerzas de seguridad ante la fuga de personal esencial.
Las fuentes consultadas señalan que, mientras las demandas por mejores condiciones laborales se intensifican dentro de las fuerzas, la conducción política y administrativa del Ministerio de Seguridad Nacional enfrenta el doble desafío de garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos y de revertir la tendencia de bajas masivas en el personal que integra los aparatos de seguridad del Estado.
